Manejando desde el auto y sin cámara. La reunión informativa de Diego Fernández, el exGrupo Sushi encargado de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empezó mal. Fernández es el principal responsable de la urbanización de la Villa 31 y, por consiguiente, el funcionario encargado de dar explicaciones por los -hasta ahora- 628 casos de COVID-19 confirmados en un barrio que pasó la mayor parte de la cuarentena sin agua.
La reunión tenía por objeto abordar la situación sanitaria que atraviesa la Villa 31 y las medidas dispuestas por el GCBA, pero la exposición de Fernández fue realmente breve y el informe distó mucho de satisfacer a los legisladores y las legisladoras de la oposición.
La presentación inicial fue escueta: menos de 20 minutos para explicar la situación epidemiológica del principal foco de contagios en todo el país. La primer parte de la intervención de Diego Fernández estuvo orientada a promocionar el trabajo del GCBA en temas de publicidad. «Tenemos 8000 vecinos en grupos de WhatsApp y atención telefónica», comenzó el funcionario, omitiendo los alarmantes números de contagios en el barrio. «Probamos un recurso que resultó ser muy interesante: los motocarros con parlantes», explicó Fernández.
Luego de destacar el trabajo de las postas sanitarias en algunos de los accesos, el secretario porteño hizo gala del operativo DETECTAR, una iniciativa conjunta con el Gobierno nacional que comenzó a implementarse a partir del aumento de la curva de contagio de COVID-19. Las explicaciones de Fernández no convencieron. Una vez terminada su intervención inicial, fue interpelado por las legisladoras María Bielli, Gabriel Solano, Lucía Cámpora, Juan Manuel Valdés, Ofelia Fernández y Santiago Roberto. Allí los opositores señalaron los principales déficits y omisiones del funcionario.
María Bielli señaló los peligros que existen por el mal manejo de los contactos estrechos, los problemas y errores en los traslados y la falta de respuestas para los vecinos durante el tiempo que pasa entre el hisopado y la entrega del resultado. «No existe un lugar donde puedan pasar la noche las personas que no tienen su diagnóstico», señaló la legisladora del Frente de Todos. Asimismo, entre las preguntas realizadas destacó la consulta por la finalización de las obras del barrio y la preocupación por el desalojo de muchos inquilinos, principalmente con aquellos que han sido, son o serán COVID positivo.
Por su parte, el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, solicitó la renuncia del funcionario en tanto responsable máximo de la situación en la 31. Asimismo, en sus intervenciones, tanto Lucía Cámpora como Ofelia Fernández hicieron referencia a las falencias en el servicio de agua, las mudanzas realizadas por el GCBA durante el aislamiento y las pésimas condiciones de vivienda en el barrio.
Crecen los reclamos por un protocolo de actuación para barrios populares
«El Barrio 31 tiene la mejor red de agua potable de cualquier otro barrio vulnerable de la República Argentina», señaló Fernández. En ese sentido, destacó la construcción de un acueducto de 3 kilómetros, inaugurado en el mes de noviembre, la realización de obras correspondientes a un caño troncal y justificó el desabastecimiento explicando que no había presión de agua. «Actualmente, no tenemos ninguno de los 11 mil comercios y viviendas del barrio sin agua», sentenció Fernández, en el país de las maravillas.
Entre los principales reclamos de la oposición, se destacó la ausencia de un protocolo para barrios vulnerables, medida que exigen desde las bancadas del Frente de Todos y el Frente de Izquierda desde hace más de un mes. De hecho, los legisladores opositores presentaron un plan sanitario de emergencia que no fue tenido en cuenta por el oficialismo porteño.
Por último, los diputados exigieron respuestas por la contratación de consultoras con funciones poco especificadas por montos millonarios. «La dependencia que hizo la contratación tiene poco personal del gobierno», finalizó Diego Fernández.
