Eugenio Raúl Zaffaroni

«Una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte»

Lejos del ruido y la furia de las cacerolas, el ex juez de la Corte intenta poner el foco en la superpoblación y el hacinamiento que hacen de las cárceles una bomba de tiempo en plena pandemia, poniendo en riesgo a la población carcelaria y a todo el sistema de salud. También dispara contra Berni, Majul y el "populacherismo punitivista".

Las cacerolas suenan en la noche porteña del jueves y el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, contesta mails desde una computadora prestada. Mientras la polémica que mantuvo con el ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, ocupa las pantallas, el ex Supremo lidia con cortes de luz intermitentes desde su caserón del barrio de Flores, donde pasa la cuarentena. Algunos de esos correos los recibe El Grito del Sur, como parte de un intercambio sobre la primera crisis política que afronta el Gobierno en plena pandemia, luego  que dos tribunales de Casación, uno provincial y otro federal, concedieran el beneficio temporal de la domiciliaria a un puñado de presos por delitos no violentos. En lo que escribe prima un tono tranquilo y hasta optimista, lejos del ruido y la furia que envolvió a la polémica excluyente de esta semana. “No se trata de perdonar a nadie, ni creo que sean necesarias amnistías ni indultos. Pero una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte. Creo que la opinión de la mayoría de nuestro pueblo responde al sano uso de la razón, por mucho que quiera confundírsela”, responde.

El primero de los mails, con fecha del miércoles previo al cacerolazo, desarrolla por qué mantener la situación actual de hacinamiento en las cárceles es una sentencia de muerte por coronavirus sobre muchos de los presos. Habla de una bomba a punto de explotar, que los fallos de Casación -en principio- intentaron evitar, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de las cárceles. Dice así: “No se trata sólo de los presos, se trata de cualquier institución en la que convive gente concentrada, o sea, cárceles, manicomios, hogares, todo a lo que se llama instituciones totales. En las cárceles es más grave, debido a la superpoblación. El riesgo de expansión de la pandemia en esas condiciones es mucho mayor, porque la velocidad de contagio es entre ocho y diez veces más rápida que en la sociedad libre. Una explosión de esa naturaleza generaría un colapso del sistema de salud, que es lo que estamos tratando de evitar”.

Para Zaffaroni, el debate no se centra únicamente en el puñado de delincuentes violentos (homicidios, femicidios y violaciones) que también recibieron el beneficio, sino de la situación sanitaria que se vive en los superpoblados penales del país, a la que debe dársele respuesta desde el Estado. Las estadísticas de Ejecución de la pena de la Justicia bonaerense lo avalan: el 44,5 por ciento está preso por robo o tentativa de robo, la principal razón de detención, frente al 13,8 por ciento que ocupan los homicidios dolosos. Además, el 48 por ciento del total de la población bonaerense presa no está condenada todavía, y cursa una prisión preventiva.

“Todas las estadísticas muestran que la gran mayoría de nuestros presos, además de no estar condenados, están por delitos contra la propiedad, y muchísimos de ellos sin violencia física contra las personas. Pasada la emergencia, los que no hayan agotado la pena en estos meses volverán a la cárcel. No tiene sentido decir que un carterista o un descuidista en prisión domiciliaria y con el control que hay en las calles en este momento va a realizar una masacre o cualquier otra cosa por el estilo”, reflexiona.

La pelota, dice, la tienen ahora los jueces, sobre quienes pesa buena parte del repudio que explotó y terminó por velar la complejidad del problema. “La Constitución es muy clara: las cárceles son para seguridad y cualquier otra severidad innecesaria hace responsables a los jueces. Es cuestión de reducir la población penal al 80 por ciento de su capacidad normal, es decir, de que queden en las prisiones los presos de mayor gravedad y agresividad que, por cierto, no son la mayoría ni mucho menos”.

«Por otro lado, queda claro que una pena privativa de libertad no puede convertirse en una pena de muerte. Siempre hay opiniones divergentes que, todos sabemos por experiencia, adonde nos han llevado en otros momentos de nuestra historia. Creo que la opinión de la mayoría de nuestro pueblo responde al sano uso de la razón, por mucho que quiera confundírsela. Es mucho mejor proceder con racionalidad, que no luego con represión innecesaria y al final con salidas tumultuarias e irracionales», concluye.

Foto: Archivo. Abril Pérez Torres

BERNI y LOS GORILAS

El segundo de los correos, con el título “Berni”, llega en plena discusión pública con el ministro de Seguridad bonaerense, quien aseguró por TV que si dependiera de él, “no saldría libre ninguno”, al tiempo que culpaba a Patricia Bullrich por la superpoblación en los penales. “Berni tiene toda la razón en dos cosas”, introduce, ya en un tono que intercala algo de ironía y aspereza. “Primero en que la superpoblación carcelaria se debe a la política de Bullrich y su compañía, es decir, al populacherismo punitivista. Y, en segundo lugar, en que la cuestión la deben resolver los jueces, porque así lo dice claramente, por si alguien lo duda, el artículo 18 de la Constitución”.

“La contradicción de Berni es cuando dice que la «masacre» la hacen los presos”, agrega Zaffaroni, respondiendo también al discurso que el ministro bonaerense encarna y que hizo mella en un sector importante de la sociedad. “Berni sabe muy bien que en las cárceles tiene muy pocos homicidas y violadores, que nadie está diciendo que salgan de donde están. Por ende, de lo que se trata es de liberar temporalmente, porque no se acorta la pena, sino que pasarían unos meses en sus casas, todo el chiquitaje de presos condenados o imputados por delitos sin violencia física. Puede que alguno muy descerebrado quiera cometer otro hurto, pero con la policía que hay hoy, rápidamente volvería a la cárcel. Siempre supimos que quien quiere meterse en la cárcel lo consigue sin problema. Pero son pocos. El resto volverá cuando pase la pandemia. ¿De qué masacre habla Berni? El chiquitaje de Bullrich no incurrió en ninguna masacre ni lo hará. Su contradicción está en que reconoce la responsabilidad del discurso de Bullrich y después le da la razón”.

El tercer mail llega sin título y es un archivo de Word, con una columna de opinión que lleva su firma a publicarse en breve y a la que accede ante la consulta de tomar algún fragmento, antes de despedirse con “cariños”. “Desde hace muchas décadas nuestro país sufre una pandemia peligrosa que es el gorilismo, del que hoy parten voces de alucinados: la base electoral del kirchnerismo son los presos dice Majul. Los presos en la Provincia de Buenos Aires son unos 74.000 más o menos y en el sistema federal unos 14.000, o sea, menos de 100.000. ¿Supone Majul que eso significa el 36 o 39% de los votos? El error de cálculo es demasiado grande. Los presos nunca fueron “negocio político”; si lo hubiesen sido, las cárceles no estarían como están”, reflexiona. Y el que quiera pensar, que piense.

 

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