Bolivia en números

Entre los años 2006 y 2019, el gobierno de Evo Morales Ayma consiguió la estabilidad del tipo de cambio e inflación, dio un aumento real de los salarios y se redujeron las tasas de mortalidad infantil y materna, entre otros progresos. La economía boliviana en números.

Fotos: Catalina Distefano

«El problema del indio es el problema de la tierra”, formulaba Mariátegui hace ya algunos años y desnudaba una nueva relación de la propiedad feudal en el Perú. Una similitud puede pensarse para la Bolivia actual: cinco siglos de colonización territorial y corporal, económica, social y cultural derivaron en que para el 2006, el 66% del total de la tierra productiva estaba en manos del 1% del total de dueños de la tierra. Para ese mismo año, Bolivia ocupaba un lugar en las estadísticas mundiales por ser el país cuya tasa de mortalidad infantil y materna era de las más altas de la región y del mundo; cuya esperanza de vida al nacer era apenas de 64 años, donde la pobreza “moderada” rozaba el 60% del total de habitantes del país, la pobreza extrema era del 37% y la deserción escolar era del 11%. A su vez, apenas el 65% de la población contaba con acceso a la electricidad, menos del 5% de las personas tenían acceso al gas de red y el índice de Gini (medida que analiza la diferencia entre ingresos, es decir el 100 implica que una sola persona recibe todos los ingresos y 0 reconoce una perfecta distribución de los mismos) era de casi el 60%.

Trece años y un mandato popular e indígena después, la economía boliviana marca la delantera de la región. Evo Morales Ayma es el primer presidente cocalero, dirigente sindical e indígena (en toda Latinoamérica) de un país donde más del 60% de la población se identifica como indígena, mestiza o descendiente de indígenas, según datos del Instituto Nacional de las Estadísticas de Bolivia. Su gobierno, del 2006 al 2019 reconoce un período de crecimiento económico sin precedentes donde reinó la estabilidad de la paridad del tipo de cambio e inflación (menos del 2% anual), donde se dio un aumento real de los salarios, se redujeron las tasas de mortalidad infantil y materna hasta un 50% (según la OMS, 2018), aumentaron las tasas de alfabetización (según datos del Banco Mundial, hoy casi el 93% de la población adulta boliviana se encuentra alfabetizada, llegando a ser uno de los países de América con menos iletrados), más del 50% de las personas cuentan con red de gas y se brindó acceso a la electricidad a casi toda la población.

Las políticas sociales de educación y salud han sido uno de los puntos fuertes del gobierno de Evo Morales. Éstas han sido aplaudidas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o UNICEF: por ejemplo, la creación de 1061 centros de salud, el presupuesto destinado a sanidad aumentó un 175% y se crearon 1206 establecimientos educativos, los programas de trasferencia directa a familias para incentivar la asistencia escolar (Programa Juancito Pinto), incentivos médicos para mujeres embarazadas a fin de reducir la mortalidad materna e infantil (Fondos Juana Azurduy) y subsidios para los adultos mayores de 60 años (Renta Dignidad).

En términos sociales, políticos y culturales, el Estado de Bolivia -hoy reconocido y nombrado como Estado Plurinacional de Bolivia- aprobó una nueva Constitución mucho más progresista e inclusiva e incorporó más de 33 lenguas nativas como idiomas oficiales. La parte simbólica y material de integración indígena durante el gobierno de Evo Morales es, en términos feministas, nombrar para resistir y existir (“lo que no se nombra no existe”), es reconocer un país y una sociedad mayoritariamente no blanca, es desplazar ideas neocolonialistas de dominación.

La receta económica que se cocinó durante estos años consiste en un Estado como el primer agente económico y el garante en la distribución de los excedentes y del ingreso, logrando incentivar la demanda interna: crecimiento del consumo de hogares por transferencias directas o por aumento de los salarios (4,7% de crecimiento anual promedio real entre 2006 y 2018), creación y formación bruta de capital fijo (9,2%), desdolarización de la economía, aumento en el gasto público (5,3% total del PIB) sustentado, en gran medida, por la estatización de hidrocarburos, según datos del Banco Mundial.

