Damián Loreti

«Hay que incentivar más instancias de pluralismo y diversidad en los medios»

Especialista en temas de acceso a la información y secretario del CELS, Damián Loreti es candidato a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y habla sobre el derecho a la comunicación en tiempos de pandemia, la responsabilidad de los medios y los controles para regular las fake news. "América Latina está muy complicada en materia de libertad de expresión", asegura.

Damián Loreti es un especialista en temas de libertad de expresión, radiodifusión y acceso a la información. Entre los años 2002 y 2006 fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) y, a lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como asesor legal, abogado de periodistas y de asociaciones de radiodifusión comunitaria ante tribunales nacionales e internacionales. Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada el 10 de octubre de 2009. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Tras acumular una extensa trayectoria, recientemente quedó nominado como candidato a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, una oficina que supervisa el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de los Estados miembros de la OEA en materia de libertad de expresión. De un total de 81 postulaciones recibidas, Damián Loreti quedó preseleccionado con otros nueve finalistas y ahora deberá atravesar una nueva etapa de evaluación y propuesta que culminará el 15 de septiembre de este año con la nominación del futuro relator o relatora.

En una entrevista con El Grito del Sur, Loreti habla sobre el derecho a la información en tiempos de pandemia, la responsabilidad de los medios de comunicación, la posibilidad de mayores controles para regular las fake news y la situación de la libertad de expresión en América Latina.

¿Cómo se resignifica la importancia del derecho a la información en este contexto?

La pandemia generó tensiones en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos humanos. Los tratados internacionales en esta materia tienen previsiones que en la mayoría de los países se excedió el modo de resolverlo, dado que tales previsiones tienen que ver con la seguridad y la propia pervivencia del Estado como causa de suspensión de garantías. Razón por la cual a mí no me gusta hablar de estado de excepción, sino de legislación de emergencia. Esta restricción de los derechos humanos debe realizarse cumpliendo un principio de proporcionalidad para el resguardo de la salud pública, sólo para eso y no más allá de lo imprescindible. La libertad de expresión es uno de los derechos que está en este supuesto, porque -cuando la situación descripta en la Convención Americana- los Estados pueden dictar la suspensión de garantías cumpliendo principios de legalidad, fin legítimo y estricta proporcionalidad. En este caso, a mi modo de ver, la suspensión en temas de acceso a la información o libertad de expresión no aplica porque se trata de saber las condiciones en las cuales está desarrollándose la lucha contra la pandemia. Esto es imprescindible. Y la persecución de la gente que opina en contra de cómo están haciéndose las cosas en muchos países trae el riesgo de una criminalización absolutamente indebida. Entonces el acceso a la información no es un derecho susceptible de ser restringido, la criminalización de los que están en contra por alguna razón viola principios elementales de la libertad de expresión y la transparencia activa debe ser todavía mayor.

¿Qué sucede en Argentina al respecto?

Aquí no se han dado muchos casos en los cuales se le haya requerido al Estado información y que éste no la haya brindado. No hay mayores presunciones de mentira respecto a la información que da el Estado argentino, y además hay más fuentes de información que el propio Estado. Si miramos el continente, eso no ocurre: en muchos lugares el Estado retacea números, datos e información sobre los modos de tratamiento. Eso genera mayor desconfianza y una restricción del ejercicio a la libertad de expresión. En muchos casos, como Bolivia, se quiso criminalizar por decreto acusando de ser noticias falsas todo aquello que contradijera la información oficial.

¿Qué balance se puede hacer sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a lo largo de estos dos meses de cuarentena?

Decir “los medios” es complejo, dado que no están funcionando todos igual. Lo que hay que evaluar es la cantidad de información científica versus la cantidad de información no demostrable científicamente que se brinda. Esto ya pasó con la Gripe A, no estoy diciendo nada nuevo porque ya hace diez años la mayor parte de las fuentes que se citaban para dar informes sobre situaciones médicas no eran científicas. Y la otra cuestión a distinguir claramente es que los medios y los periodistas no son lo mismo.

En cuanto a la proliferación de fake news en tiempos de pandemia, ¿cómo se logra un equilibrio para regular sin caer en actos de censura?

