Cómo sigue el 2×1

Foto: Nicolás Cardello

La multitudinaria marcha del miércoles contra el fallo de la impunidad caló hondo en el sistema político y judicial.

La multitudinaria marcha del miércoles contra el fallo de la impunidad caló hondo en el sistema político y judicial. Tras la tibia y tardía reacción del presidente Mauricio Macri, quien condenó el «2×1» pocas horas antes que la plaza de mayo rebalsara de pañuelos blancos, el Ejectuvio publicó hoy en el boletín oficial la promulgación de la ley que el Congreso sancionó a las apuradas para contener el descontento social y que apuntó a revertir lo firmado por los supremos Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz. Según trascendió, la Corte prepara una nueva sentencia basada en la nueva ley, que prohíbe la aplicación del «2×1» para procesados por delitos de Lesa Humanidad, decisión con la que espera remendar el desprestigio social que pesa sobre ellos desde hace una semana.

Macri dejó listo el decreto antes de viajar hoy a China, pero la tropa de Cambiemos, lejos de enfriar el tema, cuyo costo político todavía está siendo medido en la Casa Rosada, salió a calentar el debate. La diputada de la Coalición Cívica y principal espada del oficialismo para las elecciones porteñas, Elisa Carrió, declaró que Rosatti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz acutaron «conforme a derecho». Defendió, además, el derecho de los genocidas condenados a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria (apenas 455 de los 750 condenados por delitos de Lesa Humanidad cumplen condena en cárceles federales, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad) y pidió «verdad» para “las víctimas civiles de la guerrilla”. «Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna», sostuvo la diputada, que estuvo ausente en el recinto a la hora de votar la ley que buscó anular lo dictado por la Corte. En ese punto, coincidió con la representante de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, quien también consideró que el 2×1 para represores «se ajusta a derecho».

«El problema no es el fallo sino el 2×1. Lo que votaron los jueces de mayoría es la resolución de un problema de interpretación, que es arduo, difícil, viejo y lo resolvieron de modo razonable”, dijo por su parte el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, buscando despegar a los supremos del escándalo.

Sancionada la ley, la Corte va por una jugada que apunta no sólo a descomprimir el descontento social, sino también a frenar la rebelión de varios jueces federales a cargo de las causas de Lesa. El fallo desató una oleada de pedidos de libertad en todo el país. Genocidas procesados y condenados se presentaron ante varios juzgados exigiendo que se les reduza la pena. Ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán declaró inconstitucional la aplicación del 2×1 en casos de lesa humanidad y dijo que otorgar el beneficio equivaldría a «una amnistía y una prescripción camuflada», al rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa del represor Carlos Eduardo Trucco. Lo mismo sucedió en Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de esa provincia rechazó aplicar el criterio utilizado por la Corte y denegó la excarcelación del represor Arnoldo «Chubi» López, condenado a prisión perpetua por 241 secuestros y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los jueces cordobeses entendieron que en el caso de “delitos tan graves como, entre otros, la desaparición forzada de personas” deben «ajustarse a los estándares internacionales fijados por el sistema interamericano de derechos humanos y los tratados incorporados a nuestra Constitución Nacional».

Anoche, Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que celebró la resolución del Tribunal Oral Federal número 6 que rechazó el pedido de excarcelación del represor Víctor Gallo, apropiador del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela. “En virtud del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, Gallo fue uno de los primeros represores en solicitar que se le conmute la pena con la aplicación del 2×1. El represor ya había hecho este pedido en 2016 pero el TOF 6 lo había rechazado indicando que esa ley no era aplicable a su caso”, sostuvo el organismo presidido por Estela de Carlotto.

Frente a semejante panorama, no es de extrañar que la Corte de marcha atrás en las próximas horas, aunque le costará recuperar prestigio frente al sector social que consideró el fallo como un retroceso que no está dispuesto a tolerar. En las últimas horas, sin embargo, fueron perdiendo peso los pedidos de juicio político sobre los tres firmantes. Queda pendiente la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien recibió la causa en la que Rosatti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz fueron imputados por «prevaricato».

Se suma, además, otro tema que quema en las manos de los cinco ministros del máximo tribunal: deberá fallar a favor o en contra del pedido de nulidad de la detención de Milagro Sala, presa política en el penal de Alto Comedero de Jujuy desde enero del año pasado. Tuvieron la desgracia que el 2×1 coincidió con la llegada a la argentina de la delegación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas, encabezada por su titular, Sedonji Roland Adjovi. Adjovi visitó ayer Alto Comedero y escuchó de boca de varias internas y de la propia líder de la Tupac denuncias de torturas, traslados a celdas castigo y «permanente hostigamiento». Dió mas tarde una conferencia de prensa y ratificó la totalidad del fallo emitido en octubre pasado que ordena al Estado argentino la «imediata liberación» de la líder de la Tupac Amaru. Según trascendió, la Corte definirá a finales de Junio la situación de Milagro.
Quien también salió golpeado fue el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Durante el acto del miércoles, los organismos pidieron su renuncia. La lista de facturas que los organismos tienen con el ex ladero del banquero Rubén Beraja es larga, y se remonta a la tarde de fines de 2015 en la que el funcionario recibió nada menos que en la ex ESMA a familiares de «víctimas del Terrorismo». «Estoy comprometido con los derechos humanos. En ningún momento hice en mis palabras una defensa de cualquier atajo que se quiera utilizar para las conmutar las penas de los represores. En todos los delitos, son defensor de que las penas son para cumplirlas», dijo Avruj.

El secretario de DDHH personalizó como nadie el cambio de postura del Gobierno frente al tema. Pocas horas después del fallo, sostuvo que el Gobierno se limitaría a acatarlo en respeto de la «división de poderes». El miércoles, a tono con el clima político, festejó la plaza llena.