«Estamos gestando una revolución»

Cuatro madres abrieron su corazón y contaron sus historias en las que la ausencia estatal y la violencia institucional derivaron en la pérdida de sus hijos y, en el último caso, en la lucha cotidiana para que su hija tenga futuro en una sociedad donde no sea discriminada por ser trans.

“Nos declaramos en rebeldía, no vamos a entregar un hijo más”, manifestó Pilar Díaz, integrante de Madres Amazonas, la agrupación de mujeres revictimizadas por la justicia patriarcal en favor de los violentos y/o abusadores de niños y niñas, el pasado sábado en el debate que se llevó a cabo en la Mutual Sentimiento, con miras a la semana contra la Trata de Personas bajo el lema “Se Trata de NO + Trata”.

“El Estado es responsable, junto a los jueces y los fiscales que lo enterraron como NN”, dijo Angélica Urquiza, madre de Jonathan “Kiki” Lezcano, el joven de 17 años víctima de gatillo fácil en la Villa 20 hace 8 años atrás. “Quedarme en casa no arreglaba nada, tenía que salir a la calle”, comentó Angélica mientras recordaba el sufrimiento que vivió debido a la policía y a la justicia. La búsqueda de Kiki duró más de dos meses, hasta que el cuerpo apareció enterrado como NN recién el 14 de septiembre de 2009.

En ese momento se acercó a la Comisaría a denunciar lo sucedido, pero lejos de ayudarla se la llevaron detenida y le abrieron una causa por robo de autos cuando Angélica ni siquiera sabe manejar. “Negra de mierda -le dijo un oficial de la Comisaría 52-, te vamos a enseñar a no denunciar”, y la golpearon y la tuvieron detenida durante 13 horas.

A Kiki lo mató la policía y lo desapareció el Estado, con la complicidad de la justicia que en manos del Juzgado de Instrucción 49, a cargo del Dr. Fernando Cubas, sobreseyó a Santiago Veyga, el policía de la Federal procesado por la muerte del joven. Sin embargo, a fines de 2012, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento y removió al juez Cubas, dejando a cargo a Juan Ramón Padilla, perteneciente al Juzgado de Instrucción 24, quien elevó la causa a juicio oral. Pero nuevamente Veyga salió airoso de la situación, con la ayuda del Tribunal Oral Criminal 16 que lo absolvió y le dio la posibilidad de volver a la fuerza.

Luego tomó la palabra Gabriela Mansilla, presidenta de la Asociación Civil de Infancias Libres: Madres de niños y niñas trans, quien tras 1 año de lucha logró que le entregaran a su hija Luana el DNI. “Salí a pelearme con la sociedad”, expresó  y fue de ese modo que consiguió sentar un precedente para los niños y las niñas trans que tendrían que esperar hasta la mayoría de edad para que se les reconozca su identidad.

Sin embargo, una de sus peleas fue con su entonces pareja. “El progenitor de Luana me decía que era un monstruo, no una madre”, recuerda Gabriela mientras cierra los ojos y gesticula una media sonrisa, y añade lamentándose: «la psicóloga que consulté me mandó a corregir a esta niña para reforzar su masculinidad, hasta aceptar que el padre le pegara». 

Gabriela es simplemente un madre que escuchó a su hija, que por más que no entendiera lo que le pasaba la acompañó buscando su felicidad y tratando de darle la mejor vida posible. “¿Cómo no voy a salir de mi casa si el promedio de vida de las personas trans es entre treinta y cinco y cuarenta años?”, expresó.

Más adelante continuó Margarita Meira, referente de Madres Víctimas de Trata, quien manifestó que “el problema es que uno cree en lo que dice la justicia”, y relató cómo el poder político estuvo involucrado en el caso de su hija Susy, quien fue asesinada luego de ser obligada a prostituirse hace veinticinco años.

Según relató, en un momento se acercó a la SIDE por sugerencia de un vecino para que la ayuden en la búsqueda. Allí la recibió Raúl Martins, junto con Antonio “Jaime” Stiuso y Pedro “El Lauchón” Viale, quienes le prometieron encontrar a su hija. “Años después me entero que Martins era el dueño de Shampoo, el boliche donde había estado mi hija secuestrada” y agrega que “la trata paga campañas políticas y hoy tengo que luchar con el mismo Presidente proxeneta”. “Somos las nuevas Madres de Plaza de Mayo y vamos a denunciar a todos los prostíbulos, porque donde hay uno hay trata”.

Foto: Karen Cortés

Por último fue el turno de Pilar Díaz, quien manifestó que “es una lucha cruel y desigual”, porque ni el Estado ni la justicia la ayudaron cuando ella denunció a su ex pareja, perteneciente a la fuerza policial, por violencia de género. Al igual que Margarita y Angélica, Pilar tuvo que sufrir una detención ilegal cuando fue a buscar a su hija al jardín, ya que la esperaban policías que la llevaron y la golpearon.

“Nosotras no le pedimos nada al Estado, nos plantamos, nos declaramos en sororidad y solidaridad absoluta con las madres y mujeres que están peleando contra la violencia patriarcal”. Hoy por hoy, Pilar lucha para que el progenitor, imputado y procesado por el delito de secuestro extorsivo en la provincia de San Luis, le devuelva a sus hijos.

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Gabriela Perchante

Abogada (UBA), estudiante de periodismo (TEA) @gabyperchante