Organizaciones migrantes y de derechos humanos hicieron pública su agenda de reclamos de cara al gobierno de Alberto Fernández, a través de un documento en el que enumeran una serie de medidas “urgentes” y “de fondo” a tomar para revertir el carácter persecutorio que adoptó la política migratoria durante los últimos cuatro años. El documento, firmado por Caref, la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, la Campaña Migrar no Es Delito, el CELS, Amnistía Internacional y ATE Capital, entre otras, se leyó por primera vez la semana pasada en la Facultad de Ciencias Sociales, y la idea de las organizaciones es que sirva como balance de la gestión Cambiemos y como guía para la próxima administración.
A la espera de la designación formal de Florencia Carignano como nueva directora de Migraciones, que está a tiro de decreto, las organizaciones compartieron un encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales la semana pasada para sellar la unidad y perfilar su agenda de reclamos para el 2020. Calificaron los cuatro años de Macri como “regresivo en derechos” para la población migrante, en los que primó “un enfoque securitario y criminalizador de la migración”.“El gobierno anterior instaló y profundizó políticas discriminatorias, estigmatizantes y excluyentes”, reza el escrito.
Para revertir esa tendencia, las organizaciones hicieron foco en temas como las expulsiones express, favorecidas por el DNU 70/2017, y las dificultades crecientes para lograr la radicación definitiva en el país, en especial desde la entrada en vigencia del sistema Radex de radicación online.
Si bien están a la espera de un fallo definitivo de la Corte, el documento es claro a la hora de exigir la derogación del DNU xenófobo de Macri. Se aclara que su aplicación “habilita expulsiones que violan el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia así como también su aplicación resulta en la separación de familias”. “Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU, instaron a la Argentina a derogar este decreto”, afirma.
Las organizaciones también llamaron a poner coto a las intenciones discriminatorias y los discursos de funcionarios que utilizan a les migrantes como chivo expiatorio. “Frente a una supuesta sobrecarga de los sistemas públicos de salud y educación se restringió el acceso a ellos a personas migrantes. También avanzaron en el objetivo de arancelar el acceso con base en criterios de reciprocidad”, describieron sobre la anterior gestión.
En esa línea, propusieron a la administración de Alberto Fernández que se “elabore y ponga en marcha una Política de Estado contra el Racismo y la Xenofobia y una Política Migratoria Social Integral y Participativa”.
“Ante este cúmulo de situaciones, el documento fue entregado a las nuevas autoridades del Estado y se espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para responder a las demandas construidas de manera conjunta por un amplio grupo de actores sociales. Algunas medidas, como la derogación del DNU 70/2017, deben ser adoptadas de forma urgente para preservar los derechos de las personas migrantes”, concluye el documento.
