Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le duró muy poco la fantasía de pagar los salarios de los trabajadores estatales en cómodas cuotas y de reasignar partidas presupuestarias sin control externo, entre otras facultades incluidas en el polémico proyecto de ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad que había despertado un fuerte rechazo de la oposición y que finalmente no pasó el filtro de la Legislatura porteña. El bloque oficialista Vamos Juntos no logró reunir los dos tercios necesarios para tratar la iniciativa sobre tablas en la sesión de hoy y debió negociar algunas modificaciones sustanciales al texto original con el bloque del Frente de Todos y con algunos de sus propios aliados, como la Coalición Cívica y los radicales de Evolución.
Luego de una ardua negociación, el Ejecutivo porteño introdujo sobre la hora algunas modificaciones al proyecto original, con el objetivo de alcanzar un consenso con la oposición. Las concesiones más importantes fueron la exclusión en el pago escalonado o diferido de aquellos empleados públicos cuyos sueldos son inferiores a los tres salarios mínimos (48 mil pesos) y de todos los trabajadores del sistema de salud. Además, habilitó a la Auditoría General de la Ciudad (AGC) como órgano de control de las ejecuciones presupuestarias y las contrataciones, facultades que se buscaba recortarle. De todas formas, no hubo acuerdo definitivo y el debate de la norma se pateó para la semana próxima, donde tendrá tratamiento preferencial.
El nudo de la discusión se centra ahora en el resto de los artículos del proyecto que también habían suscitado polémica en la previa. Los principales que objeta el peronismo son aquellos que otorgan al Ejecutivo la facultad de reasignar partidas presupuestarias desde áreas sensibles como el subte, el Instituto de la Vivienda (IVC) y la Corporación Buenos Aires Sur sin un destino claro y sin la aprobación de la Legislatura. También denuncian que se congelarían las contrataciones de nuevo personal en todo el Estado, salvo en Salud (algo que ya sucede en el Gobierno nacional), y que pese a que se incorporó el control de la AGC, el Ejecutivo podría realizar contrataciones directas sin pasar por los procesos de transparencia habituales.
“Lo que nos proponen es un cheque en blanco. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que ni siquiera dice a dónde van los recursos porque nada nos garantiza que vayan al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable”, explicaron esta mañana desde el Frente de Todos en referencia a su rechazo al nuevo texto.
Algunos legisladores de este bloque opositor, como Lorena Pokoik, calificaron la ley como «de ajuste». El argumento surge a raíz de que el 62 por ciento del total de los fondos que se serían reubicados para afrontar los gastos de la pandemia -unos 7 mil millones de pesos- se recortarían de áreas sociales como cultura, educación, vivienda y trabajo.
En la misma línea se habían expresado las dos CTAs de la Ciudad, que en un comunicado conjunto denunciaron que el proyecto original le daba «mayores atribuciones para escalonar y diferir los salarios estatales, despedir trabajadorxs y evitar los controles de las partidas presupuestarias». Ambas centrales, además, propusieron que los recursos que necesita la metrópolis porteña para afrontar la pandemia surjan de mayores impuestos «a los grandes supermercados, las empresas de plataformas, las que controlan el juego online, que siguen enriqueciéndose», en línea con la discusión del impuesto a las grandes fortunas que impulsaría el peronismo a nivel nacional.
Muy lejos de ese planteo, el proyecto propone excepciones impositivas al sector inmobiliario y de la construcción, históricos ganadores del modelo Pro de la Ciudad de Buenos Aires. «Una Ley de Emergencia sin segmentación fiscal ni tributaria para favorecer pymes y comercios, ni eximiciones a sectores afectados pero donde se elige no recaudar en sectores concentrados como constructoras y emprendedores inmobiliarios, no es una ley para los que menos tienen», denunció el legislador Javier Andrade (Frente de Todos).
Así las cosas, el proyecto será probablemente sancionado la semana que viene, y habrá que ver hasta qué punto impacta en las buenas relaciones que intentaron construir oficialismo y oposición en plena pandemia.
