Los riesgos de la población carcelaria frente al coronavirus

«Las personas privadas de su libertad están más expuestas que el resto de la población»

En medio de una cuarentena total producto del COVID-19, surge la pregunta por la población carcelaria. Juan Pablo Parchuc, Alejandro González, Jorge González, Sofía Perini y Ayelén Stroker, quienes trabajan en distintos dispositivos dentro de instituciones de encierro, explican por qué las personas privadas de su libertad están mucho más expuestxs que el resto ante los riesgos de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo. Escuelas, universidades, lugares de trabajo y comercio han frenado su actividad o bien han implementado distintos protocolos para la prevención del contagio y propogación del virus. Pero, ¿qué pasa en las cárceles de nuestro país? «Las personas privadas de libertad están más expuestas y tienen mayores índices de enfermedades pulmonares que el resto de la población. Y estamos hablando de instituciones cerradas, donde el ingreso de un virus como éste se propagaría muy rápido y haría estragos», le dijo a El Grito del Sur Juan Pablo Parchuc, docente que coordina desde la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) el Programa UBA XXII, un proyecto de Educación en Cárceles que se implementa en los Penales de Devoto y Ezeiza.

Parchuc explicó por qué la población carcelaria se encuentra mucho más expuesta que el resto de la sociedad. «No sólo aquellos y aquellas que pertenecen a los grupos de riesgo (mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades o condiciones de salud previas que las vuelven más vulnerables), sino en general por el hacinamiento y las pésimas condiciones de salud e higiene en las que se vive adentro», aseguró.

El estado de situación que viven a diario las personas en las cárceles argentinas juega un rol fundamental en esa concepción. «Hay informes y denuncias de diversos organismos de derechos humanos que muestran las condiciones degradantes de vida en el encierro. Durante el gobierno anterior ha habido un aumento deliberado del encarcelamiento que emperó mucho la situación, que ya era mala», explicó. Y agrega: «Existen serias restricciones en el acceso a derechos tanto por parte del sistema judicial como de los servicios penitenciarios».

En este sentido, Alejandro González, secretario de Asuntos Jurídicos del Sindicato Único de Trabajadores Privados de su Libertad Ambulatoria (SUTPLA), afirma: «El dispositivo carcelario no está diseñado para que el que está adentro viva bien, aunque sus postulados digan que sí». Asimismo, es muy crítico de la gestión macrista y denuncia que las condiciones estructurales de los penales de nuestro país empeoraron aún más durante el gobierno anterior. «Antes del 2015 teníamos casi pleno empleo, ahora no llegamos ni al 40 por ciento y ni siquiera se cumplen las condiciones mínimas. Si Macri arrasó con el país, en las prisiones arrasó mucho más», dijo a este medio.

El problema aparece entonces cuando hablamos acerca de las medidas que (no) se adoptaron en los penales para atender la crisis sanitaria que atravesamos a nivel nacional. Si bien se ha decidido restringir las visitas, suspender las actividades académicas y aplicar los protocolos de seguridad e higiene establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, dichas medidas -según aseguran les entrevistades- resultan insuficientes y poco efectivas debido a las condiciones en las que viven las personas en los penales argentinos. «Hasta ahora, por suerte, no ha habido casos reportados en ningún penal del país», dice Parchuc.

Sofía Perini, militante de Punto de Fuga -un colectivo que trabaja desde hace más de diez años en las cárceles-, asegura que en muchos de los penales no se han aplicado las disposiciones ordenadas desde el Ejecutivo y se muestra preocupada por la salud de las personas privadas de su libertad. Además, disiente en parte con la decisión de suspender el Programa UBA XXII que funciona en los penales de Ezeiza y Devoto: «Es una medida un poco insensata teniendo en cuenta que en las todas las cárceles de nuestro país hay sobrepoblación. Entonces, si hay sobrepoblación los aglomeramientos se dan igual en los pabellones, por lo que no tiene mucho sentido que los compañeros no puedan acceder a los espacios de estudio».

En esa misma línea aporta Ayelén Stroker, integrante de la Cooperativa Esquina Libertad, un núcleo productivo especializado en las artes gráficas (serigrafía, sublimación, imprenta, editorial) que surge hace aproximadamente 10 años en Devoto laburando con los compañeros privados de su libertad y que continúa funcionando hasta el día de hoy junto con familiares y compañeros que ya fueron liberados. Stroker cuestiona la decisión de haber empezado con las restricciones en las áreas educativas e institucionales cuando -asegura- aún no hay un protocolo de control claro hacia dentro de las instituciones penitenciarias. «Nos preocupan las personas que entran y salen porque van a ser un factor de riesgo para quienes están adentro y, en el caso de trasladar algún virus, la cárcel es rápidamente un desarrollador de pandemia por las condiciones en las que se encuentra la gente», alerta.

Perini cuenta además que Juan Grabois y distintos compañeros y compañeras del MTE que trabajan en las cárceles denunciaron algunos días atrás que en el Penal de Olmos, por ejemplo, no hay suministro de jabón ni alcohol en gel. Consultada por las medidas que cree necesarias para atender a esta emergencia, la militante de Punto de Fuga menciona en primer lugar la capacitación al personal carcelario, y en segundo lugar el abastecimiento y la distribución de alcohol en gel, guantes y jabón.

