El 13 de noviembre pasado, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de la AABE, Ramón Lanús, y el “CEO” de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y ex pupilo del Cardenal Newman, Carlos Furgoni, firmaron en representación del Estado nacional un convenio para cederle codiciadas tierras fiscales de Retiro, La Boca, Colegiales y Villa Urquiza a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Faltaban 27 días exactos para que Mauricio Macri entregara los atributos presidenciales en favor de Alberto Fernández. Eran días de intensas negociaciones en medio de la transición, tal como las hay ahora por el porcentaje de coparticipación que le correspondería a la Ciudad. La excusa fue una deuda de Nación con el Estado porteño por la construcción de los viaductos de las líneas San Martín y Mitre. La Legislatura porteña sancionó con fuerza de ley el convenio unas semanas después, en la última sesión del año, y aprobó poner en venta los terrenos. Ayer, en un gesto interpretado por propios y ajenos como parte de la rosca por los recursos de la Ciudad, Alberto Fernández le ordenó a la nueva dirección de la AABE, a través de dos DNU, investigar en un plazo de 60 días “la legalidad” de todo lo actuado por Macri en el tramo final de su gobierno en materia de concesiones y prohibió para adelante cualquier intento de “cancelar deuda” con la Ciudad a través del traspaso de tierras.
De acuerdo a los argumentos de ambos decretos, publicados ayer en el Boletín Oficial, Macri incurrió en la violación del artículo séptimo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que le prohíbe al presidente en funciones la venta de cualquier activo del Estado durante los últimos dos trimestres de su mandato. Esa prohibición, conocida como “regla de fin de mandato”, se aplica también a un segundo convenio, firmado el 11 de noviembre, que le entrega a la Ciudad tierras de los playones ferroviarios de Palermo y Caballito, que aún esperan la venia de la Legislatura para ir a remate. Por esas irregularidades, Macri fue denunciado penalmente hace apenas 10 días, por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
El ex presidente, para colmo, firmó el DNU que habilitó a la AABE a “dar en pago” terrenos a la Ciudad por la deuda contraída en obras el lunes 28 de octubre, apenas 24 horas después de haber perdido las elecciones generales. “Es una comunidad de negocios que quedó expuesta sobre el final de mandato. El apuro se explica porque Macri necesitaba dejarle a Larreta la estructura legal necesaria para vender las tierras sabiendo que dejaba el poder”, apuntó en diálogo con El Grito del Sur el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, uno de los autores de la denuncia penal.
Entre los convenios que la AABE deberá ahora investigar hay un tercero, de fines de 2018 y aprobado por la Legislatura a principios de 2019. Se trata del traspaso de 12 terrenos del perímetro de urbanización del barrio Carlos Mugica, ex Villa 31. El pretexto fue, de nuevo, «dar en pago» por la deuda por el Paseo del Bajo, uno de cuyos tramos, el más extenso, fue licitado en favor de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri, hoy en manos de Marcelo Mindlin. Son tierras cuyo valor crecerá por las obras de infraestructura del entorno, favoreciendo el negocio de los desarrolladores inmobiliarios.
En total, a través de esos tres convenios Macri le transfirió 30 terrenos a Rodríguez Larreta. Sumados, abarcan poco más de 92 hectáreas, de acuerdo a los cálculos del Observatorio y de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FADU.
Según un informe extraoficial que circuló ayer, tendrían un valor fiscal aproximado de 16 mil millones de pesos. Los 12 terrenos en los alrededores de la Villa 31 transferidos para financiar deuda por el Paseo del Bajo estarían valuados en 5.457.610.000 de pesos. Los siete terrenos repartidos entre Retiro, Villa Urquiza, Colegiales y La Boca, en 8.504.140.000 de pesos. Las Playas de Caballito, en 16.961.616 de dólares, y las de Palermo, en otros 12.987.338 de dólares.
Estos son los casos emblemáticos:
Villa 31: Son 9 terrenos ubicados tanto dentro del perímetro de la urbanización como en sus alrededores, entre los que se destaca uno ocupado en su momento por la cadena de supermercados COTO. La investigación ordenada por Alberto podría incidir en el proceso de integración del barrio.
Triángulo de Costa Salguero: Sigue en la línea de la privatización de la zona. La parcela tiene 8050 metros cuadrados, en plena zona portuaria. Para pagar Paseo del Bajo.
Avenida Directorio y Eva Perón: Un pulmón de 30 manzanas en plena Ciudad privatizadas para financiar la deuda por el Paseo del Bajo.
Catalinas Sur 2, Azopardo y Brasil y Darling Tennis Club: Tres parcelas repartidas en el extremo sur de Puerto Madero, casi 30 mil metros cuadrados, a la venta para la financiación de las obras de los viaductos del Mitre y el San Martín.
Playón Ferroviario de Colegiales: Comprende 4 parcelas repartidas en 4500 metros cuadrados.
Playón Caballito: Otras seis parcelas, tasadas por encima de los 16 millones de dólares, con un dólar a 54,9 pesos.
Playón Palermo: Cuatro parcelas, tasadas por encima de los 12 millones de dólares, con un dólar a 54,9 pesos.
Para el Gobierno, las transferencias representaron una pérdida de patrimonio, dado que los terrenos fueron tasados a valor fiscal, no a los del mercado, aunque todavía no hubo una precisión sobre cuánto se perdió. «La mecánica de la entrega en pago de bienes inmuebles por parte de la AABE para cancelar deudas o cumplimentar compromisos de asistencia económico-financiera con Provincias o la Ciudad resulta manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público, máxime si las mismas se realizan por el monto de la tasación oficial», dice explícitamente uno de los decretos.
Durante los 4 años de su mandato, Macri firmó once decretos para transferir tierras del Estado a las provincias. En total, se enajenaron 150 terrenos e inmuebles públicos, de los cuales unos 80 pertenecen ahora a la Ciudad.
