Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, parece no alcanzarle con el famoso call center montado en la calle Rivadavia al 2500 ni con la obsesión marca Cambiemos con la Big Data y los datos personales. Entre febrero del año pasado y abril de este año, en la previa de la campaña para su reelección, gastó al menos 60 millones de pesos en casi un centenar de encuestas tercerizadas en consultoras mayormente ligadas al Pro, a través de las cuales buscó conocer las preferencias y opiniones de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires sobre distintos temas ligados a su gestión y a la realidad política y económica del país.
Las encuestas tercerizadas por los distintos ministerios y secretarías que componen el Ejecutivo porteño buscaron conocer la opinión de los vecinos y vecinas de la Ciudad sobre cómo viajan en el transporte público, cómo perciben su situación económica, si se sienten cuidados por la Policía de la Ciudad, si son capaces de apreciar la obra pública, la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud o el nuevo ordenamiento del tránsito, y hasta cómo navegan por las distintas webs oficiales del Gobierno.
Las consultoras encargadas de encuestar a les habitantes de la metrópolis porteña fueron, entre otras, Poliarquía, fundada por el actual secretario de Gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia, Fabián Peredchonick, y en la que también supo trabajar el intendente de Morón y ex marido de la gobernadora, Ramiro Tagliaferro; Isonomía, la autora de la encuesta que sacudió los mercados en abril pasado mostrando una fuerte desventaja de Macri y que -según reveló el diario El Cronista- realizó mediciones para el Gobierno nacional por mas de 22 millones de pesos en 2018; Aresco (a través de Julio Francisco Antonio S.A.), de histórico vínculo con el peronismo pero que en el último tiempo midió para Cambiemos, y otras dos empresas ligadas al gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba, Consultora Borocca SA y Green Consult SA (ver nota aparte).
Esto implicó un gasto, hasta abril, de 59,7 millones de pesos, número que se desprende de un pedido de acceso a la información pública solicitado por el abogado Jonathan Baldiviezo, director del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que fue sistematizado por El Grito del Sur.
Según Baldiviezo, la tercerización de las mediciones “no tiene ninguna complejidad técnica” que las justifique. “Es un trabajo que, por ejemplo, podría realizarse a través de la Dirección de Estadísticas y Censos si el objetivo del Gobierno no fuera transferir discrecionalmente plata del Estado a empresas y consultoras amigas, lo cual es una constante de estos doce años de gestión Pro en la Ciudad”, sostuvo el director del Observatorio.
“Otra cuestión –agregó– es el objeto de las encuestas. Se disfrazan como de gestión cuando en realidad son publicidad del partido que gobierna y son realizadas con fines electorales más que para mejorar la eficiencia estatal”.
La mayoría de las contrataciones se dieron dentro del convenio marco de inicios de 2018 suscrito por la directora general de Opinión Pública, María Victoria Berenguer. En la resolución 144/18 del Ministerio de Hacienda porteño, se establecen las bases y los montos que percibirá cada empresa dentro del convenio para la «realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Los números son de escándalo: entre Aurelio, Poliarquía, Isonomía y las firmas vinculadas a Durán Barba suman mas de 219 millones de pesos. También aparece entre las firmas conveniadas Management&FIT, pero según informa el propio Gobierno porteño hasta abril de este año apenas había terminado de realizar unas pocas encuestas por un millón y medio. Además, figuran otras consultoras conveniadas como QUIDDITY S.A y DEMOS CONSULTING S.R.L, que según el propio Ejecutivo no realizaron al mes de abril ninguna encuesta pese a que se le adjudicaron también montos millonarios. El total, pactado en esa resolución, supera los 247 millones. Por lo que cabe preguntarse cómo Rodríguez Larreta terminará de ejecutar la diferencia con lo gastado hasta abril.
El vínculo de la administración de Rodríguez Larreta con las encuestadoras -que recibieron un cuestionamiento generalizado por haber difundido números muy lejos de la realidad y favorables a Cambiemos previo a las PASO- se enturbia aún más en el caso de Aresco. En febrero de este año, la firma JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S. A. ganó por licitación pública la tarea de “Servicios de Difusión en distintas modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por más de 10 millones de pesos.
QUE PREGUNTARON
Que la inseguridad está al tope de las preocupaciones de la ciudadanía, superada en esta coyuntura de crisis por la economía, no es ninguna novedad. Existen cientos de publicaciones realizadas por diversas consultoras que así lo señalan, desde hace años. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad porteño, por caso, gastó mas de 17 millones de pesos según el informe citado en averiguar distintas aristas relacionadas con la problemática en poco más de un año. Por ejemplo, encargó una encuesta por más de 3 millones para averiguar qué “percepción del delito” tienen los porteños. Los resultados del estudio no fueron revelados en el marco del acceso a la información pública bajo el argumento de que su “divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública” (SIC).
En general, salvo excepciones, casi ningún ministerio divulgó los resultados de las encuestas que mandó a hacer. Muchas figuran bajo el ambiguo “contexto sociológico de la Ciudad de Buenos Aires” o «informe institucional», sin mayores precisiones, asociados muchas veces a montos fijos. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que encabeza el jefe de campaña de Cambiemos en la Ciudad, Eduardo Machiavelli, se negó incluso a contestar cuánto gastó en cada una y a qué empresa contrató.
Entre otras cosas, Machiavelli mandó a preguntar la “evaluación del gobierno en el cuidado y mantenimiento del estado de las veredas” y por distintas obras en parques de la Ciudad, focalizados en comunas específicas. Una encuesta es particularmente llamativa: se titula “Estado de los parques y el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires”, pero contiene apenas tres preguntas, la primera de ellas: “¿Cuál cree que es el principal problema de la Ciudad de Buenos Aires?».
Entre la jefatura y la vicejefatura de Gabinete se gastaron otros 10 millones de pesos, en muchos casos para encuestas propagandísticas. Una de ellas, de 1596 entrevistas telefónicas a cargo de Aurelio, dice el propio Gobierno, “arrojó que el balance de la experiencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud fue altamente favorable, que se registraron altos índices de satisfacción, con un resumen general de un puntaje de 4.5 en una escala del 1 al 5 (5 siendo el más favorable)”.
Casos de proselitismo similar se vieron en encuestas realizadas por el Ministerio de Transporte, sobre la calidad de los viajes en subtes y colectivos, y hasta de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que mandó a averiguar la “navegabilidad” de las webs del Gobierno porteño dedicadas a recordar las olimpíadas juveniles. El Ministerio de Economía, por su parte, encargó seis encuestas entre octubre de 2018 y abril de 2019 sobre la situación económica de los vecinos porteños: en ese caso sí, lo relevado dio cuenta de la realidad que definieron las últimas elecciones a nivel nacional.
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