Exigen al Gobierno de la Ciudad que habilite hoteles para prevenir contagios entre la población en situación de calle

Mediante una carta dirigida a la ministra María Migliore, la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle exigió soluciones urgentes para la prevención de nuevos casos, luego del cierre del parador Retiro. El Observatorio por el Derecho a la Ciudad presentó un amparo en el mismo sentido. Desde la Ciudad respondieron que "los protocolos están funcionando".

El emblemático parador nocturno de Retiro, reacondicionado al inicio de la emergencia sanitaria junto a otros 40 galpones similares para que las personas en situación de calle tuvieran dónde hacer la cuarentena, debió cerrar sus puertas este lunes: 79 casos positivos en un centenar de testeos el pasado fin de semana fueron suficientes para que la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, aprobara clausurarlo hasta nuevo aviso. En su entorno explicaron a El Grito del Sur que la medida, extrema, no se tomará por ahora en el resto de los dispositivos, donde hasta ayer, dicen, había solo 4 positivos y otra decena de contactos estrechos “que fueron aislados en tiempo y forma”, en paradores como el Roca y el Polideportivo de Parque Chacabuco, entre otros. Las organizaciones sociales, sin embargo, alzaron la voz por la falta de transparencia en el protocolo de acción ante esos casos y advirtieron sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad e higiene para la población que está por fuera del sistema de los Paradores, más de 7 mil según el último censo popular. La preocupación es qué va a suceder con ellos cuando el pico de contagios coincida con la llegada del invierno, como se espera que pase en las próximas semanas.

Mediante una carta con fecha del miércoles, las organizaciones que forman parte de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle le exigieron a la ministra que adopte nuevas medidas urgentes, entre ellas “habilitar hoteles para el alojamiento gratuito” de las personas sin techo que están por fuera del sistema de dispositivos de emergencia, y establecer canales de diálogo que faciliten ingresos tanto a los dispositivos actuales como a distintas soluciones habitacionales transitorias, además de hacer un seguimiento de las personas que fueron aisladas y necesitan sostener sus vínculos afectivos y de cuidado.

La principal desconfianza de las organizaciones se centra hoy tanto en el protocolo que aplica la Ciudad a la hora de asilar casos estrechos en paradores como en la casi nula referencia que los funcionarios hacen al universo de personas que no registraron ingresos. Las organizaciones de la Asamblea formaron parte del censo popular que el año pasado detectó más de 7 mil hombres y mujeres en esa condición, un número muy por encima del oficial, que reconoció apenas unas 1100. “Pasaron dos meses desde el inicio de la cuarentena y no tenemos ninguna certeza de qué tiene pensado hacer el Gobierno de la Ciudad para cuidar a toda esa gente”, denunció en diálogo con este medio Jorgelina Di Iorio, referente de la Asamblea de Dorrego e investigadora del Conicet.

Una de las soluciones que propone la Asamblea es destinar hoteles que dispone la Ciudad, de manera gratuita, para complementar la red de paradores. Además, que el Ministerio garantice la alimentación y la higiene de las personas que siguen en las ranchadas, por ejemplo instalando baños químicos en la vía pública. También, el aumento de los programas destinados al alquiler de pensiones y los planes sociales propios de la Ciudad, como el ticket social.

“La cuarentena por ahora no cambió nada para mejor”, señaló Di Iorio sobre el rol del Gobierno porteño en la problemática. “La desconfianza de la gente a la hora de ir a un parador no se revirtió. Con el BAP es imposible comunicarse para hacer derivaciones, el 108 está saturado. Entendemos la situación de desborde, la idea no es hacer leña del árbol caído por los contagios, que iban a llegar de una forma u otra. Pero necesitamos un Estado más presente”, afirmó.

Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y la CTA Capital llevaron el reclamo de la apertura de hoteles a la Justicia. Pidieron anoche una medida cautelar “para que el GCBA reubique a las personas en situación de calle en hoteles que contrate la Ciudad o en viviendas sociales”.

La Justicia porteña, en dos fallos, uno de marzo y otro de este mes, ya le había ordenado al Gobierno de la Ciudad a garantizar mayores medidas de higiene en paradores y desarrollar un protocolo específico para aislamientos.

Desde el Ministerio de Desarrollo porteño no descartaron por ahora que se tomen nuevas medidas para población en calle, y afirmaron que se están aislando personas con contactos estrechos dentro de los mismos paradores y trasladando a algunos hoteles conveniados a personas que fueron contagiadas pero están fuera de riesgo.

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Matias Ferrari

Periodista, comunicador y militante social. Trabajó en Página/12 y colaboró en la investigación del libro "Macristocracia" publicado por Editorial Planeta.