Los prestadores y las prestadoras vienen denunciando desde hace meses la falta de pago de sus honorarios, una situación que ha empeorado durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir de las resoluciones 282/20 y 308/20 que recortan los tratamientos a un máximo de 6 horas semanales y hasta 4 especialidades. «A la mayoría de los prestadores no nos han pagado nada de lo trabajado en el 2020 y a un gran porcentaje todavía le deben los meses de octubre, noviembre y/o diciembre de 2019», denuncia Ailen Lucarelli, del colectivo Prestadorxs Precarizadxs SE, en diálogo con El Grito del Sur.
«Al no tener un sistema centralizado tenemos un gran universo de situaciones que depende de cada obra social o prepaga, de cada tratamiento y de cada prestador en particular», explica. La tarea de los prestadores depende de varios eslabones: obras sociales y prepagas por un lado, centros categorizados y no categorizados por otro lado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), y en última instancia el Ministerio de Salud de la Nación. Esto explica buena parte de los problemas que acumulan y la dificultad para resolverlos a la hora de tener que direccionar sus reclamos a distintas entidades tanto privadas como estatales.
Los prestadores y las prestadoras son psicólogues, psicopedagogues, fonoaudiólogues, terapistas ocupacionales, entre otres profesionales de salud. «Dentro de este universo nosotros realizamos prestaciones de apoyo en consultorio o en domicilio, e integraciones escolares», cuenta Lucarelli.
El conflicto desatado con mayor fuerza en los últimos días tiene que ver no sólo con el adeudamiento de pagos -desde el mes de octubre en algunos casos-, sino fundamentalmente con la resolución 282/20 que «en su artículo 4 da vía libre a las obras sociales y prepagas para que, mediante sus propias auditorías médicas, determinen cuáles son los tratamientos que se cubrirán durante el aislamiento obligatorio, y cuántas horas semanales de los mismos», y la resolución 308/20 » que legitimaba de forma oficial los recortes. Aquí se limitan las sesiones a un máximo de 6 horas semanales y un máximo de 4 especialidades. Se imponen un sinfín de requisitos de facturación que sólo constituyen más palos en la rueda para cobrar nuestros honorarios».
«Nosotros contraponemos que hay que respetar las órdenes médicas previas que indican -con conocimiento del paciente y del caso- la cantidad y cualidad de las terapias que debe recibir», plantea la prestadora de servicios de salud. «Dar vía libre a las obras sociales y prepagas para realizar este recorte será en total detrimento de la cobertura de las prestaciones. La SSS debe regularlas, no darles mayor libertad para su accionar particular», protesta.
En un contexto de cuarentena obligatorialos trabajadores y las trabajadoras se han volcado a las redes sociales y han desarrollado distintas iniciativas para difundir sus reclamos. El pasado miércoles realizaron un twittazo y llegaron a ser sexta tendencia a nivel nacional con el hashtag #NoAlAjusteEnDiscapacidad. También han realizado un empadronamiento para relevar cuáles son las obras sociales y prepagas que cubrían los tratamientos y cuáles no. Además, lanzaron una solicitada en change.org con la que ya reunieron más de 20 mil firmas de personas que se pronunciaron en favor del pago total de sus honorarios adeudados.
Ahora continúan desde sus hogares a la espera de una pronta respuesta que solucione la difícil situación que están atravesando debido a «un ajuste en regla que ha propinado un zarpazo a los profesionales que trabajamos con las personas con discapacidad, y un ataque directo a los derechos de estas últimas, que son amparados por las leyes nacionales y por las convenciones internacionales a las que nuestro país adhiere».
En concreto, lo que piden es la derogación del artículo 4 de la resolución 282/20; la derogación de la resolución 308/20; que se pague la totalidad de las prestaciones aprobadas; que se garantice el derecho de las personas con discapacidad a sus tratamientos para una calidad de vida óptima; que se garanticen los ingresos de los profesionales correspondientes a los presupuestos 2020 ya aprobados; que se permita la carga de las facturas de enero y febrero; que no haya más retrasos en los pagos, el pago a mes vencido y que no haya más ajuste en discapacidad.
Si bien se rumorea que a partir de los reclamos de los últimos días se avanzaría en la derogación de la resolución 308/20, aún no ha salido nada publicado en el Boletín Oficial. Si bien esto representaría un gran avance, no modificaría los alcances del artículo 4 de la resolución 282 y se seguiría dejando por fuera a aquellas prestaciones que no pueden realizarse por videoconferencia, como kinesiología y las que no están en el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, como el acompañamiento terapéutico.
