En medio de una ola de prisiones domiciliarias, vuelven los escraches a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.
Fotografía: Pedro Funes |
El pasado 14 de diciembre, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicales y barriales, se congregaron en el Espacio de la Memoria Ex Olimpo para marchar al domicilio de Alfredo Omar Feito en repudio al privilegio de la prisión domiciliaria que le fue otorgado. Esta modalidad empieza a instaurarse, a partir de la asunción de Mauricio Macri, como parte de los nuevos mecanismos que otorgan impunidad a los represores.
«Cacho» estuvo en el Cuerpo V del Ejército en Bahía Blanca e integró el Batallón 601 de Inteligencia. En 2007 fue detenido después de estar prófugo durante 4 años. Recién en 2012 fue condenado a 18 años de prisión en la causa ABO II y a 10 años por la causa Contraofensiva. Participó en secuestros, torturas y desapariciones perpetrados en los CCDTyE Olimpo y El Banco, ubicados a pocas cuadras de su hogar en el barrio de Floresta.
En 2015 la Cámara de Casación confirmó su condena y negó el pedido de prisión domiciliaria. Un año más tarde, valiéndose de la actual coyuntura política y haciendo caso omiso a los informes del Cuerpo Médico Forense sobre la buena salud de Feito, los jueces Tassara, Giménez Uriburu y Lijo le conceden dicho privilegio.
Durante el 2016 se otorgaron más de 50 prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad. Los medios hegemónicos buscan instalar una idea de revanchismo sobre la política de DDHH con el objetivo de desestimar un movimiento político que lucha incansablemente desde hace años por la construcción de una memoria colectiva que levante las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
La política de derechos humanos llevada a cabo por el Estado nacional durante la última década quedó sepultada y avasallada para dar lugar a una política de desfinanciamiento y, por consiguiente, un profundo vaciamiento del área. En el presupuesto aprobado para el año entrante, se registra una reducción que va del 10 al 15%. El recorte de planes estatales sobre Memoria y Derechos Humanos ha sido una de las principales medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos. Y como no les gusta eso de universidades por todos lados, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo ha sido atacada y hoy en día se encuentra en una situación muy crítica, corriendo riesgo el normal funcionamiento que ya se vio afectado durante este año dentro de la casa de estudios.
Sin embargo, la constante vocación de reemplazar a la última dictadura cívico-militar por una idea de guerra sucia, y la reducción del número de desaparecidxs a tan solo 9.000, no ha logrado frenar los gritos de miles de personas que no están dispuestas a renunciar al pedido de cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas implicados en el proceso más sangriento y doloroso que vivió nuestro pueblo, como así tampoco olvidar que los compañerxs detenidxs-desaparecidxs fueron y serán 30.000.