En Retiro, en el cruce de las calles Letonia y Antartida Argentina, funcionó hasta el año pasado una escuela de nivel inicial número 5 y la escuela Bandera Argentina, conocida en el barrio como «La Banderita». El Gobierno de la Ciudad, en contra de la voluntad de la comunidad educativa, decidió demolerla y trasladar a unos 100 chicos de la villa 31 a un galpón sin luz, ni aire y ubicado en una zona que los vecinos consideran peligrosa.
Los docentes arrastraban desde hace varios años un conflicto por las desmejoradas condiciones edilicias de la escuela. En 2016, luego de una larga lucha,lograron presentar un proyecto de ley consensuado que contemplaba la creación, en ese mismo predio, de un polo educativo, cultural y deportivo.
Las ilusiones duraron poco: al año siguiente desembarcó la prepotencia del oficialismo. Los funcionarios porteños anunciaron la demolición y que lxs estudiantes serían trasladados a una nueva sede. “El gobierno apareció en el barrio con un proyecto absolutamente vertical, sin ninguna participación del barrio, diciendo que transitoriamente iban a mudar las escuelas a un galpón”, describió Florencia Diasprotti, delegada de Ute, en diálogo con El Grito del Sur.
“La nueva sede es un galpón que no cumple que con los requisitos mínimos para funcionar como un establecimiento educativo: no tiene luz, ventilación, patio para las actividades físicas ni cuenta con un plan de evacuación; las calles para llegar ni siquiera tienen veredas o semáforos”, aclaró Diasprotti. Además, es un espacio notablemente más chico por lo que el traslado viene de la mano de la pérdida de más de 100 vacantes. Dato de suma relevancia si tenemos en cuenta la situación de falta de vacantes que se vive en la Ciudad de Buenos Aires desde hace algunos años y cómo repercute esto en las numerosas familias que necesitan dejar en las escuelas a sus hijos para poder cumplir con su jornada laboral.
Ante la situación de absoluta precariedad que intentaban imponer, la comunidad educativa decidió presentar un amparo para frenar el proyecto del gobierno macrista. La Justicia les dio la razón, pero ya era tarde. “Teníamos a los chicos rindiendo en diciembre y teníamos a los tipos sacándonos las mesas de adentro de las aulas porque se habían enterado que estaba el amparo y estaban desesperados por mudar y demoler para que no les caiga el amparo antes”, destacó la delegada.
Con la demolición ya consumada, el juez dispuso que el Gobierno de la Ciudad al menos debía cumplir ciertos requisitos básicos: las clases debían comenzar normalmente y debía garantizarse el acceso a la nueva sede. Continuando con la estrategia de desoír incluso al poder judicial, los requisitos hasta el momento siguen sin cumplirse. La escuela galpón sigue estando lejos de parecerse a una escuela y por eso las clases van a seguir sin comenzar por tiempo indefinido y las inscripciones para los niveles de lactantes y deambuladores directamente no fueron habilitadas.
En cuanto a garantizar el acceso, hasta el día de hoy hay micros que transportan a los niños que van a las escuelas de difícil acceso del barrio. El problema es que al sumarse una escuela más, necesariamente debería ampliar el cupo de micros. Todavía nada se ha avanzado en ese sentido.
Además, y no casualmente, el galpón pertenece a la familia del Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Los vecinos sostienen que el traslado de la escuela a ese terreno forma parte de una maniobra para desviar la guita que se podría usar para la construcción del polo educativo hacia los bolsillos de los funcionarios macristas. “Para alquilar ese espacio, el Gobierno de la Ciudad paga desde Julio del año pasado $552.000 por mes, y a partir de Julio de este año pasarían a ser $775.000. Mientras tanto el galpón sigue inutilizado y los pibes sin escuela”.
“Está claro cuál es el proyecto del gobierno de la ciudad: no abren escuelas, hay 12 mil chicos sin vacantes en la ciudad y el problema sigue en aumento”, sostiene Florencia. Los hechos hablan por sí mismos. En este marco las medidas no se harán esperar. La comunidad educativa convoca al acto de no inicio de clases que van a realizar el 1° de Marzo, el día que deberían empezar las clases, para exigir respuestas inmediatas, que se garantice el comienzo de las clases.
“También vamos a hacer paro el 5 y 6 de Marzo para reclamar la paritaria nacional docente, porque entendemos que la problemática que nos toca sufrir en esta escuela no es un error sino que forma parte de un proyecto educativo que se está desarrollando a nivel nacional”, concluyó.