En el marco de un fin de año políticamente movilizado, el oficialismo porteño aprovechó el último tramo de la agenda parlamentaria para aprobar una ley que, según afirman algunas organizaciones sociales especializadas, está hecha “a la medida de AirBnB”.
Este tipo de alquileres son una tendencia que viene en franco crecimiento debido a los altos niveles de ganancia que brinda a los propietarios. “En 8 noches de alquiler en AirBnB se llega a ganar lo mismo que en un mes de alquiler permanente promedio en la CABA”, explica Rosario Fassina, coordinadora del área de Derecho de la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El peligro que viene atado a esta nueva modalidad es que cada vez más propiedades sean volcadas a este mercado, vaciando la oferta de alquileres para fines residenciales e impactando en última instancia en el bolsillo de las familias porteñas con fuertes aumentos de precios.
Frente a este panorama, numerosas organizaciones venían exigiendo una norma que regule a las plataformas online. La ley llegó, pero lejos estuvo de ser lo esperado. Lo único positivo de la norma aprobada en la Legislatura es que determina la realización de un blanqueo de esta actividad que en los hechos cada vez abarca más mercado. Pero la gran falencia es la falta de una regulación fiscal a la altura de las ganancias que genera, permitiendo que continúe el goteo de propiedades a los alquileres temporales. Fassina plantea: “Es algo que tenemos que discutir ya porque está demostrado que este tipo de alquileres lo que hace es quitar propiedades del mercado de alquileres permanentes generando un alza indiscriminada de precios”.
A partir del comunicado firmado por diversas organizaciones como ACIJ y CELS, se explicó que la liberalización de los alquileres temporales es una política que ya demostró sus resultados negativos en numerosas ciudades del mundo, que hoy está avanzando en fuertes regulaciones. “Desconocer el impacto de estas plataformas en el mercado de locaciones urbanas es desconocer el esfuerzo de muchas ciudades como Nueva York, San Francisco, Amsterdam, Londres, Berlín, Hamburgo o París, de reducir los daños causados por crecimiento exponencial de estas maneras de alquilar”.
A nivel nacional la Ley de Alquileres, que ya cuenta con media sanción en la Cámara Baja, avanza en sumar garantías para los personas que desean alquilar. A pesar de eso y a contramano de todo, el oficialismo porteño parece hacer oídos sordos a una crisis habitacional que no es novedad en la Ciudad y de la cual alquileres impagables y cientos de familias sin hogar son sólo algunos de sus síntomas. “En el contexto de una ciudad que tiene una crisis habitacional enorme, donde cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia, donde pagar un alquiler se vuelve complicado, no avanzar por una regulación fiscal que se adecúe a las ganancias que esta modalidad genera es, sin dudas, problemático”, advierte Fassina.
Las organizaciones que vienen impulsando estos reclamos junto con los inquilinos sostienen que un primer paso para encontrar salida a esta problemática es generar espacios de diálogo con participación de la sociedad civil, en su carácter de protagonistas y principales implicados en esta situación. “Es una actividad que realmente está afectando el acceso a la vivienda, la morfología de los barrios y sus identidades; por todo esto hay que pensar una ley que sea diseñada de manera participativa, con la gente de los barrios involucrados y con representantes de las plataformas. Hay que armar una mesa de trabajo más amplia donde todos los puntos de vista sean tenidos en cuenta para dar una respuesta lo más eficaz y veloz posible”, afirma la socióloga integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
