El sector de la cultura independiente está en alerta. A la serie de clausuras que marcó la primera gestión «larretista» y el aumento de tarifas, se le suma el intento por reformar el Código Contravencional, con una mirada punitivista sobre el arte callejero.
Diana Vera es abogada e integrante de Abogadxs culturales. Gaspar Badano es músico, cantante en la banda «Condición Humana» y ambos son impulsores de la «Comunidad del Sótano», un centro cultural que funciona desde hace tres años en el barrio de La Paternal.
¿Qué sucede con el financiamiento del sector cultural independiente?
DV: Las herramientas de financiamiento no son muchas y el presupuesto destinado a los espacios independientes es escaso. La mayor parte del presupuesto que se baja a cultura está orientado hacia el circuito comercial; por eso el año pasado, desde el espacio Cultura Unida, largamos la campaña «3,5%» para que se destine este porcentaje, del total del presupuesto, a la cultura independiente.
GB: En octubre del año pasado nos empezamos a juntar con las organizaciones de la comuna 15 para salir con propuestas comunes y un plan de trabajo coordinado. Al mes siguiente nos clausuraron a nosotros, clausuraron «La 15» y también «Asunto Guevara», otro espacio independiente de Chacarita. Todos los casos por razones arbitrarias que se basan en grises legales: por ejemplo, que en un teatro independiente la gente no pueda bailar o por tener algún plano en suspenso.
Por otro lado, estamos sufriendo muchísimo el aumento de tarifas: bajó el consumo, nos aumentaron los precios de los proveedores y la luz se fue por los cielos. Tenemos una deuda de casi 30 mil pesos que nos resulta muy difícil afrontar.
¿Cómo impactó en este escenario la aprobación de la ley de Centros Culturales?
DV: Entre varias organizaciones impulsamos un proyecto de ley de Centros Culturales para lograr figuras que encuadren de mejor manera a nuestros espacios. Necesitábamos definir qué abarcaba un centro cultural y cuáles eran sus requisitos para funcionar. Si bien la ley estaba autoreglamentada, había que modificar el Código de Planeamiento Urbano y crear el Registro de Usos Culturales. Todo esto llevó tiempo y, mientras los espacios se adecuaban, las clausuras avanzaron. Muchas de las clausuras eran por estar bailando, y lo que argumentaban fue que estaban «desvirtuando el rubro».
GB: Acá nos clausuraron porque la programación no cumplía con el total de un teatro, un hecho super subjetivo.
¿Qué pasa con la gestión actual del Ministerio de Cultura en la Ciudad?
GB: En la nueva propuesta de «Barrios creativos», el ministro Avogadro busca agrupar organizaciones para que compitan entre sí para llevar a cabo propuestas culturales. De todas las propuestas ganan sólo cinco: el problema es que subyace una lógica de la meritocracia y la competencia entre agrupaciones. Lo que precisamos son subsidios que nos permitan invertir en infraestructura y sostener nuestros centros culturales, y no alcanza con el puchito que recaudamos los fines de semana.
DV: Estamos viendo el hecho de que es necesario aprobar una ley de financiamiento de Centros Culturales. Si bien estaba previsto que este tema estuviera en la ley de Centros Culturales, terminó siendo una puja en donde resultaba más fácil que fuera una ley habilitadora que necesitábamos para la mejora del sector, a que se retrasara por esta discusión. Ahora tenemos un marco legal que nos protege y a medida que podamos adecuarnos vamos a estar más contemplados. Sin embargo, la idea de la ley de financiación busca que existan recursos para espacios culturales, incluso desde el primer gasto para habilitación, ya que la intervención de arquitectos, escribanos, la compra de matafuegos y cartelería suele ser muy costosa. Queremos que haya un estímulo para cumplir con todo lo que el Estado pide. Al mismo tiempo, creemos que los espacios culturales tienen que contar con tarifas diferenciadas, que actualmente implica un trámite muy engorroso.
¿Qué sucede con la cultura en la propuesta de reforma al Código Contravencional?
GB: Con esta reforma se puso en escena la criminalización del arte callejero, con la premisa de que la música en el espacio público pueda ser considerada «ruido molesto», una percepción realmente subjetiva. El hecho de que sea a través de denuncias anónimas y aumente la pena de cárcel de 1 a 5 días, también es preocupante. A su vez, nos perjudica también a los espacios culturales porque se eliminan las multas en suspenso y buscan ajustar los valores de las mismas. El tema de las denuncias anónimas por ruidos molestos, sumado a las facultades que va a tener la policía para intervenir y elevarlo a algún tribunal que le permita clausurar, se va a sumar a las multas y los aumentos y va a generar un escenario realmente complejo.
DV: La reforma es una modificación al Código Contravencional y al de procedimiento. Los cambios nos podrían haber pasado por alto si no estábamos atentos en el sector, ya que son modificaciones que parecen sutiles, pero a su vez implican consecuencias muy peligrosas. El tema de las facultades ampliadas para la policía, a través de la modificación del artículo 20, le otorga el poder a la policía de actuar sin previa advertencia. Ahora, si el policía considera que están realizando una contravención ya te puede llevar: esto es lo más peligroso de todo. El artículo 85 sobre ruidos molestos siempre fue un tema polémico, porque no hay nada mas subjetivo que un «ruido que exceda la normal tolerancia y que por su persistencia genere molestia». Lo que sucede es que ahora la reforma agrega que si los ruidos provienen de la vía pública te pueden detener. Ahí se abre la posibilidad de que te aprehendan no por una denuncia, sino de oficio: si un policía considera que un artista está haciendo «ruido molesto», puede intervenir de oficio en esa supuesta contravención sin una denuncia previa. Por último, para los establecimientos que generen ruidos molestos, se aumentan las multas y se agrega la sanción de clausura.
