Ley para la eliminación de la categoría sexo en los documentos

¿Sin sexo en el DNI? Contra la asignación sexual compulsiva

El año pasado se presentó el proyecto de ley para la eliminación de la categoría sexo en los documentos. En los albores de un nuevo gobierno y tras el posicionamiento de Alberto Fernández en temas de género, se abre la posibilidad de que sea parte de los debates 2020.

La diputada Silvia Horne presentó el año pasado el Proyecto de Ley para la eliminación de la categoría sexo en los documentos. A pesar de que aún no se discutió en comisiones, el cambio de gobierno y el posicionamiento de Alberto Fernández en temas de género abre la posibilidad de que se discuta el año que viene.

Foto: Catalina Distefano

El «sexo» no es pues sencillamente algo que uno tiene o una descripción estática de lo que uno es: será una de las normas mediante las cuales ese «uno» puede llegar a ser viable, esa norma que califica un cuerpo para toda la vida dentro de la esfera de la inteligibilidad cultural”. Las palabras de Judith Butler, editadas en “Cuerpos que importan” por primera vez en 1993, toman otro carácter en nuestro país a más de siete años de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Es en nuestra latitud sur donde, a pesar de los cuatro años de neoliberalismo rabioso, las legislaciones siguen apostando a la igualación de derechos.

El proyecto tiene por objeto proteger a toda persona contra la asignación sexual compulsiva y, en particular, eliminar la categoría de «sexo» de cualquier documento público o privado. Es decir, si bien el sistema de salud podrá recabar estos datos -en función de realizar estadísticas y tratar a les pacientes- el sexo no estará en el DNI, partida de nacimiento ni ningún otro documento. Esto sirve para garantizar el derecho a la intimidad, la autonomía, la autodeterminación y la diversidad corporal de todas las personas en especial de aquellas que, como sus cuerpos no encajan en las normas históricamente instituidas, son discriminadas y negadas a los derechos básicos.

Foto: Catalina Distefano

La iniciativa surge de la coordinación entre Horne, diputada del Movimiento Evita, con la Federación LGBTQ+ y es parte de un paquete de proyectos que tiene que ver con modificar la Ley Antidiscriminatoria. Pero especialmente aparece ante la necesidad de agregar perspectiva de género, feminismo y LGBTQ+ a toda la legislación nacional. “Empezamos a pasar por el tamiz feminista el anacronismo de clasificar a las personas por su sexo biológico”, explica Horne.

“Hay una evolución en aceptar el género como una construcción sociocultural, que además por nuestra legislación se reafirma en la autopercepción de la identidad. El tema del sexo definido por la apariencia de la genitalidad al momento de nacer restringe la humanidad a una visión binaria que es excluyente y deja afuera gran parte de la población. La manera de denominar y clasificar civilmente a las personas ha evolucionado. Hubo una época en la que los documentos tenían que dejar sentado si sabían leer o escribir, el origen étnico o la fisonomía. Con el tiempo se fueron quitando esos parámetros. Finalmente, el argumento más fuerte para proponer esta ley es que a quienes no cuajan en una categoría predefinida se les pretende mutilar y acomodar a conceptos que son erróneos. Es decir, en vez de corregir los conceptos se modifican los rasgos de la persona”, argumenta la diputada sobre el proyecto en el que cita a Judith Butler, Michel Foucault y la Ley de Identidad de Género de nuestro país.

Fotos: Abril Pérez Torres

Con esto, Horne se refiere a otro de pilares de la legislación: asegurar la integridad, la autonomía y la diversidad corporal de todas las personas, pero especialmente de quienes son sometidas a intervenciones para adecuarlas a los estándares médicos de “normalidad”. Esto sucede frecuentemente con las personas intersex, quienes apenas nacides sufren operaciones para modificar sus características sexuales obligándolas a entrar en el corset binario. Si bien la Argentina no cuenta con estadísticas propias referidas a la prevalencia de intersexualidad en la población, se estima a nivel global que 1 de cada 2000 niños/as nace con lo que culturalmente se interpreta como “ambigüedad en su genitalidad”, como dice el proyecto de ley .

Escrito en lenguaje inclusivo, el proyecto de normativa aclara que cualquier persona o grupo de personas que se sienta discriminada podrá requerir por vía legal o judicial que cese la discriminación, la obtención de un resarcimiento por los cambios y la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el Código Penal. Además exige la elaboración de un informe público anual con las acciones desarrolladas en el marco de la ley y explicita que para implementarla será necesaria la modificación tanto del Código Civil y Comercial de la Nación como de algunos artículos de la Ley de Identidad de Género.

Fotos: Abril Pérez Torres

“Hay una comprensión de la necesidad de eliminar la denominación compulsiva mujer-varón en el DNI. Las formas en las que se resuelva pueden ser varias, hay países que optan por agregar las categorías ‘asexual o intersexual’, otros por obviar el campo de sexo en los documentos pero la regulación tiene que ser de alcance nacional y centralizada. Puede haber situaciones en las que haya un registro voluntario; lo que estamos planteando es que no se puede imponer esta condición sino que tiene que ser facultativa de las personas, quien lo requiera puede mediante una declaración jurada registrar su sexualidad”, manifiesta Horne, quien asegura que en ningún caso la eliminación del sexo en los documentos significaría la pérdida ni la regresividad de derechos adquiridos.