Cuando la justicia es sorda o prefiere no escuchar

El 21 de junio 86 familias fueron violentamente desalojadas del barrios salteño de El tabacal en la localidad de Salvador Mazza. Este incidente realizado de forma irregular por la policía terminó con dos jóvenes detenidos, sin embargo el intendente de dicha localidad, Rubén Méndez, continúa ejerciendo su cargo aun luego de ser destituido y cuenta con un prontuario abultado de causas por violencia de género, irregularidades municipales y narcotráfico.

El 27 de marzo dos hombres fueron detenidos en Tucumán con 6 kilos de cocaína de altísima pureza para distribuir en diferentes barrios de la ciudad. Uno de ellos era un ciudadano estadounidense, el otro el hermano de Rubén Méndez

Rubén Méndez es el intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, aunque no debería serlo. Ejerce su aun cargo luego de haber sido destituido por el concejo deliberante de su localidad. Méndez fue acusado de haber cometido diversas irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, el cual adeuda no sólo sueldos a los trabajadores municipales sino también a sus funcionarios.

En su prontuario Rubén Méndez  cuenta otras causas, muchas implicadas al narcotráfico. Uno de sus hombres de confianza, Mauricio Gerónimo, está prófugo desde febrero del 2016 cuando se dió a la fuga luego de ser encontrado transportando 276 kilos de cocaína. Mendez también cuenta con denuncias de violencia de género por parte de su ex mujer. Finalmente la hija del intendente Ivana Irene Méndez es la dueña de un boliche en esta misma localidad llamado ‘Amira Disco’, que fue denunciado luego de publicar en su facebook oficial «rubias y rubios entran totalmente gratis hasta las 2, mientras que las morochas ingresarán 2×1 hasta el mismo horario».

Aun así el intendente peronista sigue ejerciendo a pesar del repudio popular y las protestas en su contra, -razón por la cual tuvo que mudar su despacho- gracias a que apeló su destitución ante la Corte de Salta, que aún no se expidió.

A veces la justicia nos duele en el cuerpo. En un paìs donde personas como Higui o Joe Lemongue estàn procesadas por defenderse de sus agresores y Mariana Gomèz fue literalmente “presa por besar” la impunidad del intendente Mendéz solo deja -aun màs- en evidencia que la justicia no solo es ciega como su representaciòn icònica, sino tambièn es sorda o prefiere no escuchar.

La situación se agravó en la última semana. El 21 de Junio la policía de Salvador Mazza a cargo de Rubén Mendéz desalojó violentamente a 86 familias del barrio salteño de “El tabacal”. Este hecho sucedió luego que el ingenio azucarero San Martìn del Tabacal intimasen a los trabajadores despedidos en febrero pasado para que abandonen sus hogares pasado el plazo de 30 días. Los altercados habían comenzado durante los meses de enero y febrero cuando trabajadores reclamaban por la perdida de sus puestos laborales, sin embargo con el visto bueno del intendente Méndez y el gobernador Urtubey la gendarmerìa se mantuvo en los alrededores del ingenio azucarero controlando toda protesta. En la causa interviene la fiscalía penal de Salvador Mazza a cargo del fiscal Armando Cazón.

El operativo realizado fue de dudosa legalidad y no contó con ninguna judicial municipal ni provincial. El mismo no solo determinó que 86 familias pierdan su hogar sino que terminó en una represión violenta hacia los y las desalojados/as e implicó golpes y maltratos por parte de las fuerzas de seguridad. Al finalizar el desalojo la policía llevó a tres jóvenes detenidos dos de ellos oriundos de Buenos Aires militantes de la organización JP Evita, el tercero quien ya trasladado a la comisaria y posteriormente liberado era un vecino del barrio menor de edad.

Los detenidos se encontraban asistiendo a familias que ayer fueron desalojadas de terrenos del barrio 18 de Marzo en Salvador Mazza. Tal barrio forma parte del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) que realizaron organizaciones sociales junto a la Anses. Los desalojados tendrían el certificado de vivienda familiar de Renabap, expedido por el Gobierno nacional.

Como explica el comunicado oficial de la organización JP EVITA:

“Matías Mora, José Antonio Castro Videla, miembros de la JP Evita y Nicolás Gabriel Airello, se encuentran detenidos en luego de ser apresados por las fuerzas de seguridad durante el operativo que dejará en la calle y sin contención a cientos de familias que habían sido relevadas y que poseen el certificado del RENABAP expedido por el Estado Nacional.”

Mientras tanto Alejandro Vilca, diputado del PTS-Frente de Izquierda de Jujuy denunció «Hoy el gobernador Juan Manuel Urtubey puso a disposición de la empresa norteamericana la policía provincial para garantizar el desalojo. Así trabajadores que hace tan solo unos meses perdieron su trabajo, hoy se quedan sin siquiera una vivienda para sus familias”.

Desde el congreso nacional el diputado del Peronismo para la Victoria – Leonardo Grosso publicó en su cuenta de twitter “En Salta, este intendente desalojó a 86 familias porque tiene un negociado con las tierras. En ese operativo detuvo ilegalmente a Juan Castro Videla y Matias Mora, militantes del Movimiento Evita. Le pedimos a @UrtubeyJM que libere de una buena vez a nuestros compañeros”.

Mientras la justicia sigue indiferente y los medios masivos deciden ignorar lo sucedido el jueves 21 de junio militantes porteños de la agrupación JP evita se manifestaron frente en la casa de Salta en Buenos Aires, y afirmaron que planean realizar un acampe en caso de que José y Matías no sean liberados. Por lo pronto ambos siguen detenidos en la comisaría 40 de Salta mientras Rubén Méndez se acomoda cómodamente en el sillón de su despacho.

José y Matías, los jóvenes detenidos
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