El agronegocio en Salta

Cuando tenga la tierra

Según un estudio del INTA, una familia de agricultores en la zona de Anta, en Salta, necesita 557 hectáreas para llegar a cubrir sus necesidades básicas. Las tierras estuvieron durante décadas en manos de la familia del diputado del PRO Alfredo Olmedo, que le debe al Estado salteño más de 300 millones por su explotación, y dejó el 99% de las napas de agua contaminadas con arsénico.

En el departamento de Anta, al este de Salta, viven algo más de 50 mil habitantes, en su mayoría puesteros y pastajeros, familias de pequeños agricultores. Pero la tierra no les pertenece, al menos en los papeles. Hay casi 110 mil hectáreas, repartidas entre Anta y Rivadavia, localidad vecina, administradas por la empresa estatal Salta Forestal y explotadas hasta no hace mucho por una empresa fundada por el padre del inefable diputado Alfredo Olmedo (sobre quien pesan denuncias de trabajo esclavo desde hace por lo menos una década), y desde mediados de 2019 por la firma Cresud, del sojero y empresario inmobiliario Eduardo Elzstain. Demasiados apellidos turbios para la tranquilidad de la zona, de parajes rurales, ganaderos, donde se arrastra una desigualdad en el acceso a los recursos que bien podría definir el estado de situación del agronegocio en el resto del país.

La concesión para la familia Olmedo de las hectáreas en cuestión se firmó hace 20 años, por decisión del entonces gobernador Juan Carlos Romero, uno de los primeros socios políticos del ex presidente Mauricio Macri y quien le abrió las tranqueras de la provincia al fallecido Franco Macri a mediadios de los ’90. Su sucesor por dos períodos en el cargo, Juan Manuel Urtubey, dejó las cosas como estaban y recién le quitó la concesión a los Olmedo sobre el final de su último mandato. Resulta que después de 20 años, Urtubey cayó en la cuenta que la firma Ecodesarrollo, de los Olmedo, jamás pagó el cannon por la concesión de las tierras, y le quitó el negocio y la explotación de casi 9 mil hectáreas. Los Olmedo le deben a la provincia más de 300 millones de pesos.

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La contracara del complejo entramado de propietarios de la tierra en la zona son los campesinos, perjudicados por la situación. Bajo la nueva administración de la provincia, en manos del massista Gustavo Sáezn, se determinó que parte de esas tierras –no todas– les pertenecen a quienes las habitan y producen desde por lo menos 1940. Y se ordenó un plan de inversión para su desarrollo.

En ese marco, se determinó que una familia de agricultores de la zona necesita al menos 557 hectáreas para producir lo suficiente para alcanzar el ingreso necesario de una canasta básica del INDEC. La investigación la realizaron el Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (GEISA) del INENCO (CONICET/UNSa), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), bajo la coordinación del doctor en Ciencias del Medio Ambiente, Lucas Seghezzo, a pedido de Salta Forestal.

El informe, titulado “Diagnóstico social, ambiental y productivo de pequeños establecimientos ganaderos de Salta Forestal”, advierte que esas casi 600 hectáreas por nucleo familiar son necesarias para lograr sistemas productivos sustentables, que no afecten el ambiente, y también para evitar que las nuevas generaciones sigan a los centros urbanos.

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Esas hectáreas deberían ser restituidas a las 173 familias que acreditan títulos en la zona pese a las distintas concesiones irregulares otorgadas durante décadas. Y apunta que sus verdaderos dueños la trabajarían mucho más, en contraste con los empresarios. “Las empresas concesionarias prácticamente no realizaron obras de infraestructura”, concluye el informe.

Además, como si fuera poco, los investigadores detectaron que el uso de esas tierras para el agronegocio terminó de contaminar fuertemente la zona. De hecho, se encontraron con que “el 99% de las muestras analizadas contienen valores elevados” de arsénico.