El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció esta semana que se adelantará el receso invernal en la provincia para empezar con un esquema progresivo de regreso a las aulas. El mismo constaría de cuatro fases y tendría su inicio el lunes 15 de junio. La idea es comenzar con las zonas rurales, para luego avanzar sobre los grandes centros urbanos que registran mayores niveles de aglomeración poblacional. Sin embargo, los gremios docentes rechazan la disposición y ya le han hecho llegar sus objeciones a la cartera educativa que conduce Isolda Calsina. «Tenemos serias observaciones respecto de lo que ha determinado el gobierno provincial, y más específicamente el Ministerio de Educación», dijo Dario Abán, secretario general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), en diálogo con El Grito del Sur.
La Fase 1 pone el foco en los establecimientos de zonas rurales con albergue, a los efectos de garantizar apoyo escolar, servicio alimentario y conectividad para el conjunto de los y las estudiantes. La actividad se pondrá en marcha el 15 de junio, bajo una modalidad que implicará 20 días presenciales y 10 días a la distancia, alcanzando así a 2.393 niños y niñas, 970 docentes y 493 no docentes. La Fase 2 será para establecimientos de zona rural dispersa y aglomerada, y regirá desde el 22 de junio. En este caso, la modalidad será la misma para la zona rural dispersa, mientras que en la aglomerada será de 5 x 2, es decir cinco días presenciales y dos a la distancia. Alcanzará a 12.186 alumnos y alumnas, 3.213 docentes y 912 no docentes.
La Fase 3 comenzará una semana más tarde, el 29 de junio, y aplicará para establecimientos de zona urbana de alta vulnerabilidad. La modalidad será de 1 día cada grado por semana. En este caso alcanzará a un total de 42.470 estudiantes, 6.259 docentes y 1.369 no docentes. Por último, la Fase 4 tardará un poco más y empezaría recién el 13 de julio de acuerdo a lo programado. Será para instituciones de zona urbana de vulnerabilidad media y baja, aplicando la misma modalidad que en la fase anterior, pero afectando esta vez a 102.544 jóvenes y adolescentes, 12.953 docentes y 2.976 no docentes.
Los sindicatos docentes de la provincia realizaron una larga lista de objeciones a la medida anunciada este miércoles por el gobernador Morales y exigen soluciones urgentes para poder retomar la presencialidad en las escuelas. «Más allá de la pandemia del coronavirus, acá en la provincia estamos sufriendo un golpe muy duro con el dengue», advierte Abán. «Hacia fines de febrero y los primeros días de marzo, desde el sindicato le decíamos al Ministerio de Educación que no se podía iniciar el ciclo lectivo porque teníamos un relevamiento de Infraestructura Escolar en los distintos establecimientos de la provincia que reflejaba serias falencias. Sin contar desinfección, desmalezamiento, la limpieza de los tanques, y una batería de cosas que hacía imposible y riesgoso el inicio de las clases», explica el representante de los y las docentes de Jujuy. «Ahora, tres meses más tarde, esto no se solucionó sino que empeoró», señala.
ADEP, junto a otros sindicatos de la provincia, elaboró distintos protocolos -que se diferencian del realizado por el gobierno provincial- para atender la situación que atraviesan en este momento y la posibilidad de retornar a las instituciones educativas en poco más de 15 días. En ese sentido, el secretario general del sindicato plantea: «Nosotros estamos alertando que si no hay una medida responsable por parte del Ministerio (de Educación) y del Ejecutivo provincial en lo que refiere a la asistencia sanitaria, se va a poner en riesgo a un montón de personas no solo por el coronavirus, sino también por el dengue». «Está en juego la salud de toda una comunidad: directivos, secretarios, docentes y niños sobre todo», advierte.
A los cuestionamientos se suma también la falta de diálogo entre los funcionarios y los representantes gremiales. Éstos critican que no fueron consultados antes de anunciar esta medida, que los involucra de lleno. «Ellos tienen un estilo en el que simplemente comunican lo que han determinado, no hay ningún tipo de diálogo ni consenso. Lo mismo nos pasa con las paritarias», protesta Abán.
Faltan aún 17 días y el escenario es incierto. A pesar de la decisión de Gerardo Morales y la ministra Isolda Calsina, la comunidad docente de la provincia no parece estar dispuesta a dar el brazo a torcer, arriesgando su salud y la de sus estudiantes y familias. Restará ver cómo evolucionan las conversaciones para conocer las determinaciones finales sobre la vuelta a clases presenciales.
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