5 mil millones para el sector privado, para los vecinos ni agua

El coronavirus desnudó el fracaso del «Impact Investing» en la Villa 31

El modelo de abordaje público-privado de la urbanización, comandado por consultoras, contrasta con la falta de consulta a las organizaciones sociales, que advirtieron hace un mes que el coronavirus podía hacer estragos en el barrio. Los millones que se llevan McKinsey y Almado SRL, los ejecutores de las "inversiones de impacto".

La implosión de contagios de coronavirus en la Villa 31 desnudó esta semana las carencias del modelo de urbanización que el Gobierno porteño ideó para el barrio. Durante los últimos cuatro años, la Ciudad de Buenos Aires encaró un proceso inédito de transformaciones arquitectónicas, en las que lleva invertidos más de 5 mil millones de pesos prestados por el BID y el Banco Mundial. Pero se mostró con muy poca capacidad de respuesta durante los diez críticos días en que coincidió el crecimiento de la enfermedad con la falta de agua potable.

Las organizaciones sociales y políticas encuentran una explicación al fracaso que quedó a la vista de todos. Varias semanas antes de confirmarse el primer caso (el 20 de abril) conformaron un comité de emergencia, a espejo de lo que sucede en muchos barrios populares del conurbano y el resto del país, integrado por curas villeros, voluntarios que paran las ollas populares y militantes de todas las tendencias. Elaboraron una lista de consultas, inquietudes y propuestas para determinar de qué manera actuar ante los contactos estrechos, las personas con síntomas y los traslados fuera del barrio. Pero nunca, dicen, recibieron un llamado para colaborar. Ni siquiera a la hora de planificar los testeos puerta a puerta que finalmente se realizaron esta semana, organizados en conjunto por Ciudad y Nación.

Esa falta de diálogo político y de participación efectiva de los vecinos en las decisiones, señalan los referentes de organizaciones consultadas por El Grito del Sur, es el núcleo del rechazo de buena parte del barrio al proceso de urbanización. Un ejemplo claro es el retraso de más de un año que arrastra la mudanza de unas 800 familias del bajo autopista hacia los edificios de viviendas populares del sector “YPF”. La discusión está trabada en la letra chica de la hipoteca que deberán pagar los vecinos, y en el complejo proceso de desglose familiar. Mientras negocia con quienes no se quieren mudar, el Gobierno porteño avanza con topadoras sobre las casillas de las familias que sí aceptaron el trato, dejando escombros, cacharros y basurales a su paso.

La ministra Maria Migliore y el secretario Diego Fernández, esta semana en la 31.

En contraste, las consultoras privadas tienen un inusitado protagonismo en las decisiones. La Secretaría de Integración Social y Urbana, encargada del proceso de urbanización, gastó nada menos que 126 millones de pesos entre 2016 y este año en contratos con consultorías de todo tipo y color. Prácticamente para todos los procesos hubo un proceso de consultoría, que abarcaron desde necesidades típicas de gestión como la certificación de procesos internos o Focus Groups para medir el alcance de las medidas a otros más cuestionables e insólitos, como aportar información sobre la “relación Mascota, Vecino y Ciudad”.

Pero entre todas las consultoras hay dos que destacan: Mckinsey SA y Almado SRL. Ambas consultoras son prácticamente una sola: comparten oficinas y directores; la segunda es una extensión de la primera. El principal directivo es Alejandro Preusche, un precursor en el país del “Impact Investing”, inversión de impacto, un modelo de negocios con una supuesta “perspectiva social”, de moda entre inversionistas snobs de todo el mundo.

Preusche es el director de Almado SRL y formó parte, a su vez, de Mckinsey. En junio de 2017, durante el XX Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), compartió discurso con el propio Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. El tema era la urbanización de la Villa 31 y las inversiones con perspectiva social. “Cómo apuntar el capital para lograr impacto social es la esencia de la cuestión”, dijo ese día. Más de una vez fue invitado por la juventud del Pro para dar charlas de ese estilo ante vecinos de la villa. Es que en los hechos, Almado y Mckinsey forman parte de la dirección de la urbanización.

Los “técnicos” de ambas consultoras estuvieron durante los últimos cuatro años trabajando prácticamente como si fueran empleados públicos dentro de muchas de las distintas direcciones con que cuenta la Secretaría de Integración. “Tenían reuniones con los equipos de la Secretaría, intercambiaban informes, presentaban proyectos. Y la ejecución de las acciones seguía las recomendaciones de esos técnicos de McKinsey”, relata una fuente que forma parte de dicha estructura.

Esa vinculación del sector público con el privado está en los genes políticos del titular de la Secretaría de Integración, Diego Fernández. Sin otro antecedente que haber gerenciado la cadena DaSushi, Fernández se formó en el «G25», uno de los think-tanks de cabecera de cuadros del sector privado reclutados para la gestión del Estado, entre cuyos directores se encuentran Esteban Bullrich y el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. «Somos un puente para el talento entre lo privado y lo público», se definen en su página web.

Diego Fernández, titular de la Secretaría de Integración Social y Urbana.

En 2016 y 2017, Almado SRL firmó dos contratos con la Secretaría de Integración, por un total de $10.600.000. El primero, para el “servicio especializado en Asesoría Estratégica en proyectos de vinculación público-privado para la integración de los Barrios 31 y 31 bis”. El segundo, con el fin de brindar “Servicios técnicos y profesionales prestados por empresas”.

Ya en 2018, la Secretaría de Diego Fernández firmó directamente con Mckinsey. El contrato fue por otros 14 millones de pesos, por servicios similares. Se ve que de mucho no sirvió, al menos para evitar la cartelización del sector privado: una investigación del diario Perfil reveló el año pasado que apenas cinco empresas controlan la mayoría de las obras de infraestructura, entre las que se encuentra, claro, la fallida conexión de las cañerías de agua.