Las imágenes de la protesta en los techos de la cárcel de Devoto generaron un fuerte impacto político en la sociedad argentina y los principales medios de comunicación salieron rápidamente a marcar su línea: que la protesta representaba el preludio a la liberación masiva de asesinos y violadores, que implicaba una estampida de criminales mientras las familias permanecían encerradas, que constituía el momento cúlmine del populismo garantista, que esperaba agazapado la señal para dejar salir a los privados de su libertad.
Pero detrás del amarillismo de las portadas y las pantallas se esconde una realidad mucho más compleja y que entrecruza el hacinamiento, el castigo, la tortura y el Derecho Penal. La discusión por los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad despierta argumentos pasionales que, como tales, omiten la racionalidad de los enunciados y permiten la emergencia de las posiciones más violentas en algunos nichos sociales. El código de Hamurabi y su ojo por ojo se recrudece en las voces de ciertos sectores que desconocen la tradición garantista y humanitaria de la legislación argentina.
Se trata de opinar con argumentos. Hasta el pasado 13 de marzo, en las cárceles federales había 13.768 personas detenidas, sin considerar a otros 203 privados de su libertad que, al momento, se encontraban en la Unidad 28 ubicada en el Palacio de Justicia. El número asciende a 85.200 presos (datos de 2017) si se toman en cuenta los detenidos en cárceles provinciales. El crecimiento de la población carcelaria en los últimos años fue directamente proporcional al avance del discurso de mano dura impulsado por el gobierno de Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En la actualidad, Argentina registra una tasa de 193 detenidos por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio mundial.
La temática de la vulnerabilidad de los presos en materia de exposición al COVID-19 es un tema vigente en las discusiones alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el pasado 23 de marzo que “las personas privadas de libertad en general, en las prisiones u otros lugares de detención son aún más vulnerables a la epidemia de coronavirus que la población en general, como resultado de las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo”. En el mismo sentido se expidieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología e incluso el propio Papa Francisco. Los exhortos por el trato humanitario a personas privadas de su libertad fueron acompañados también por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
A nivel local, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se sumó a los reclamos por la mejora de las condiciones de detención y desde la Universidad de Buenos Aires también se hicieron escuchar las voces. En un comunicado firmado por Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart, que cuenta con la adhesión de la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, los académicos señalan que «la pena de muerte ha sido abolida debiendo modificarse cualquier forma de cumplimiento de la pena privativa de libertad que la implique, de lo contrario el Estado puede ser declarado responsable».
Del otro lado, los gobiernos autoritarios utilizan la mano dura para ganar popularidad en su electorado. Una muestra de ello son las acciones acometidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aprovechó la pandemia para reforzar su guerra contra las maras, clausurando celdas y hacinando a pandilleros en los centros de detención. El Salvador es el segundo país del mundo con mayor tasa de encarcelamiento: 618 detenidos cada 100 mil habitantes, sólo superado por los Estados Unidos.
Recientemente, la investigadora y escritora Claudia Cesaroni destacó el alcance de la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal. El documento señala la «grave situación de sobrepoblación y hacinamiento» y sugiere «medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo».
Frente a las voces que auguraban la liberación de violadores y asesinos, Cesaroni destaca que, tal como lo afirma la disposición judicial, el beneficio solamente alcanzaría a personas en situación de riesgo sanitario (con estudio previo caso por caso), detenidos con derecho a libertad condicional (habiendo cumplido dos tercios de su condena), con libertad asistida (quienes adeudan 6 meses para terminar su condena), con salidas transitorias (quienes habiendo cumplido la mitad de condena, salen y vuelven) y presos con condenas menores a 3 años. Asimismo, estarían incluidos aquellos detenidos que superen los dos años de prisión preventiva, quienes cumplan prisión preventiva por delitos no violentos y las mujeres embarazadas o con sus hijxs en prisión.
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