Hacia una salida más equitativa de la pandemia

El fantasma «chavista» que no existe: mitos y realidades de la estatización de acciones

La diputada nacional Fernanda Vallejos sugirió que el Estado adquiera "una participación en el capital de las compañías" a cambio de los subsidios que está otorgando frente a la crisis. La oposición puso el grito en el cielo, pero la iniciativa no va a contramano de lo que sucede en los países desarrollados.

Un sector del kirchnerismo más duro, encabezado por la economista y diputada nacional Fernanda Vallejos, propuso que el Estado adquiera «una participación en el capital de las compañías» que reciban subsidios frente a la crisis del coronavirus. «Es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden», expresó Vallejos a través de Twitter.

Esta iniciativa, que busca convertirse en proyecto de ley despertó el rechazo de la oposición, que en boca del diputado Luis Petri (Juntos por el Cambio) definió esta idea como «una locura populista» y sostuvo que «el Gobierno por razones sanitarias obliga a las empresas a cerrar sus puertas, pero ahora busca apropiárselas cuando les ofrece ayuda para mantenerlas a flote». La propia Patricia Bullrich, presidenta del Pro, dijo que «la concepción es ¨yo te puedo expropiar¨ y eso es Chávez».

Cada vez que aparecen en la Argentina intenciones de aplicar reglas de juego más justas entre el Estado y las grandes corporaciones privadas, los grupos de poder utilizan a toda hora sus vocerías mediáticas para tergiversar este tipo de propuestas y demonizarlas antes de que puedan ser discutidas en su real dimensión. La propuesta de Vallejos tiene el riesgo de caer en dicha trampa. Más allá de lo que plantean sus detractores, resulta interesante contemplar algunos mitos y realidades de la iniciativa para que el Estado tenga una mayor participación en el capital de las compañías que cotizan en Bolsa. ¿Esto va a contramano de lo que sucede en los países más desarrollados del mundo frente a la lucha contra la pandemia del COVID-19?

-Participación no es igual a expropiación. La participación del Estado en el capital accionario de empresas privadas no es algo nuevo ni tampoco reviste un carácter expropiador. En el año 2015, sobre el final del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado Nacional era dueño a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses del 9% de las acciones de Aluar, empresa monopólica en la producción de aluminio; del 3,5% de las acciones de Cresud; del 20% de Molinos; del 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel; del 26% de las acciones de Siderar; del 11% de Petrobras; y el 31% de las acciones del Banco Macro. También estaban en poder del Estado el 20% de las acciones del Banco Galicia, el 25% de Nordelta y el 9% del Grupo Clarín. Esta participación estatal se mantiene vigente en la mayoría de los casos, pero empezó a reducirse progresivamente durante la gestión de Mauricio Macri: en 2016, por ejemplo, el FGS vendió a Pampa Energía -propietaria de la distribuidora Edenor- el 11,85% del capital social de Petrobras Argentina, a cambio de 156 millones de dólares.

Actualmente, el Banco Macro es la empresa privada donde el Estado conserva mayores niveles de participación accionaria (27,49%).

-Europa estatiza y suma mayor presencia en empresas frente a la crisis. La iniciativa de la diputada Vallejos es bastante moderada en relación con lo que ocurre en el Viejo Continente frente al agujero económico que provocó la pandemia. En marzo pasado, el gobierno de Italia anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia, que se encontraba desde hace varios años en graves dificultades económicas, previendo «la constitución de una nueva sociedad íntegramente controlada por el Ministerio de Economía y de Finanzas, o controlada por una sociedad con participación pública mayoritaria». En Alemania, según informó el portal Der Spiegel, el rescate a la aerolínea Lufthansa con financiación pública por unos 10 mil millones de euros se traducirá en la toma de una participación del 25,1% por parte del gobierno. Además, desde hace varias décadas, el Estado alemán es accionista de una empresa líder como Volkswagen. Algo similar ocurre en Francia con Renault y Air France, en Estados Unidos con Chrysler y General Motors, en Italia con Finmeccanica, en España con Hispasat y en el Reino Unido con Lloyds Bank.

-Las grandes empresas piden ayuda sin ofrecer nada a cambio. Es sabido que Techint y Clarín se acogieron al programa de ayuda gubernamental para el pago de sueldos, algo que estaba previsto en un primer momento únicamente para las Pymes en medio de la emergencia económica. «Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas», planteó Vallejos. Sin embargo, estas dos grandes empresas se niegan a colaborar a cambio de la recepción de estos subsidios: luego de amenazar a fines de marzo con el despido de 1450 operarios de su constructora, ahora Techint volvió a la carga echando a 30 operarios de una contratista exclusiva de su fábrica de tubos sin costura Tenaris-Siderca (en la localidad de Campana); por su parte, Clarín-AGEA anunció a comienzos de este mes que pagaría el sueldo de abril en dos cuotas, en un contexto en el que casi la mitad de sus laburantes recibe salarios por debajo del umbral de pobreza.

La «nueva normalidad» debe ponerse en discusión

Detrás de este planteo y de otros como el impuesto a las grandes fortunas, se juega en gran medida la creación de condiciones objetivas que permitan una salida más equitativa de la pandemia. La «nueva normalidad» debe estar acompañada de concesiones mayores por parte de los sectores económicos que acumularon ganancias millonarias en los últimos años, que en algunos casos están escondidas en paraísos fiscales. Caso contrario, pagarán únicamente quienes ya están sufriendo en mayor medida los costos de la crisis y se acentuarán las desigualdades estructurales en un país atravesado por el fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia desde el año 2016 hasta la fecha.

 

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