Ya pasó un mes desde el inicio de la cuarentena obligatoria y alrededor de 400 mil personas que se dedican al trabajo informal en las calles están sufriendo la falta de ingresos producto de la implementación de la medida que restringe la circulación. En ese marco, la Rama de Trabajadores y Trabajadoras en Espacios Públicos de la UTEP reclama que la gran mayoría quedó excluida de la «dinámica de asistencia que ofrece el Estado a los sectores más golpeados de la sociedad» y amenazan con salir «a la calle laburando» en caso de que no se solucione su problemática.
«Somos vendedores ambulantes en la calle, en medios de transporte, artistas callejeros, feriantes, artesanos, cuidacoches, manteros que desarrollamos nuestra actividad con orgullo, como un oficio, una forma de vida muchas veces heredada de algún familiar. En este nuevo panorama económico/sanitario con la implementación de la cuarentena obligatoria, nos vemos imposibilitados de realizar nuestro trabajo, reduciendo a cero nuestros ingresos», denunciaron ayer desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Una de sus principales demandas en esta coyuntura es recibir ayuda por parte del Estado, dado que la última muestra realizada con datos de 87.197 personas en todo el país señala que «el 90% de los encuestados no percibe asistencia social, que más del 70% no cobra AUH siendo que el promedio de hijos por trabajador/a es de 3, y que para más del 90% esta actividad es su única fuente de ingreso». «De no haber ninguna solución a nuestra problemática, saldremos a buscarla como mejor sabemos, a la calle laburando. Entendemos a lo que nos exponemos, pero el hambre es más fuerte», advirtieron.
En diálogo con El Grito del Sur, Pablo Dorigo -coordinador nacional de la Rama de Trabajadores y Trabajadoras de Espacios Públicos de la UTEP- expresó que «buena parte de nuestros compañeros ya no estaban pudiendo laburar o les habían mermado las ventas desde antes de la cuarentena obligatoria, con lo cual un sector que vive del día a día ya lleva más de un mes sin trabajar. El 90% de los compañeros vive sólo de esto». Dorigo mencionó como la única política dirigida a este sector el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que «nos parece una posibilidad importante pero que a un mes de su lanzamiento tenemos compañeros rechazados sin saber los motivos y tramitando una clave social en ANSES con preguntas muy complicadas». A esta escalada burocrática se suma que «muchos no tienen Internet y tuvieron que acudir a algún compañero o compañera para anotarse y hoy todavía no saben si van a cobrar y cuándo van a hacerlo». Hoy, esperan recibir el IFE recién en mayo, cuando ya estén camino a los dos meses sin poder trabajar.
«Este no es un sector que cuando se levante la cuarentena sea el primero en poder salir a laburar, porque el 95% no estamos regularizados. Hay provincias y municipios que no nos reconocen como trabajadores. Estuvimos pensando protocolos y hasta la posibilidad de reinventarnos, pero hoy la única salida que tenemos es recibir una mayor asistencia estatal. La principal problemática que tenemos es poder parar la olla todos los días, hay compañeros que tienen cuatro hijos y están pasando hambre. No podemos esperar más», concluyó el referente de la UTEP.
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