En las últimas horas se volvieron a encender las alarmas entre las organizaciones y colectivos políticos, culturales, educativos y sociales con trabajo en cárceles producto de los motines y la posterior represión que se sucedieron el martes 24 de marzo. Desde la Rama de Liberados y Liberadas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, cooperativas y programas se sumaron al reclamo de las personas privadas de su libertad denunciando la situación de hacinamiento, la falta de alimentos, el desabastecimiento de productos de higiene y limpieza, por nombrar sólo algunos de los puntos de conflicto.
«El primer problema es el hacinamiento: donde tienen que vivir cuatro, viven nueve. La mitad está sin condena en la cárcel, y por boludeces. Esa población hay que descomprimirla, que son todos de barrios humildes y sin posibilidades de defensa», dijo José Ruiz Díaz, referente de la Rama de Liberados y Liberadas del MTE, en diálogo con El Grito del Sur.
«Compañeros de la Unidad 39 denunciaron hoy nuevamente el faltante de comida y productos de higiene. La misma situación se repite una y otra vez a lo largo y a lo ancho del país. «Si esto explota va a ser imparable», advirtió Ruiz Díaz y pidió al Estado «anticiparse» a los posibles conflictos para prevenir futuras situaciones de violencia.
«Donde haya contagio dentro de las mismas se pueden generar motines porque ya hay hambre, hacinamiento y ahora un virus que mata. Es obvio que nadie quiere morir y menos aún preso», advertía Jorge González, secretario general adjunto del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA). Efectivamente, su hipótesis se hizo realidad esta semana cuando la desesperación de las personas privadas de su libertad ante la falta de cuidados decantó en la formación de motines en penales de distintas partes del país, mayoritariamente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El verdadero foco de conflicto fue en los penales de Coronda y Las Flores (Santa Fe), donde la guardia penitenciaria terminó reprimiendo violentamente a las personas privadas de su libertad y dejó un saldo de 5 muertes: 4 en Las Flores y 1 en Coronda. Y no es casual que haya sido en la provincia de Santa Fe, donde se desató con mayor violencia este conflicto, teniendo en cuenta que es un distrito con 25 por ciento de sobrepoblación en cárceles.
Aunque se especula con que la cantidad de heridos y muertos podría ser mayor, esos son los números que han dejado trascender hasta el momento desde el gobierno provincial y nadie ha salido a mostrar pruebas que den cuenta de un saldo más grave. A pesar de los videos que circularon en que se ve a la policía reprimiendo en las cárceles, las autoridades salieron a informar que todas las muertes fueron producto de incendios generados en los motines o ajuste de cuentas entre «bandas».
«Es la crisis estructural que ya se venía anunciando con las huelgas meses atrás y que ante una situación de crisis se maximiza mucho más. Esto pone al descubierto la falta de políticas de salud y cuidado en las unidades, y la falta de recursos concretos para la población», explica Ayelén Stroker de la Cooperativa Esquina Libertad. En la Unidad 19, la 41 de Campana y la 24 de Varela -comenta- se ha denunciado el faltante de productos de higiene y limpieza. Además, en esta última se produjo recientemente una represión al momento de las visitas cuando las familias se acercaron a llevar alimentos y productos de limpieza para quienes están adentro. «Al no haber una política clara de información interna y protocolos unificados de acción en todos lados, es muy complicado contener la situación», dice.
«Se hace sumamente complejo pensar en estas instituciones donde las personas ya están confinadas, es como el confinamiento dentro del confinamiento. Esta idea de aislamiento dentro del encierro obviamente es muy compleja, porque se suma a la complejidad de los daños que ya provoca el encierro como dispositivo», indica María Chiponi, del programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) vienen trabajando en los penales en cuestión desde hace varios años a partir de diversos proyectos de extensión y el Programa de Educación Universitaria en Prisiones, que ofrece carreras terciarias para las personas que están dentro de las cárceles. En diálogo con este medio, Carolina Damelio -de la mencionada casa de estudios- también se mostró muy preocupada por lo sucedido y reforzó las líneas expresadas en el documento que emitieron.
«Desde el Programa Educación Universitaria en Prisiones y el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral queremos plantear un conjunto de señalamientos y propuestas orientadas a contribuir a la reducción de los daños y de la vulneración de derechos de la población privada de su libertad y de los/as trabajadores/as penitenciarios/as», inicia el comunicado que difundieron. «Consideramos fundamental reconocer que el carácter extraordinario de la situación actual requiere de medidas igualmente extraordinarias para poder implementar con efectividad acciones de prevención y control del coronavirus COVID – 19 en contextos de encierro. En ese sentido es perentorio que dichas acciones sean emprendidas teniendo como principio rector el derecho a la salud como derecho humano y el deber de custodia del Estado respecto de la integridad de las personas privadas de libertad, así como del personal que tiene a su cargo el funcionamiento de las cárceles», explicaron.
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En el mismo sentido se expresó la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en contextos de encierro: «En este momento de emergencia sanitaria, que involucra importantes y necesarias medidas de prevención frente a la pandemia, la situación impacta de forma particularmente grave en las cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales y federal. A una situación generalizada y, en los últimos años, cada vez más grave, de hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud, se suman hoy profundas dificultades para garantizar las condiciones necesarias y prevenir una enfermedad viral altamente contagiosa como el COVID-19». «Esto configura una situación de urgencia, que hemos podido relevar desde los espacios institucionales que integramos, a través de nuestros vínculos con la población penal, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo en cárceles», agregan más adelante.
Las organizaciones y los distintos colectivos exigen soluciones urgentes que permitan darle una salida pacífica a este conflicto. «Hay una falta de accionar del Poder Judicial, que no toma medidas para desagotar el hacinamiento que hay en las unidades», denunció Stroker. «El parate judicial es una medida absurda, ahora es cuando más tiene que trabajar la Justicia para liberar las cárceles», agregó Díaz en un mismo sentido.
