“No se respeta el distanciamiento entre personas, no se provee de alcohol en gel en espacios comunes, no se observa cartelería que indique los medios para prevenir el contagio”. El cuerpo oficial de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires detectó éstas y otras irregularidades durante una visita, de fines de abril, a uno de los hoteles familiares porteños, el “Zavalía”, ubicado en el barrio de Constitución. El informe final que la propia Dirección General de Fiscalización y Control entregó a las autoridades de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano concluye que en el lugar “no se cumplen los protocolos básicos de higiene para la prevención de la transmisión del COVID-19”, y recomienda “el traslado de los alojados a establecimientos que cumplimentan con la normativa de funcionamiento, higiene y seguridad”.
El relevamiento describe condiciones muy similares a las que padecen los habitantes de las villas, los hospitales de salud mental y los paradores para personas en situación de calle, donde se concentra el 70 por ciento de los casos positivos en territorio porteño. En la Ciudad hay por lo menos un centenar de hoteles y pensiones como el Zavalía, y se estima que están habitados por al menos diez mil familias de bajos recursos, que necesitan de un subsidio del Gobierno porteño para poder alquilar.
Además del informe de los inspectores, a los ministros Fernán Quirós y María Migliore les llegó al final de la semana pasada dos oficios del Asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno, con advertencias en ese mismo sentido. Moreno les exigió “efectuar a la brevedad un relevamiento sanitario respecto de la totalidad de las personas” alojadas en el Zavalía, para conocer hasta dónde el coronavirus se instaló también en esa población vulnerable, y pidió además que elaboren de urgencia un protocolo específico para todos los hoteles de la Ciudad, que insólitamente no existe al día de hoy.
“A casi dos meses y medio del comienzo de la cuarentena, los hoteles que albergan familias de los programas habitacionales del Gobierno porteño no tienen un protocolo específico para evitar la transmisión viral, o manejar casos confirmados o sospechosos de COVID-19”, señaló Moreno a El Grito del Sur.
Según el informe de los inspectores, las condiciones edilicias preexistentes del Zavalía hacen imposible cumplir con las medidas de aislamiento e higiene. Los baños, compartidos por 94 familias, no tienen inodoro. Las cocinas no se limpian, la humedad corroe las habitaciones y no existe un registro actualizado de las personas que lo habitan. El Ministerio de Desarrollo conocía esa situación al menos desde septiembre del año pasado, cuando el hotel fue clausurado, pero aún no se tomaron medidas.
