El reciente fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le puso un punto final a la detención arbitraria de Milagro Sala. En cuestión de días, el poder judicial de la provincia de Jujuy y su jefe en los hechos, el gobernador radical Gerardo Morales, terminarán por acatar el último de una larga lista de llamados de atención y reclamos de organismos internacionales que velaron por la integridad de la dirigente social a lo largo del año y medio que lleva presa de forma ilegítima. “No comparto que la CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos, aunque sus cautelares son obligatorias”, concedió ayer Morales -no sin pataleos- a través de Twitter, dando por sentado que pondrá a Sala en libertad.
En la misma línea se expresó el jefe de los fiscales de Jujuy, Sergio Lello Sánchez: “En caso de arribarse a alguna de las alternativas que plantea la CIDH como salida a la cautelar a la que hizo lugar, desde el Ministerio Publico Fiscal se va a postular que se cumpla con el arresto domiciliario”, precisó el funcionario.
En su fallo del viernes, la CIDH ordenó al Estado argentino tomar «medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario», o bien que Sala «pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». El mismo estuvo basado en el relevamiento de las condiciones de detención de la dirigente en el penal de Alto Comedero de Jujuy, que funcionarios de la Comisión -entre ellos su presidente, Francisco Eguiguren- visitaron en junio de este año, paradójicamente invitados por el propio Gobierno. Allí constataron que Sala «se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable».
En el entorno de la dirigente se mostraron esperanzados. Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Milagro Sala, advirtió que «sería muy grave» que Morales decida desoír el fallo. «Confiamos y esperamos que se vaya a dar cumplimiento. Sería muy grave que el Estado desconozca la resolución de la Comisión», afirmó.
Según la defensa de Sala, el gobierno jujeño tiene 15 días hábiles para cumplir con la cautelar de la CIDH. Desde su entorno, se especulaba con que la liberación de la dirigente será posterior a la visita del presidente Mauricio Macri a la provincia, que será este miércoles, en el marco de la campaña.
