Miles de personas, en su mayoría mujeres, comenzaron a marchar esta tarde desde Plaza de Mayo hacia el Congreso para exigir la despenalización y legalización del aborto, cuya práctica clandestina es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias del país. El destino final de la marcha -el Congreso- tiene que ver con que allí duerme el proyecto de ley presentado en marzo de 2016 por cientos de organizaciones civiles, sociales y políticas que conforman la campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Es la sexta vez que la Campaña presenta el proyecto, dado que durante las cinco ocasiones anteriores, desde 2010 a la fecha, la iniciativa no pasó de la mera discusión en comisiones de Diputados y perdió estado parlamentario.
Según estima el Ministerio de Salud de la Nación, se practican entre 370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año en todo el país. La cifra no es redonda por la condición ilegal de la práctica, lo que lo transforma, mas allá del debate teocrático que plantean los sectores conservadores del catolicismo, en un problema de salud pública y de violencia de género por parte del Estado.
A las muertes que produce la ilegalidad hay que sumarle la persecución judicial. Pese al fallo de la Corte Suprema de 2012, que despenalizó la práctica en casos de violación o riesgo de vida para la mujer, se detectaron durante 2015 al menos 30 causas penales contra mujeres que buscaron la vía legal para abortar, de los cuales 7 derivaron en fallos que las obligaron a parir, según un informe conjunto del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Buenos Aires (CEDES) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Hoy, en todo el mundo, bajo el lema #UnGritoGlobal las mujeres salieron a pedir la despenalización, portando el simbólico pañuelo verde que las identifica.