Golpe de Estado en Bolivia

Senkata, la segunda masacre del gobierno de facto

Helicópteros, blindados y tropa común asesinaron entre tres y ocho bolivianos en San Antonio de Senkata, localidad clave por alojar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y por ser una vía crucial para el abastecimiento de La Paz.

“¡Nos están matando!” gritan mientras sostienen gasas sobre el cuello de un joven que yace con la mirada fija en el cielo y una herida en el cuello. Otro paisano sostiene a un compañero, levanta su remera y permite ver un hueco ensangrentado. “Mire lo que le han hecho a mi compadre”, grita desesperado mientras llama a la prensa y a la Cruz Roja.

Este martes 19 de noviembre, la única sala médica de Senkata fue saturada por la cantidad de heridos que llegaban hasta el lugar. Allí, un humilde médico se muestra desahuciado: “Tanta pena ver morir a la gente con bala en la cabeza, con bala en el pecho”, lamenta el doctor. “Son seis los muertos que ya han pasado por aquí”, concluye.

Fernando Ortega, uno de los pocos periodistas que estuvo en el lugar, revela en un tweet haber visto ocho fallecidos y, por la noche, muestra imágenes de un velorio comunitario en donde se observan cinco cuerpos. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo sólo reconoció tres fallecidos hasta el momento, aunque una de sus integrantes reveló tener denuncias de militares secuestrando el cuerpo de los heridos. A la vez, crece entre la población y las organizaciones sociales la sospecha de posibles desapariciones.

Entre tres y ocho vidas fue el costo de ingresar 21 cisternas de gasolina y 19 de diésel, que desde la tarde del martes se reparte dificultosamente en una ciudad de casi un millón de habitantes.

El gobierno de facto, por su parte, justificó los asesinatos bajo el argumento del supuesto resguardo de los recursos y bienes de la comunidad. En ese sentido, el Ministro de Defensa, Luis Fernando López, se excusó: “Estamos decididos a cuidar la planta de Senkata y vamos a utilizar lo que tengamos que utilizar, porque es proteger nuestro patrimonio».

En tanto, una semana después de iniciado el golpe de Estado y con al menos 27 muertes en el contador, comienzan a aterrizar los organismos internacionales. La CIDH señaló que “desde la salida del expresidente Evo Morales la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas”, a lo que suma su “particular preocupación” por el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las FFAA para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal», en referencia al Decreto 4078 del gobierno de facto por el cual se le da impunidad penal a las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desplegó una Misión Técnica con el objetivo de esclarecer los hechos de violencia.

En paralelo, la ONU, la Unión Europea y la Iglesia instalaron una Mesa de Diálogo, hecho sobre el cual los golpistas todavía no se han manifestado. En tanto, la Cámara de Diputados con mayoría absoluta del MAS-IPSP, no se decide a convocar unilateralmente a elecciones con esperanzas de una salida dialogada. Mientras tanto, el cívico Luis Fernando «Macho» Camacho y el diluido excandidato presidencial Carlos Mesa exhortaron al gobierno interino a que las elecciones se desarrollen antes del 19 de enero.

En este escenario, la población -lejos de amedrentarse- convoca a nuevas movilizaciones, cada vez más numerosas y multitudinarias. En un país donde la utilización de los bloqueos y el paro funcionan estratégicamente para asfixiar al gobierno de facto, el pulso de la calle será un aspecto definitorio para la resolución del conflicto.