«Las medidas necesarias, que seguramente tengan que ver con el aislamiento y con la poca circulación de las personas, en realidad para poder llevarlas a la práctica tendría que existir una situación estructural que no sea la que acontece actualmente, que es que en todos los penales de nuestro país y en todos los ámbitos federales y provinciales hay sobrepoblación», explica. Y expone además: «Hay compañeros que no pueden mantener las medidas mínimas de aislamiento. Quizás ni siquiera pueden tomar un metro de distanciamiento porque están en celdas de castigo donde el espacio no da. Hay niveles de superpoblación que hacen que las condiciones de aislamiento, higiene y distanciamiento social en muchos casos sea impracticable y en otros cuesta un montón».

Esta situación afecta también a los trabajadores y trabajadoras privados de su libertad ambulatoria. «La situación de los trabajadores y las trabajadoras de las cárceles es pésima. Ni siquiera se cumplen con las mínimas condiciones de seguridad e higiene, conforme las leyes que regulan esta materia. Además hay un total desinterés por parte del ENCOPE (Ente de Cooperación técnica y financiera) para subsanar esta problemática, ya que no le son provistos guantes de látex, barbijos, u otro elemento que permita evitar el contagio de cualquier enfermedad, y no sólo del coronavirus», dijo un integrante del SUTPLA que prefiriró resguardar su identidad.

Y respondiendo también a las medidas que podrían implementarse para dar respuesta a esta importantísima crisis sanitaria que llevó a toda la población a las más estricta cuarentena, plantea: «Es realmente muy importante, que de los acontecimientos sociales e internacionales que están ocurriendo ahora, el Estado, en su papel de garante de las personas privadas de su libertad, empiece a evaluar de forma urgente, la posibilidad de que los presos que tienen enfermedades de alto riesgo, sean incorporados bajo el régimen de prisión domiciliaria, y de esta manera, mermar la sobrepoblación existente, para evitar una gran conglomeración de presos en las cárceles, a fin de evitar que ante la existencia de una infección de coronavirus, sea fatal para la masa de internos que están alojados en todas las carcel a de la nación».

En este sentido -cuenta Perini- desde el Penal de Devoto se elaboraron 100 hábeas corpus solicitando la habilitación de prisiones domiciliarias que permitan aminorar el riesgo de contagio. De dicha cantidad, sólo cinco fueron respondidos favorablemente y se espera que en las próximas horas puedan ser respondidos los pedidos restantes.

Además, un conjunto de organizaciones de derechos humanos que forman parte de la Red Nacional Contra la Tortura elevó ayer a las autoridades del Comité Nacional contra la Tortura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades ejecutivas y judiciales provinciales un escrito en el que expresan: «De la misma manera que el Presidente de la Nación a través de un DNU tomó medidas excepcionales para toda la población argentina con el objetivo de prevenir la expansión de la pandemia, creemos que deben tomarse medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad».

Allí mismo estipulan una serie de medidas que tienen que ver justamente con la «revisión de las prisiones preventivas y de las condenas por delitos leves o no violentos»; «otorgar libertades o prisión domiciliaria a quienes están con salidas transitorias»; prisión domiciliaria para mujeres embarazadas y mujeres con hijes en unidades penitenciarias; «efectivizar las libertades de las personas en riesgo según las condiciones del Ministerio de Salud»; la coordinación entre los distintos poderes del Estado y un organismo que lidere y centralice su funcionamiento para efectivizar el cumplimiento de las medidas dispuestas; «un esquema de emergencia dentro del Poder Judicial»; garantizar un espacio aislado y adecuado para aquellas personas que eventualmente hayan contraido el virus; garantizar una alimentación adecuada, la salud y el acceso a elementos sanitarios para la higiene.

Tal como expresaron les entrevistades al comienzo de esta nota, la situación descrita no resulta novedosa pero vuelve a encender las alarmas de todos los actores que transitan a diario por las cárceles de la Argentina y exigen de inmediato una respuesta del Estado. «Pienso que el Estado realmente no mira lo que pasa dentro de las cárceles argentinas desde hace muchísimos años. Donde haya contagio dentro de las mismas se pueden generar motines porque ya hay hambre, hacinamiento y ahora un virus que mata. Es obvio que nadie quiere morir y menos aún preso, hay mucha gente en riesgo sin condena firme o condenas menores, hay mucha gente en condiciones de estar en libertad, pero está detenida. Mientras los magistrados de todo el país trabajan desde su casa para prevenir, los presos de todo el país sólo pueden pedir a Dios que los proteja. Esto no sólo no es justo, sino que tampoco es legal en un Estado de derecho», protestó Jorge González, secretario general adjunto del Sindicato Único de Trabajadores Privados de su Libertad Ambulatoria.

Continuando en esa tónica, su par del sindicato agrega: «Es triste darse cuenta, que esta situación demarca la real y precaria situación de las cárceles argentinas, que son solo un depósito de personas, y que a ningún gobernante de turno le importó jamás adecuar el sistema para lograr el ideal resocializador de la pena. También esta crisis demarca la inmensa brecha existente entre pobres y ricos en nuestro país, y lo que ciñe todo esto, que todos somos iguales, y que a todos nos puede llegar la muerte por esta pandemia, que no tiene límites, fronteras, ni estratos sociales».

¿Por qué no se ha modificado esta situación tras décadas de los mismos reclamos? «Porque no hay políticas concretas que desagoten las cárceles, sino que por el contrario se siguen abarrotando», explica Stroker. «Debieramos empezar a pensar más seriamente qué sistema penal queremos para nuestro país y esta pandemia debería servir para reflexionar acerca de eso», concluyó Perini.