El viernes 15 de mayo Luis Armando Espinoza (31) salió de su casa, junto a su hermano Juan Antonio, para ir a ver a su madre al paraje «El Melcho», a 70 kilómetros al sur de la capital tucumana. Esa misma tarde se llevó a cabo un enorme operativo policial para dispersar a un grupo de personas que organizaron una carrera de caballos, actividad que está prohibida en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado el 20 de marzo por el Poder Ejecutivo. A pesar de que Luis y su hermano no participaron del evento, ambos fueron brutalmente reprimidos cuando pasaron por la zona. En el caso de Juan, fueron tantos y de tal magnitud los golpes que le propinaron, que el joven quedó inconsciente y al despertarse se encontraba esposado, bajo custodia policial y sin información acerca del paradero de su hermano. «Pero antes de desvanecerse pudo ver que uno de los policías disparaba contra Luis y que lo cargaban en una camioneta», informó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a través de sus redes sociales.
Correpi fue uno de los primeros colectivos en salir a denunciar la desaparición de Espinoza y visibilizar el reclamo de su familia, que gracias a la movilización y la presión ejercida logró que la Justicia empiece a actuar rápidamente en la investigación del caso. La fiscalía secuestró las armas de la partida policial y la camioneta para realizar las pericias correspondientes. A partir de las pruebas recabadas se hallaron rastros de sangre en la camioneta. A continuación se dispuso la detención de nueve policías, mientras el ministro de Seguridad provincial y el jefe de la fuerza fueron citados a una interpelación en la Legislatura.
Se trata del subcomisario Rubén Montenegro, el oficial auxiliar José Morales, el sargento primero René Ardiles, el sargento Víctor Salinas, los cabos Miriam González, José Paz y Claudio Zelaya, el agente Gerardo González Rojas, otro policía de apellido Romano y Héctor Villavicencio, personal de seguridad privada contratado por el municipio de Monteagudo. Todos ellos prestaron declaración indagatoria entre los días jueves 21 y viernes 22 de mayo. «Dos de los imputados, González Rojas y Zelaya, ya tenían el antecedente de haber matado a golpes a Alan Andrada (20), detenido a la salida de un boliche en octubre de 2018, causa convenientemente archivada por la Justicia», destacó María del Carmen Verdú, referenta de Correpi, en diálogo con El Grito del Sur.
«En las indagatorias, dos de los policías, que argumentaron una “participación menor”, rompieron el pacto de silencio y señalaron la zona donde fue trasladado el cuerpo ya sin vida», revela Verdú. Finalmente, el cuerpo de Luis Armando Espinoza fue hallado ayer envuelto con bolsas de plástico y precintado en la zona de Alpachiri, provincia de Catamarca, a 200 metros del límite con Tucumán. Desde la organización antirrepresiva apuntan contra los policías como responsables materiales del hecho y acusan a los gobiernos provincial y nacional por la responsabilidad de lo sucedido.
Hechos como éste vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca del poder concedido a las fuerzas de seguridad en este difícil contexto de aislamiento, donde son las encargadas de administrar y hacer cumplir la cuarentena. Sobre este punto, la abogada y activista opina: «Las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado. No actúan por sí, sino en cumplimiento de las directivas que reciben del poder político, a través de los funcionarios del área que las conducen y dirigen». «Como lo advertimos el día de la entrada en vigencia del DNU 297/2020 y sus equivalentes provinciales, y lo corroboramos a lo largo de los pasados dos meses, eso necesariamente derivó en un incremento notable de todas las formas represivas ya existentes», añadió.
Por último, María del Carmen Verdú agregó: «La decisión de apelar a la represión para garantizar el cumplimiento de la cuarentena implica la de profundizar su ejercicio. La gravedad de la situación hizo que debiéramos publicar 44 reportes diarios, además de otras notas por hechos puntuales, para visibilizar el impacto represivo de esa decisión política, que viene costando detenciones ilegales, aplicación de tormentos, muertes –sobre todo en lugares de detención- y, ahora, una desaparición forzada seguida de muerte». «Toda situación de excepción tiene esa consecuencia, a partir de la ampliación de facultades discrecionales y arbitrarias», sentenció.
