Con el objetivo de frenar el golpe en marcha, el presidente boliviano Evo Morales convocó esta mañana a nuevas elecciones que incluirán la renovación total de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, en línea con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo que encabezo la auditoría que encontró «varias irregularidades» en el proceso del domingo 20 de octubre.
Con la medida, se espera que baje la tensión en la nación andina, que quedó al borde de una guerra civil provocada por sectores golpistas con la complicidad de los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB). La auditoría de la OEA había sido criticada por varios sectores, merced del abultado prontuario de esta organización en operaciones contra gobiernos no alineados con los intereses de Estados Unidos.
La jornada del sábado comenzó caliente: comandos de avanzada de los grupos desestabilizadores asaltaron decenas de medios de comunicación estatales y comunitarios, como es el caso de la estatal Bolivia TV y Abya Ayala TV. Además avanzaban en la cacería de dirigentes y en el incendio de instituciones y casas: la residencia de los gobernadores de Oruro y Chuquisaca fueron consumidas por las llamas y también el hogar de la hermana del Presidente.
El plan destituyente se había acelerado bajo la dirección de Luis Fernando Camacho. Hijo de la élite cruceña y desconocido hasta el inicio del conflicto (al igual que su par venezolano, Juan Guaido), Camacho maneja prolijamente el termómetro y el calendario de la alzada golpista y definió adelantar los tiempos a los de la auditoría internacional avalada por la OEA y la Unión Europea.
En este contexto, los movimientos sociales se convocaban en diferentes puntos del país y cortaban en la madrugada de ayer, los principales accesos a La Paz. Las organizaciones sindicales campesinas, vecinales y sociales se convocan bajo el canto “Evo no está solo, carajo” y sumaban testimonios evocando al coraje, a la solidaridad, a la defensa de las conquistas sociales que se mezclaban con el grito de “Ahora sí, guerra civil”. Los levantamientos en Bolivia tienen un claro componente territorial: mientras las principales ciudades de la Media Luna Petrolera se amotinaban contra Morales, miles de manifestantes afines al gobierno mantenían sitiada la ciudad de El Alto, para evitar que las fuerzas golpistas arribaran a La Paz.
La oposición, por su parte, quedó totalmente desdibujada y rechazó el diálogo propuesto anteriormente por el Ejecutivo para pacificar el país andino.
Todavía no ha habido reacciones ante el nuevo llamado a votar de quien tiene mandato constitucional hasta el próximo enero de 2020. Resta verificar si los grupos golpistas se pliegan al llamado electoral o se mantienen las hostilidades. Y en ese caso, cuál será la reacción de las Fuerzas Armadas, que se había manifestado en apego a la Constitución. No se conoce aún qué definición tomará Carlos Mesa en función de la convocatoria a nuevas elecciones: participar y presentarse o rechazar la convocatoria y desconocer al Presidente son dos caminos antagónicos que plantean escenarios completamente diferentes.
Además, el mandatario indígena convocó a los sectores de oposición al diálogo. Sin embargo, fue rechazado por una oposición partidaria fuertemente deslegitimada y que debe sus votos más al descontento con el masismo que a virtudes propias. Cada hora toma relevancia para develar el desenlace de la cada vez más delicada situación de Estado Plurinacional de Bolivia.