La censura es la censura previa, la regla de la prohibición o revisión de contenidos antes de ser publicados. Esto no puede ser aplicable a los contenidos periodísticos. Dicho esto, yo te diría que la parte más complicada que hoy se le podría pedir a un estudiante de derecho constitucional o derecho a la información es qué hacer con las fake news, porque lo que ha pasado en algunos casos durante el gobierno anterior en Argentina es que las plataformas cerraban las voces críticas y no necesariamente porque fuera falso lo que se decía. Entonces ahí hay un problema de comprobación, persecución y de buena fe; además hay un tema de confusión porque tratar de reaccionar sólo por temas de responsabilidades penales alrededor de las fake news cuando se refiere a personas, lo que hace que se piense más en el artículo 13.2 que es el de responsabilidades, que en el 13.1 que es el de libertad de expresión y universalidad de medios. Es todo muy complejo porque falta resolver quién es el árbitro de la verdad. No siempre las fake news se refieren a personas -en ese caso es un poco más sencillo-, dado que aquello es susceptible de tener derecho a rectificación o respuesta. Más complicado es cuando no se refieren a una persona: por ejemplo, el caso de Cambridge Analytics refiriéndose a las elecciones brasileñas, el Brexit en Inglaterra o el referéndum por los Acuerdos de Paz en Colombia. Las plataformas dicen “nosotros no podemos hacerlo”, pero para algunas cosas sí hacen control de contenidos. De hecho, Facebook acaba de inaugurar su cámara de apelaciones, por llamarla de algún modo. No es cierto que las plataformas no hagan revisión, pero al mismo tiempo cuando quieren bajar algún tipo de fake news -como lo que funcionan son algoritmos- tampoco hay una mano humana que resuelve eso. Lo mismo ocurre con la difusión alrededor de la protección de la propiedad intelectual, que el algoritmo resuelve cuándo hay copia y cuándo no. Ahí sí, lo primero que hacen es bajarlo. Si hay algo que rompe las reglas de la libertad de expresión sin censura, como ocurre en Estados Unidos, es la protección de la propiedad intelectual.

¿Creés que el Estado debe tomar alguna medida en relación a hechos de manipulación informativa como los ocurridos con las supuestas excarcelaciones masivas que no fueron tales?

Ahí todo depende de quién sea la fuente, porque en un caso parece que quien lo dijo fue una jueza. Si el medio lo único que hace es reproducir fielmente esa fuente, la situación es una -inclusive tendrá que haber una responsabilidad institucional de la fuente- pero otra es cuando los medios abordan el tema sin fuentes; ahí lo que hay que hacer es educación para la lectura de los medios, explicando que lo que no tiene fuente es poco creíble. Yo no sé si la responsabilidad resuelve el problema de dar una información falsa. Yo no soy muy amigo de eso, me parece que es contraproducente además. No hace que los medios sean más democráticos.

Una vez que finalice esta pandemia, ¿creés que el gobierno de Alberto Fernández debe avanzar en una nueva normativa que ponga freno al poder de las grandes corporaciones mediáticas?

Para hacerlo sencillo, un modo de regular el problema de la concentración de los medios se conoce como control de defensa de la competencia, lo cual es legítimo y existe en muchos lugares del mundo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Los relatores de libertad de expresión ya han dicho que lo que hay que prevenir ya no son ni siquiera los monopolios, sino la concentración indebida. La discusión es de qué modo se generan mecanismos de sustentabilidad que permitan financiar instancias de pluralismo y diversidad. No estoy diciendo que no sea importante cuando salgamos de la pandemia entender qué hacemos con la capacidad de estrangulamiento del discurso público. Lo que hay que hacer es incentivar fuertemente más instancias de pluralismo y diversidad en los medios, sobre todo con los medios sin fines de lucro o en los lugares de menor concentración urbana.

¿Qué rol cumple la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH?

Lo que hace el relator, como funcionario designado, es fiscalizar la situación de la libertad de expresión en los países de la región. Esto se puede hacer a través de informes nacionales, informes anuales o a pedido de los Estados para apoyar algún tipo de proceso legislativo específico. También lleva los casos que se elevan ante la Comisión Interamericana referidos a la libertad de expresión y presenta los casos ante la Corte Interamericana si los Estados no pueden llegar a un acuerdo con las víctimas ante casos de denuncias concretas. También hace requerimientos a los Estados para pedirles información en caso de denuncias basándose en el artículo 41. Esto sucedió, por ejemplo, durante el gobierno de Macri cuando personal armado ingresó al edificio de Tiempo Argentino.

¿En qué estado se encuentra el tema de la libertad de expresión en la región?

América Latina está muy complicada en materia de libertad de expresión por razones estructurales y razones coyunturales. Las estructurales tienen que ver con que el 43% de la población, según la CEPAL, no tiene banda ancha y eso refuerza todavía más la necesidad de acceder a medios abiertos que además mantengan el anonimato de las personas. En cuanto a las coyunturales, hay procesos no democráticos en muchos países -no tantos- que tienen que volver a su situación de normalidad constitucional y también abundan situaciones de funcionarios públicos agrediendo a medios o al público en general, particularmente a las mujeres y los grupos LGBTI. Eso se llama discurso de discriminación. También hay un serio problema con respecto al derecho de la propiedad intelectual. Eso en líneas generales, después hay cosas más novedosas y complicadas que tienen que ver con la vigilancia, el seguimiento por aplicaciones en los celulares, el reconocimiento facial y otros modos bastante complejos que ya existen en otra dimensión a partir de la intención de controlar la vida de la gente por vía de dispositivos electrónicos.

 

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