La soberanía económica que se gestó durante el mandato de Evo Morales se funda, principalmente, en estos dos pilares: hidrocarburos y rebolivianización de la economía. Sobre la estatización de los hidrocarburos, es importante señalar algunas cuestiones: la estatización y el aumento de la inversión pública en un 175% (2006-2014, de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social publicado en 2015) en el área de los hidrocarburos, generaron un aumento de empleos del 84% en dicha área. La segunda cuestión está más relacionada con la estabilidad macroeconómica: la estatización de los hidrocarburos y el aumento del 700% del ingreso de los mismos, durante los primeros ocho años de gestión, le permitieron al Gobierno un colchón para garantizar la estabilidad económica y desendeudarse externamente (en el 2005, Bolivia era el segundo país más endeudado de la región y hoy es el séptimo con menos deuda externa).

Es cierto que durante los primeros años de gestión, el contexto regional y global colaboraron favorablemente con el crecimiento económico pero, incluso en presencia de economías hermanas en deterioro, Bolivia mantuvo un promedio de crecimiento anual del PBI per cápita del 3,2% a comparación de un promedio per cápita de las economías de América Latina y del Caribe de 1,6%. El tercer comentario, según datos del Banco Central de Bolivia, es que el 75% del total de lo que se exporta son hidrocarburos, por lo cual el control estatal de los mismos permite mayor decisión y acción estatal sobre sus propios recursos. Por último, es importante mencionar la “re-bolivianización del sistema financiero”: en efecto, los depósitos en dólares cayeron del 34% en 2008 al 1% en 2019, lo cual reduce considerablemente la especulación y alteración de los márgenes económicos. A su vez, las políticas de inclusión financiera derivaron en casi 10 millones de nuevas cuentas en el sistema financiero (de 1.9 millones a 11 millones).

En relación al empleo informal o precario, Bolivia tiene un elevado porcentual de empleos vulnerables (57%) sobre el total de empleos (100%), según datos de la OIT modelados por el Banco Mundial. Es importante entender que la precarización laboral se manifiesta con mucha más frecuencia en áreas rurales: para el 2006, los trabajos formales en Bolivia de áreas rurales eran del 9,4%, mientras que en las áreas urbanas ese número era del casi 40%. Durante los años del gobierno de Evo Morales, se han multiplicado por cinco la cantidad de empresas formales (de 64 mil en 2005 a 316 mil en 2018); impulsando la democratización de los servicios como electricidad, gas y agua, los usuarios y el empleo en dicha área se ha aumentado más del 20%; como se dijo anteriormente, el trabajo en el área de hidrocarburos aumentó un 84% y la participación en el mercado laboral agrario se redujo, en relación a la participación total del empleo, aproximadamente un 15%.

Desde la mirada salarial, según datos del Ministerio de Economía de Bolivia, el salario mínimo vigente en el 2006 era de 500 pesos bolivianos mensuales (62 dólares mensuales) a diferencia del 2019, cuyo monto es de 2122 pesos bolivianos (307 dólares). Si se desea, y se debe, comparar con otras economías es interesante mencionar que antes de la llegada del MAS el salario mínimo en Bolivia era de los más bajos de la región y hoy supera los salarios relativos de Argentina, Chile y Perú. En definitiva, el aumento del empleo más formal y menos precarizado, el crecimiento del salario real y las transferencias realizadas por el Gobierno ayudaron a bajar las tasas de pobreza del país andino.

No fueron ni son milagros, son políticas públicas de un Estado con vocación popular, modelizado socioeconómicamente en la filosofía de la dignificación del trabajo rural y de la cultura indígena, del valor sobre nuestras tierras y nuestras semillas. Fueron años gloriosos para el pueblo boliviano, para las hermanas en cholas en pollera, para los compañeros mineros. Pensar el golpe de Estado implica entender el cambio de modelo de acumulación de estos trece años en la Bolivia reciente, discutir sobre los recursos naturales bolivianos (Bolivia cuenta con la reserva de litio y el salar más grande del mundo), interpretar los intereses que se pusieron y ponen en juego, responder trabajo para quiénes y desarrollo para qué, trabajar sobre la democratización en el acceso a servicios y derechos, reivindicar una Latinoamérica justa, libre y soberana.

 

Para más información: https://datos.bancomundial.org/; http://cepr.net/ (la transformación económica de Bolivia: Políticas macroeconómicas, cambios institucionales y resultados por Andrés Arauz, Mark Weisbrot, Andrew Bunker y Jake Johnston); Instituto Nacional de Estadística (INE): Resumen estadístico 1/2019; Fundación Milenio: Informe de Milenio sobre la economía 2019, Fundación Milenio / Fundación Pazos Kanki, La Paz, 2019; luciasanchezbarbieri@gmail.com

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Lucía Sánchez Barbieri

Escribo sobre economía pero no me preguntes por el dólar. Latinoamericana, lesbiana y militante. Tomando mates y viajando.