La Cámara de Senadores convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto para el uso medicinal del cannabis. Luego de obtener la sanción en Diputados, los 58 senadores presentes avalaron la iniciativa. En los palcos, madres y familiares de niños y niñas que usan la sustancia para tratar enfermedades crónicas celebraron la aprobación, tras una larga lucha por instalar el debate en la sociedad y organizarse solidariamente, en la búsqueda de aplacar el dolor que estas enfermedades provocan en sus seres queridos.
Todos los días se conocen nuevos ejemplos del fenomenal cambio en el estado de salud de los pacientes, tras probar el cannabis. Hay miles de historias. Para empezar, hay que tener en cuenta que la vida de una familia cambia drásticamente cuando un familiar es diagnosticado con una enfermedad crónica. Es habitual hasta el día de hoy que el paciente lleve varios años probando fármacos, que cuestan una exorbitante suma de dinero, sin obtener resultados del todo satisfactorios. Y, por si esto fuera poco, a menudo provocan efectos colaterales.
Así, una vez agotadas las posibilidades de la medicina tradicional, el cannabis puede aparecer como opción alternativa. Los familiares suelen reconocer la importancia del boca en boca, cuando alguien de la familia escucha o lee acerca de sus efectos terapéuticos, o de estudios científicos realizados en otros países. Y aún con las dudas que puede generar aquella planta, por la falta de información o por ser históricamente demonizada por ciertos sectores políticos conservadores, cuando la esperanza siempre vigente, se arriesga y se prueba. Y los resultados maravillan.
La ley aprobada en el congreso es la primera legislación que reconoce las propiedades terapéuticas del cannabis. Además, plantea que se impulse su investigación a través de la creación del «Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales», en la órbita del Ministerio de Salud.
La iniciativa contempla la autorización para cultivar cannabis por parte del Conicet y el INTA con fines de investigación médica y/o científica. Entre los objetivos que figuran en el «Programa Nacional» también se encuentran la capacitación de profesionales de la salud en el uso del cannabis medicinal y la entrega gratuita de marihuana de parte del Estado a todas las personas que se inscriban en dicho programa
«Creo que el proyecto que se aprobó en el Congreso Nacional – sostiene el legislador Pablo Ferreyra (FPV) – le brinda un respaldo enorme a la lucha de tantas familias para poder acceder a una terapia alternativa, que les brinda resultados muchísimo mejores que los que la medicina tradicional puede ofrecerles». Al mismo tiempo, afirma que «es una puerta que se abre a la ampliación de derechos, lo que permite que otras discusiones en cuanto a este tema puedan ser encaradas en un futuro inmediato. Creo que por fin la clase política está comprendiendo que la sociedad ya ha alcanzado niveles de consenso altos, y que estas leyes vienen a enmarcar prácticas y usos que nuestros compatriotas ya realizan».
Es por eso que, en cuanto al acceso a la planta y sus derivados, la ley abre nuevos interrogantes, y deja grandes temas pendientes. Por ejemplo, el hecho de que la legislación no autoriza el cultivo personal, colectivo o solidario de cannabis, siendo una de las principales vías de aprovisionamiento para los usuarios medicinales.
«En lo que hace al cannabis medicinal – expuso Sebastián Basalo, director de la revista THC, en las jornadas Cannabis Sapiens realizadas en el Conicet -, creo que el mejor ejemplo es el de Canadá. En este sentido, creo que es una regulación posible, que se da en una democracia avanzada, y que consiste en darle a los usuarios terapéuticos la posibilidad de acceder al cannabis de diferentes maneras». Así – explicó Basalo -, en Canadá se puede acceder al cannabis medicinal a través de una farmacia, como un fármaco estandarizado, con el seguimiento, el diagnóstico y la receta de un médico. Pero a su vez el Estado permite que las personas puedan cultivar su propia medicina, y en lugar de juzgarlas «porque puedan o no producir cannabis de calidad, lo que hace el Estado es brindarles herramientas para mejorar esa calidad».
Por su parte, Pablo Ferreyra sostiene que la ley que impulsó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se plantea el mismo problema, ya que «agrega un punto que consideramos crucial: el cultivo de cannabis». De esta manera, afirma que «la legalización del uso debe incluir la capacidad de producirlo de forma legal en nuestro país, como hacen tanto quienes cultivan para sí y como para otros. No queremos que esta ampliación de derechos termine beneficiando a los grandes laboratorios, que pueden encarecer aún más el producto. La investigación también está contemplada en nuestro proyecto, para que las familias puedan saber qué producto están recibiendo y cuáles son las características que tanto bien les hacen a los usuarios».
