Para el juez Gustavo Lleral, quien se hizo cargo de la investigación tras la recusación de Guido Otranto, la principal hipótesis en la desaparición forzada de Santiago Maldonado apunta a Gendarmería. Así se lo confirmó en Esquel a la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, quien hizo pública la postura del juez en un reportaje con La Vaca. «Le pregunté al juez si la hipótesis principal era la de desaparición forzada y dijo que sí: esa es la hipótesis que ellos están investigando”, reveló. Como presidenta de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, Donda encabezó la comitiva de diputados y senadores de todos los bloques -entre ellos Daniel Lipovetsky, del PRO- que viajaron para sesionar en la ciudad del sur donde cursan las dos causas que intentan dar con el paradero y reconstruir las circunstancias de la desaparición del joven. Además de entrevistarse con el juez, los legisladores tomaron nuevos testimonios de integrantes de la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, dialogaron de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y se reunieron con representantes de organismos de derechos humanos.
“Los miembros de la comisión de Derechos Humanos aquí presentes queremos expresar la necesidad de construir un vínculo de confianza entre las distintas expresiones del Estado y la comunidad mapuche. Es la única manera de lograr el esclarecimiento sobre las circunstancias que lamentablemente terminaron con la desaparición de Santiago Maldonado, así como lo que permitirá arribar prontamente a una solución de fondo», reza el comunicado conjunto firmado por los legisladores miembros de la Comisión que viajaron hasta Esquel.
Además de Donda y Lipovetsky, viajaron Facundo Moyano y Horacio Alonso (Frente Renovador), Juan Carlos Giordano y Nathalia González Seligra (FIT), Silvia Horne (Movimiento Evita) y Santiago Igon, Walter Santillán y Oscar Martínez (FpV). La presencia en Esquel de dirigentes de todo el arco político fue la respuesta institucional más firme que ha tenido el Estado frente al caso, en contraste con las evasivas permanentes y los intentos por desviar y entorpecer la investigación sobre el paradero de Santiago que protagonizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se dió en un clima de acercamiento de la familia del joven a la justicia a partir del cambio de juez.
Sobre las responsabilidades institucionales se refirió precisamente Donda en diálogo con La Vaca: «El tipo penal de la desaparición forzada debe incluir a las y los funcionarios que por acción y omisión permiten que el delito se siga cometiendo”, dijo. Lipovetsky prefirió arremeter contra Otranto, quien terminó apartado de la causa por sostener en el expediente las piruetas del Gobierno para exculpar a Gendarmería: «Lamentablemente se perdieron muchos días valiosos con Otranto, que no estuvo a la altura de las circunstancias», reconoció.
En tanto, si bien desde la llegada de Lleral no hubo grandes avances, el nuevo juez decidió apartar del expediente a los abogados de Gendarmería y prometió a la familia un nuevo rastrillaje sobre el río, lo que fue confirmado por Sergio Maldonado en una reciente entrevista televisiva. Según una denuncia presentada esta semana por la diputada del FIT Myriam Bregman, Sergio y el resto de los familiares de Santiago fueron espiados por esa fuerza durante el primer mes y medio en el que se pusieron al frente de la lucha por recuperar a Santiago. La denuncia fue presentada ante el juez Casanello y es una ampliación de las pruebas en la causa que investiga el «proyeco X». También fueron presuntamente espiados miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre los que se encuentran Julio Saquero y Mabel Sánchez.
