Otra vez el drama de los hotelados

Denuncian que es cada vez más difícil acceder al subsidio habitacional

El subsidio habitacional porteño ya lleva una década como única política destinada a la contención de las familias en riesgo de quedar en la calle. Cada vez hay más restricciones para acceder al programa y aumentaron los litigios legales; lo único que no aumenta es el monto, que no llega a cubrir el valor de una pieza en Constitución.

Cada vez es más difícil acceder al subsidio habitacional del Gobierno porteño, y cada vez alcanza para menos. Pasaron las gestiones de María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y la saliente Guadalupe Tagliaferri, quien el 10 de diciembre abandona el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para ocupar una de las bancas de Cambiemos en el Senado, pero la problemática de los “hotelados” -como se denomina al conjunto de familias que necesitan del Estado para alquilar una pieza en Constitución, Once o Flores- permanece en el mismo callejón sin salida. La Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó ayer un recurso de amparo que busca extender de forma indefinida el plazo de cobro del subsidio (dura sólo 18 meses) y actualizar el monto (hoy es de 8 mil pesos) hasta tanto el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta diseñe una política integral de vivienda para los que menos tienen, una deuda que se arrastra a lo largo de los tres mandatos del Pro.

La medida presentada por la ACIJ tiene origen en el abrumador crecimiento de los juicios que personas en situación de calle o en riesgo de estarlo se ven obligadas a iniciarle al Ejecutivo para poder extender el plazo del beneficio e incluso para poder acceder a cobrarlo en primera instancia. Sólo este año, según fuentes judiciales, se acumularon en los tribunales administrativos porteños poco más de 1100 expedientes. “La acumulación de causas es el síntoma más claro de cómo se ha vuelto rutinario que muchas familias apelan a la vía judicial para alquilar y no quedar en la calle y, en consecuencia, prueba que el subsidio es una política a todas luces insufiente”, describe en diálogo con El Grito del Sur Sofía Veliz, abogada del área del Derecho a la Ciudad de ACIJ.

El principal problema que arrastra el programa desde su creación hace ya diez años es el mismo: tiene un plazo determinado de duración, que hoy es de 12 meses con posibilidad de renovarlo por otros seis. La posible lógica de la acotada extensión del beneficio es que en ese plazo la familia debería haber podido resolver su situación habitacional. Pero pasa todo lo contrario: de ahí que aumenten los litigios para seguir cobrándolo, porque para casi todas ellas se trata de un recurso de subsistencia.

El monto máximo que pagó en noviembre de este año el Gobierno porteño a una familia de 4 integrantes fue de 8 mil pesos, excluyendo los amparos. El problema es que difícilmente una pieza de hotel, con baño y cocina compartidos, baje de los 12 mil. El asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno le presentó a Tagliaferri un informe basado en un relevamiento realizado por trabajadores sociales en la sede del ministerio donde se tramita el subsidio, en Pavón y Entre Ríos, que entre otras cosas concluye que un 23 por ciento de los encuestados paga alquileres muy por encima de esa suma.

La muestra es pequeña -184 casos- pero sirve para tener una idea de lo que viven las familias beneficiarias: el 71 por ciento dijo estar desocupada, un 4 por ciento dijo estar viviendo directamente en la calle y, quizás el dato más elocuente, un 67 por ciento denunció vivir hacinado, en una sola pieza para toda su familia.

“El hacinamiento es un problema histórico que arrastra varias administraciones, pero que este Gobierno no parece interesado en resolver, porque pasan los años y siguen sin cumplirse las condiciones mínimas de habitabilidad, a lo que se suma el gran negociado que implica para los dueños, que pese a que tienen los hoteles en pésimas condiciones, tienen una clientela cautiva”, explica Moreno en diálogo con El Grito del Sur. Su juzgado relevó el año pasado 87 hoteles de la Ciudad, y se encontró con que al menos 39 seguían alojando familias a pesar de que pesaba sobre ellos una clausura administrativa del propio Gobierno por no cumplir las condiciones mínimas de salubridad.

Otro de los datos que aporta el informe ayuda a entender la magnitud de la problemática: el 51 por ciento contestó que el subsidio no lo ayudó a “resolver su situación habitacional”.

Para colmo, la última disposición de Tagliaferri en la materia fue restringir el acceso al beneficio. “Desde este año, cualquier persona que quiera acceder al subsidio debe tener un informe social que diga explícitamente que está efectivamente en la calle, cuando antes con decir que se estaba en riesgo y con un presupuesto de un hotel, alcanzaba”, explica un trabajador del ministerio que conoce a fondo la política en materia de emergencia habitacional.

La razón detrás de la restricción está relacionada con el aumento de beneficiarios del programa, lo cual es una mala noticia: como hay cada vez más gente en la calle, tal como lo vienen advirtiendo las organizaciones sociales que realizaron en 2017 y este año el Censo Popular, hay más demanda del subsidio. Según pudo averiguar este medio, los titulares del beneficio pasaron de poco más de 7 mil en 2018 y más de 10 mil en noviembre de este año. Había que poner un coto.

Ese incremento en los titulares esconde para las organizaciones sociales un aumento considerable en el grupo poblacional que está “en riesgo” de quedar en calle, y calculan que ese número ya supera ampliamente a las 30 mil personas. Moreno advierte que la situación podría empeorar en el corto plazo, porque están por activarse en los juzgados civiles numerosos desalojos que estuvieron frenados por las elecciones.

El último aumento, que llevó el subsidio a 8 mil pesos, llegó en marzo de este año. Nunca más hubo una actualización, pese a los reclamos de las organizaciones y las distintas situaciones que cada tanto llegan a la agenda pública, como los chicos que mueren en incendios por las condiciones de hacinamiento en las que vivían. Un argumento común del Gobierno es que cuando sube el subsidio, también sube el valor del hotel. Pese a que tiene ya una década de vigencia, el programa no logró solucionar ninguno de los problemas para los que fue diseñado. Moreno es tajante: “Los únicos que se benefician con esto son los dueños de los hoteles”.