Organizaciones denuncian un fallo del TSJ porteño por machirulo

Un Tribunal flojo de perspectiva de género

Organizaciones civiles afirman que un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad es inconstitucional por legitimar la desigualdad de género en organismos del Estado. En 2013, la Legislatura porteña nombró a un varón como integrante de la Auditoría General cuando, sostienen las organizaciones, deberían haber nombrado a una mujer para respetar el cupo de género previsto en la Constitución de la Ciudad.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), “vulnera la Constitución y desconoce los derechos de las mujeres en el acceso a cargos públicos”. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) habían denunciado a la Legislatura porteña por no respetar el cupo de género -previsto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad- en una designación en la Auditoría General realizada en 2013. Las organizaciones aseguran que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Creo que este fallo es un retroceso. El voto de la mayoría está fundamentado con argumentos que no están acorde a los tiempos ni a la demanda social de los movimientos de mujeres que exigen una representación igualitaria en los lugares de toma de decisión”, dijo a El Grito del Sur Zoe Verón, responsable del Área Jurídica de ELA. Verón opinó que es importante que se visibilice este caso, a pesar del paso del tiempo, porque evidencia cómo “todavía a la Justicia le cuesta juzgar con perspectiva de género” y no contribuiría para lograr “que haya igualdad de género en esta sociedad”.

En 2013, la Legislatura porteña designó al ingeniero Facundo del Gaiso como séptimo integrante de la la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), en reemplazo de Paula Oliveto, quien ese año había sido electa como legisladora por la Coalición Cívica-ARI, el espacio político comandado por Elisa “Lilita” Carrió. La AGCBA es el organismo público encargado de “ejercer el control externo del sector público (centralizado y descentralizado) de la Ciudad como así también a las empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad” y está compuesta por 7 integrantes -actualmente, 4 varones y 3 mujeres-. Con la designación de del Gaiso, la composición era de 5 varones y 2 mujeres.

Las organizaciones civiles denunciaron que la designación de del Gaiso, quien estuvo en la Auditoría hasta el 10 de diciembre de 2019 -fecha en la que asumió como legislador porteño-, violaba el cupo por género previsto en el artículo 36 de la Constitución local. Este artículo dice que “en la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros”, la Legislatura debe elegir a los integrantes teniendo en cuenta que no haya “más del 70 por ciento de personas del mismo sexo”.

“(Del Gaiso) fue el único candidato que propuso el espacio político de Oliveto, no se sabe por qué”, contó Marcelo Giullitti, abogado en el área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ, y agregó que la CC-ARI era la encargada de proponer el candidato de la Asesoría porque los integrantes son designados “en base a la representatividad de los sectores políticos” de la Legislatura. “Pero (la violación del cupo por género) no es sólo responsabilidad del espacio político, sino también de la Legislatura que lo votó -apuntó Giullitti-. (En la sesión en la que se votó la designación) una legisladora preguntó si no se viola la ley, el presidente dijo ‘no sé’ y siguió la sesión. Sabían que violaban el cupo y decidieron ignorarlo”.

Giullitti contó que las asociaciones civiles querellantes se enteraron de la designación de del Gaiso luego de que fuera votada en la Legislatura. “Presentamos una nota en la Legislatura diciendo que se violaba el cupo por sexo y se la mandamos a los presidentes de los bloques, también tuvimos reuniones con legisladores y el caso no avanzó”, afirmó el abogado de ACIJ. Es por esta razón, explicó, que en 2015 decidieron judicializar el caso y presentaron “un amparo en el fuero Contencioso y Administrativo de la ciudad, solicitando que se declare nula la designación del candidato y que haya medidas de reparación porque se violaba un derecho colectivo (de todas las mujeres a ser elegidas en un cargo público)”.

El juez de primera instancia resolvió que se trataba de un caso de discriminación, ya que la designación de del Gaiso “superó el máximo del setenta por ciento (70%) autorizado por la norma” y, por eso, declaró su nulidad y dispuso “la reparación del daño colectivo mediante la emisión y difusión de disculpas públicas de la Legislatura al grupo discriminado”. La Legislatura apeló este fallo, que fue luego confirmado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, aunque se declaró “abstracto el objeto de la acción”: en 2015, la composición de la AGCBA había vuelto a ser de 4 varones -del Gaiso, entre ellos- y 3 mujeres. Es así que la Legislatura acude en queja al TSJ.

El Tribunal, en un fallo dividido, resolvió admitir la queja y hacer lugar al recurso interpuesto por la Legislatura. “La sentencia del TSJ tiene puntos muy regresivos”, opinó Giullitti. Según el integrante de ACIJ, “uno de los votos sostiene que no existe discriminación” porque al haber sido del Gaiso el único candidato propuesto, no se habría afectado a una persona en particular. “Esa es una perspectiva muy antigua del derecho, ver que las afectaciones son sólo a una persona. La omisión de la Legislatura (al no haber solicitado una candidata mujer) deja afuera a las mujeres. Acá no se discrimina a una persona, sino a toda mujer que podría haber sido elegida para el cargo”, sostuvo Giullitti.

Por su parte, Verón afirmó que van a apelar el fallo del TSJ y que esperan que “la Corte Suprema de Justicia nos habilite la instancia y pueda sostener la importancia de lograr la igualdad de género en todo el Estado”. “Estamos en un momento muy distinto al cual se presentó esa sentencia (que apeló la Legislatura), a nivel nacional existe la paridad (en la presentación de candidatas en las listas electorales) y hay conciencia social de que las mujeres deben estar en el espacio político”, aseguró.