Los derechos de los migrantes obsesionan a Ana Paula Penchazadeh al punto de dejarla exhausta: es su tema de estudio, de producción científica, y también la arena de su militancia política, por lo que por estas horas en las que está vigente el decreto de necesidad y urgencia 70/2017, cuyos 33 artículos endurecen la política migratoria –“nos devuelve a la época de la ley de residencia”, dice–, su agenda se atiborró de conferencias, actos, reuniones, exposiciones. Politóloga especialista en migración y derechos humanos del Conicet y del Instituto Gino Germani de la UBA, fue una de las voces autorizadas que se opusieron al DNU en su paso fugaz por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso. Lo mismo volverá a hacer hoy, aunque desde la calle, mezclada entre los colectivos y organizaciones de migrantes que aprovecharán la inauguración del segundo período de sesiones ordinarias de la era Macri para expresar su rechazo a la nueva norma. “Nos movilizamos para visibilizar que lo que está pasando con la política migratoria es gravísimo, un retroceso de cien años: se confunde migración con delincuencia, se suspende el principio de presunción de inocencia y los migrantes están a tiro de la deportación por cualquier hecho menor”, advirtió Penchazadeh en diálogo con El Grito del Sur.
¿Por qué marchan hoy los migrantes?
Porque se ha modificado la política migratoria por decreto, sin debate, de espaldas a la población. Resulta entonces prioritario visibilizar la situación, plantear que se debe dar un debate adecuado, a la altura de las consecuencias que implica. El decreto pasó por el Congreso sin pena ni gloria, los legisladores de Cambiemos eludieron su discusión, se utilizaron estadísticas falsas para vincular migración y delincuencia. No se revisó ni una coma de los 33 artículos del decreto, por lo que es muy probable que llegue al recinto tal como lo redactó el ejecutivo. 115 años después de la ley de residencia, que expulsaba a los anarquistas del país, estamos discutiendo una reforma migratoria sin discusión parlamentaria: ni siquiera para una elite oligárquica como la de 1902, que sancionó aquella ley horrorosa, se le ocurrió dictarla por decreto.
El Gobierno alegó la “urgencia” del decreto en un supuesto combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Pudo justificarlo hasta ahora?
Los argumentos sobre la urgencia son falaces. El decreto modifica la ley de migraciones y la ley de ciudadanía, dos leyes relacionadas con el derecho penal, y la constitución argentina es muy clara respecto a que el derecho penal es una materia vedada al Ejectuvio, que sólo puede legislar el Congreso. Por eso decimos que, en principio, es inconstitucional, y que no hay ninguna urgencia para debatir una política pública que afecta a dos millones de personas. La falacia de la urgencia vino acompañada, además, por otra: que el migrante es un delincuente. Para eso, el Gobierno manipuló estadísticas: analizó sólo el sistema penitenciario federal, en el que hay 1600 migrantes extranjeros presos por narcotráfico. Pero ese número es irrelevante si se toma todo el sistema carcelario, donde hay apenas 4449 presos –sin distinción de delitos– sobre un total de dos millones de migrantes. En números absolutos son la nada misma. Sólo el 5,8 por cientode los presos son extranjeros. Por eso insistimos en visibilizar el debate, porque la posición del Ejecutivo es débil y, contradictoriamente con su discurso, antirrepublicana.
Resulta difícil, de todas formas, encarar un debate cuando proliferan los discursos xenófobos, como se dio nada menos que durante la campaña presidencial de Estados Unidos.
Es que el neoliberalismo opera de esa manera: las formas más violentas de xenofobia tienen una función muy concreta de legitimar políticas económicas de exclusión usando al migrante como chivo expiatorio. Busca legitimidad en el rechazo a los extranjeros. Pasa con Trump, pasó con Obama y pasa con un gobierno como el de Macri que destruye trabajo, no tiene nada bueno que mostrar y, como no tiene costo político, se la agarra con los extranjeros.
¿La deportación que prevé el decreto nos iguala con EEUU?
Es un decreto que va de la mano con un endurecimiento a nivel mundial, efectivamente. Si esto pasa sin debate, se naturaliza que los migrantes son delincuentes. El DNU incorpora el trámite sumarísimo de expulsión sin condena firme. Eso es gravísimo, no se veía, insisto, desde la ley de residencia que perseguía a los extranjeros anarquistas, en 1902. Por ejemplo, si un residente extranjero en argentina, sin papeles, tiene un accidente de tránsito y es acusado de homicidio culposo, puede ser expulsado del país. Sin juicio, sin justicia, lo que también desampara a la potencial víctima. Estamos así invirtiendo el principio de presunción de inocencia.
Respecto de los papeles, de la documentación. ¿Cuál es la respuesta que hasta ahora venía dando el Estado?
Nadie elije estar sin papeles. Hay claramente una ineficiencia del Estado. Que por otro lado no tiene para los funcionarios costo político, porque el migrante no vota, es un derecho fundamental que no se cumple y en el cual insistimos como eje de una política inclusiva que los contemple como sujetos con los derechos que tiene el resto de los ciudadanos. Mientras tanto, hace falta desvincular el goce de derechos de la condición regular o irregularidad del migrante, algo contra lo que atenta este decreto.
