A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió hacer oídos sordos al tema durante más de una década, la metrópolis porteña ya se encontraba en una fuerte crisis habitacional antes de la propagación del coronavirus. En este contexto, ¿qué sucede con las personas que carecen de una vivienda digna y que se encuentran en situación de calle? El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, difundieron un informe en el que analizan la situación de los sectores de más bajos recursos frente a esta pandemia.
El censo popular del año pasado dejó como saldo que unas 7251 personas se encuentran en situación de calle dentro de la ciudad más rica del país. De acuerdo con el trabajo presentado ayer, «este sector de la población carece de las posibilidades de adoptar las medidas de prevención en forma continua; y los recaudos para cuidar la higiene y la salud frente al COVID-19 son imposibles de cumplir ya que durante las 24 horas del día no tienen acceso a agua de red y potable para lavarse las manos, y no cuenta con los recursos económicos para la compra de los elementos antisépticos necesarios (alcohol en gel, jabón, etcétera)».
El ODC, el IPyPP y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria explicaron que el Decreto 297/2020 dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas. Sin embargo, «este mandato presidencial resulta imposible de cumplir para las familias que viven en calle». Por eso instaron al Gobierno de la Ciudad a que adopte «medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada para estas familias». En ese marco pusieron como ejemplo a la Ciudad de Córdoba, que el pasado 21 de marzo anunció que 200 personas en situación de calle fueron alojadas en hoteles y pensiones con motivo de la cuarentena.
Sin embargo, la administración de Horacio Rodríguez Larreta volvió a apostar a los paradores frente a esta crisis sanitaria. Así lo anunció la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, confirmando la apertura de «3 centros de inclusión que se suman a los 33 existentes». «En el contexto actual, los paradores tampoco son lugares propicios para incorporar las medidas de aislamiento y distanciamiento social. La utilización de paradores produce acumulación de personas generando un foco de riesgo importante de contagio. Hay paradores en los que conviven alrededor de 150 personas», denunció el informe firmado por el abogado Jonatan Baldiviezo y la ingeniera María Eva Koutsovitis.
Cabe destacar que los trabajadores y las trabajadoras del programa Buenos Aires Presente (BAP) informaron recientemente que los pocos dispositivos habilitados no cuentan ya con vacantes para nuevos ingresos y que no se está atendiendo en forma suficiente a los adultos mayores por haber quedado desmantelado poco tiempo antes el área del programa que los asistía en forma puntual. «Las únicas medidas específicas para este grupo de riesgo consisten en la apertura de un parador en la calle Uspallata N° 831 y una convocatoria de voluntarios para realizar tareas de asistencia», explicaron.
Por esta razón, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria sostuvieron la importancia de que la Ciudad de Buenos Aires cuente con una política de viviendas sociales que «sean entregadas a estos grupos vulnerizados a través de alquileres con precios sociales o en forma gratuita con comodatos». «Hasta que esta política esté operativa, bajo la crisis generada por el COVID-19 se debería implementar una política de alquiler de hoteles habilitados y en buenas condiciones, que están sin demanda por el freno al turismo», sugirieron.
