El canto tuvo voz de madre: «Yo sabía/ que a los pibes/ los mató la policía». Muchas llegaron afónicas hasta Plaza de Mayo, donde las esperaba un escenario montado de espaldas a la Casa Rosada para relatar -por enésima vez- cómo la policía les mató al hijo. Para volver a contar quién era ese pibe o esa piba cuyo rostro llevan desde hace años o apenas meses pegado al cuerpo o impreso en un cartel o en una bandera, junto a una leyenda que pide «justicia»: Sonia Colman, Germán Gómez, Sergio Filiberto, Jonathan «Kiki» Lezcano, Nelson Aguirre, Mariela Nasat, Matías Casas, Fabián Alberto Gorosito, Gonzalo Fernández, Carlos Ochoa: la lista es tan larga como dolorosa. Y cada uno encierra una misma geografía: barrios populares, familias trabajadoras, un Estado al que se lo siente sólo cuando se oye un disparo, cuando uno de ellos no vuelve a casa. La tercera marcha nacional contra el Gatillo Fácil sintetizó esta tarde toda esa angustia y pidió, otra vez, «basta de matar a nuestros jóvenes».
«A mi sobrino lo fusiló la policía del departamento de Chiriba, en San Juan, que lo tenía en la mira porque no bajaba la mirada. Tenía 18 años y toda una vida por delante. Lo extrañamos», contó Carla Ochoa, tía de Carlos Ochoa, que cayó a manos de la policía la noche del 12 de diciembre de 2016. Y siguió: «Tres días después del asesinato, los responsables fueron puestos en libertad por el juez Martínez Yasaldo. Gracias».
«Yo no tengo ni un juez para putear, porque nadie se hace cargo de la causa de mi hijo. Sólo pido justicia», dijo más tarde Cristina Almeyda, mamá de Nicolás Vargas, que cayó baleado en la esquina de las calles 38 y 155,en La Plata, el primero de abril de este año. Cada vez que una de ellas tomó el micrófono, la multitud que llenó la Plaza respondió al grito de «justicia».
Este año, contaron los organizadores a El Grito del Sur, marchó más gente que el año pasado. Todos los años, dijeron, «somos más»: son más las madres, más los familiares y más los amigos y militantes que marchan porque cada año se suman de a cientos los muertos que se cargan las fuerzas represivas del Estado. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), suman 5200 los pibes y pibas de todo el país que fueron asesinados a sangre fría por las balas que disparan efectivos de la policía, que murieron masacrados en comisarías y cárceles o reprimidos durante una manifestación desde 1983 hasta la fecha. 259 de ellos -incluido Santiago Maldonado- los puso el macrismo.
La encargada de enumerar los reclamos fue la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. «Basta de matar a nuestros pibes, cuyo único pecado es ser jóvenes y pobres. Queremos la libertad para todos los que están presos sin condena, injustamente. Y decimos no a la baja de la edad de imputabilidad, y queremos saber dónde está Santiago Maldonado», exclamó. Desde el escenario se agradeció la presencia de Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, y de Alberto Santillán, padre de Darío.
«Esta es una lucha que surge de las entrañas de las madres y los familiares que perdieron a uno de los suyos por la represión de un Estado que mata a los pibes pobres, a los militantes y que encima, ahora, acusa de terroristas a los que pelean por trabajo o por la tierra», le dijo a El Grito Alberto Santillán. «También pasaba con el gobierno anterior, que nunca hizo nada por llevar justicia a estas familias», agregó.
Sobre el cierre, antes la lectura del documento conjunto firmado por todas las organizaciones que se movilizaron -Correpi, Frente Popular Darío Santillán, entre otras-, habló Isabel Olguín, madre de Andrés Nuñez, albañil y jugador de Estudiantes de La Plata considerado el primer desaparecido en democracia. «Entraron a mi casa como en la dictadura», recordó Isabel aquella noche de 1990. «Le metieron picana. Lo descuartizaron y se deshicieron del cuerpo. Me amenazaron con que iba a ser otra Julio López, pero acá estoy, luchando junto a ustedes».
