Por decisión del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, este año el presupuesto para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA) sufrirá un recorte de 67 millones de pesos.
Para entender la situación es recomendable retroceder un poco. Cuando llegó el momento de determinar el presupuesto 2017, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto en el cual el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales. Luego, tras la insistencia de las organizaciones y las modificaciones sufridas en el Congreso, el presupuesto para el área se vio revalorizado –triunfo que el gobierno se encargaría de que no se sostenga en el tiempo-.
Al poco tiempo, el 11 de Enero, se hizo público en el Boletín Oficial el recorte por 67 millones que sufriría el área borrando gran parte de los avances logrados en el debate presupuestario. Tras esta embestida, ayer, diversas organizaciones relacionadas a la defensa de los derechos de las mujeres presentaron un amparo “para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM”.
La presidenta del CNM dijo que todo esto solo era producto de un error y que ya había sido solucionado mediante una reasignación presupuestaria ordenada por jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda. La realidad es que al día de hoy no ha aparecido ningún documento que sustente estos dichos, es decir, con decir que se trató de un error no se rectifica el valor jurídico que posee la norma publicada en el Boletín Oficial y es por eso que las organizaciones no se conforman con esta respuesta y siguen en estado de alerta.
Mientras la sociedad se moviliza masivamente para repudiar la violencia machista a través de las marchas de “Ni Una Menos” o en expresiones como el “Tetazo” que se vivió la semana pasada en todo el país, por parte del gobierno se sigue notando un doble discurso. Mientras que los voceros oficiales salen a hablar de la necesidad de apoyar las movilizaciones y levantar las consignas que repudian la violencia de género, las acciones concretas del gobierno se tornan claramente contrapuestas al tomar este tipo de medidas que buscan frenar y rebajar la importancia de esta problemática que se ha cobrado la vida de 57 mujeres entan solo 48 días que van del 2017, lo que equivale al asesinato de una mujer cada 18 horas.
Además, las organizaciones buscan con este amparo poner un límite al uso abusivo por parte del Poder Ejecutivo de su potestad para interferir en la voluntad expresada desde el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios y más aún cuando se trata de presupuesto asignado para garantizar derechos humanos.
