Día Internacional de la No Violencia

25N: la lucha es también contra la violencia política

El miércoles pasado se dio media sanción en Diputados a una ley que propone incluir a la violencia política entre los tipos de violencia de género tomados por la Ley de Protección Integral a las Mujeres. En la misma semana, una denuncia contra Alperovich volvió a poner sobre la mesa la discusión de la violencia silenciada en el ámbito político.

Física, psicológica, sexual, económica y simbólica: esos son hasta ahora los tipos de violencia enumerados en el artículo 5 de la Ley 26.485. Pero gracias a la media sanción en Diputados otorgada para la inclusión de la “violencia política” como un sexto tipo, es posible que pronto el artículo sea ampliado y contemple una problemática compleja que ocupa estos días un lugar creciente en la agenda feminista. En el inciso propuesto por la ley, la violencia política quedaría caracterizada de la siguiente manera: “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.

De acuerdo con un informe publicado el año pasado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), ocho de cada diez mujeres en en el ámbito sufren de violencia política en Argentina. Como explica Ximena Cardoso Ramírez, del área política del Equipo, “en Argentina la violencia física o sexual dentro del ámbito de la política no son usuales, sino que lo que sucede es la violencia psicológica y simbólica, la cual muchas veces es difícil de reconocer para las mismas mujeres que la sufren”. El informe, que tomó una muestra de 45 casos de 11 provincias, arroja que el 50% de las mujeres políticas entrevistadas sufrieron violencia psicológica, el 28% simbólica, el 22% económica, el 9% física y el 7% sexual.

“Uno de los factores que más obstruyen a las mujeres son la desestimación y el menosprecio a sus capacidades, es lo que ellas más reconocían: cuando no se toma en cuenta lo que tienen para decir, se las interrumpe en una exposición o se les corta el micrófono en una sesión parlamentaria, no se las invita a reuniones importantes donde se toman decisiones”, explica Cardoso Ramírez. Además del acceso a las ‘mesas chicas’ dentro de los espacios políticos, las mujeres tienen la limitación de que muchas veces el obstáculo es por motivos de cumplimiento de tareas de cuidado. “Según nuestra investigación el factor que mayor disuade a las mujeres son las responsabilidades familiares y la falta de apoyo de los hombres”, agrega.

El viernes pasado se dio a conocer una denuncia por parte de la sobrina de José Jorge Alperovich, a quien la denunciante refiere como “mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019”. Las violencias que ella volcó en la carta pública y en las denuncias que radicó en Buenos Aires y en Tucumán demuestran la superposición de los actos violentos: no se trata sólo de si conllevan una dimensión física o si hay lesiones o si peligra la vida de la persona, sino que se intersectan con condiciones contextuales donde queda en evidencia que hay una naturalización de prácticas que habilitan el abuso de poder por parte del varón violento. En este caso, quien fuera dos veces gobernador de Tucumán y por ahora senador nacional aprovechó una situación de sometimiento para cometer delitos en un contexto de presunta relación laboral, garantizándose mediante dispositivos de amenaza el silenciamiento de la víctima y llevando a los abusos incluso a una dimensión semi-pública; recayendo en su poder político y como varón.

Fotos: Catalina Distefano

Esto dimensiona otro grado de la importancia del reconocimiento de la violencia política: lo que no se nombra no existe, lo que no existe no se puede prevenir. Desde la caracterización ridiculizante atada a estereotipos de género como era el ‘yegua’ contra Cristina, o la burla por la edad de Ofelia, o el encasillamiento en aspecto físico o discapacidades que afecta a las mujeres del PRO; la violencia ejercida contra las mujeres se asienta en concatenamientos que en cada ámbito garantizan su reproducción: en el ámbito de la política es ésta y son muchas más, atenderlas es importante para demarcarlas y combatirlas.

Dicha situación no afecta solamente a las mujeres que ya accedieron a un cargo político. Como ilustra Ximena, “también sucede en los ámbitos de militancia, lo cual impide que las mujeres lleguemos a tener una carrera política y abandonemos antes de tener alguna trayectoria o cargo dentro del partido, cuando muchas veces dentro de la militancia somos las mujeres las que más relación con el territorio tenemos o las que más nos movemos; sin embargo, los puestos importantes o la toma de la palabra la siguen teniendo los varones”. Los casos de ‘escraches’ dentro de las organizaciones políticas (que afectaron a todos los partidos), demuestran la resistencia de los varones en aquellos ámbitos a permitir la participación de las mujeres y disidencias como pares. Esto termina siendo justificado con un argumento vencido en la Edad Media que atribuye a las mujeres una sensibilidad incapacitante, histeria, demasiada pasión y poca razón: el varón queda así como el más competente para la política y desde la modernidad se erige como el sujeto productor y detentor de los derechos; desplazando a las mujeres del ámbito de la toma de decisiones y participación política en general.

El futuro, sin embargo, es un poco más claro: con la media sanción el Congreso reconoce la existencia de esta violencia y toma un paso en el sentido de la lucha contra ella. Queda mucho por hacer. “Lo ideal sería que el Estado efectúe sanciones para penalizar aquellas acciones que se consideran violencia política, de manera que no quede solamente en un eslogan”, agrega Ximena. Pero además, reconocer las condiciones estructurales de la exclusión habitual de las mujeres del acceso a ciertos espacios: “Las políticas de cuidado deben ser efectivas también para que mujeres y varones puedan redistribuir el tiempo de las tareas domésticas de manera que no recaiga solamente en las mujeres: así podemos ejercer nuestra autonomía en el ámbito público político».

«Al fin y al cabo, que las mujeres podamos incorporarnos en un ámbito político libre de violencia no hace más que enriquecer la democracia y eso nos beneficia a todxs”, cierra Cardoso Rodríguez.