Dos meses atrás, el primero de septiembre, unos 30 manifestantes fueron detenidos como resultado de una «cacería» encabezada por la Policía de la Ciudad, que arremetió durante la desconcentración de la primera marcha a Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Veintidós de ellos fueron procesados esta semana por el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, pese a que muchos fueron detenidos a más de 300 metros de los hechos. Hoy, a pocas horas de una nueva marcha, la Justicia porteña concedió una medida cautelar para resguardar la seguridad de los manifestantes que hoy exigirán Justicia por Santiago Maldonado.
La resolución la firma el juez Marcelo López Alfonsín y ordena al Gobierno porteño «extremar los recaudos que correspondan a fin de garantizar el respeto y protección de los derechos de los participantes en la manifestación». La medida fue solicitada por Daniel Catalano (ATE Capital), el legislador Pablo Ferreyra y los abogados Leandro Macía (CONADU) y Mariano Teszkiewicz (UBA).
La sentencia hace alusión a que «en manifestaciones anteriores sucedieron hechos que fueron de público y notorio y cuyas responsabilidades y consecuencias se hallan en investigación», en referencia a los disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados en las marchas en las que se exigía la aparición con vida de Maldonado. Según denunciaron manifestantes, organizaciones y dirigentes, se sospecha que esos encapuchados responderían a las mismas fuerzas de seguridad o inteligencia del Estado. La medida ordena al Gobierno porteño tomar recaudos para evitar que se repitan estos hechos y así resguardar la seguridad de los participantes y su derecho a manifestarse.
Catalano se presentó en representación de la seccional Capital Federal de la Asociación Trabajadores del Estado, mientras que Ferreyra lo hizo en su carácter de legislador porteño, Macía como apoderado de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y Teszkiewicz consejero de la Facultad de Derecho de la UBA por el Frente de Abogados Populares. Los dirigentes solicitaron garantías judiciales para el comportamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la manifestación de hoy. Entre ellas, la debida identificación de todos los efectivos que participen en el operativo de seguridad de acuerdo a la ley 5688 que establece la obligación de que todo el personal policial se encuentre uniformado y la prohibición de portar armas de fuego en manifestaciones públicas.
El juez López Alfonsín concedió parcialmente la medida, detallando que es puntualmente el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el responsable de proteger a los manifestantes, a partir de la sanción de la ley porteña de Seguridad Integral y la creación de la Policía local.
