Melisa Bogarín había sido elegida por sus compañeros del programa Pro Huerta de la localidad de Las Breñas, provincia de Chaco, para representarlos ante las autoridades nacionales del INTA: eran días de incertidumbre laboral y había que aprovechar la visita de los funcionarios para hacer un planteo colectivo. ¿Cual es el futuro del programa? ¿Qué va a pasar con nuestros contratos? Corría abril de 2016 y esas preguntas quemaban: el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por entonces oficializaba el despido de mas de 11 mil estatales, a los que acusaba de ñoquis. Cuando los tuvo por fin cara a cara, Melisa no pudo pronunciar palabra. Se descompensó y cayó al suelo. En un comunicado, la junta interna de ATE relató así lo que pasó en esa reunión: «En el momento en que tomó la palabra sufrió un ataque cardíaco. Enseguida llegó un móvil para trasladarla a la localidad de Saenz Peña, pero falleció en el camino».
Había sido una semana agitada. En total eran 232 los trabajadores del Pro Huerta que a nivel nacional estaban en la misma situación que Melisa: les habían renovado el contrato por tres meses y un «después vemos». Para peor, el nombre de su marido, Germán Gonaldi, figuraba en las listas negras de la Secretaría de Agricultura Familiar y ya se imaginaba despedido. «Ella era el sostén del hogar y estiraba su sueldo como un chicle. Hacía nada que le habían adjudicado un ProcreAr y lo estaba pagando», remerora una amiga cercana. Los despidos significaban truncar un proyecto de vida.
Con esa carga llegó Melisa a la reunión del 12 de abril de 2016 con el entonces presidente del INTA, Amadeo Nicora, y el director general de ese organismo, Héctor Espina, funcionario kirchnerista reciclado en el macrismo. Ambos estaban de visita en Las Breñas para coordinar los equipos de trabajo. Melisa murió delante de ellos.
«Lo que le costó la muerte fue la precarización laboral. Murió denunciando en la cara de los funcionarios la situación que atravesaban ella y sus compañeros», explica a El Grito del Sur el delegado de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar de Chaco, Marcelo Ruesta, en el segundo aniversario de la muerte de Melisa. Ruesta viajó hasta Buenos Aires para participar del acampe que mantiene ATE frente al Congreso en rechazo a los despidos en el INTI y en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Y para denunciar que, pese a lo que pasó aquel 12 de abril, la situación no cambió. «Este año ya tuvimos 18 despidos a nivel nacional, incluído un delegado gremial en Río Negro. Y se esperan más telegramas», asegura.
Melisa llevaba ocho años trabajando en el Pro Huerta al día de su muerte. Se había recibido de comunicadora social en la Universidad del Nordeste y su tarea consistía en implementar las herramientas de su disciplina para la organización de los campesinos de Las breñas, donde el INTA tiene una estación experimental. Uno de sus espacios de trabajo era una radio escolar, desde donde fomentaba la seguridad alimentaria. También difundía actividades del programa y capacitaba productores. «Se la pasaba de acá para allá, visitando a la gente y cumpliendo un rol importante en la independencia y empoderamiento de los productores», relata Félix Costa, compañero de trabajo cotidiano.
«Hoy la tenemos presente en todo lo que hacemos. Forma parte de nuestra forma de encarar el trabajo. Esa fuerza, esa potencia militante, esa entrega por los demás es para nosotros una bandera», agrega Ruesta.
Germán, el ex marido de Melisa, vive ahora en La Plata y también estuvo hoy en el acampe para recordar a su compañera. Allí habló en su recuerdo, frente a cientos de trabajadores. «Son días fuertes desde lo emocional, porque recuerdo cada día que pasamos juntos, pero también me siento fortalecido por el acompañamiento de amigos y compañeros que me han ayudado mucho para sostenerme», dice y aclara que prefirió no presentar cargos penales contra las autoridades. «Nos parece que el mejor homenaje a Melisa es continuar su lucha», resume.
