El economista y ex diputado Claudio Lozano presentó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri por el acuerdo inconsulto firmado con el Fondo Monetario para tomar deuda externa. El fiscal Jorge Di Lello dio lugar al pedido de investigación e imputó a Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo. «En el marco de la decisión del gobierno de recurrir al FMI (camino archi conocido respecto a los costos que supone para el pueblo argentino y que no resuelve los problemas que tenemos que resolver), iniciamos un conjunto de acciones para impedirlo», explica Lozano.
«Buena parte de la sociedad argentina y sus principales referencias se manifestaron de manera clara respecto a las limitaciones de un acuerdo con el Fondo. No se entiende cómo el gobierno elude la responsabilidad de pasar por el Parlamento nacional. Entonces presentamos una denuncia en dos sentidos: por un lado, una primer denuncia judicial al Fuero Contencioso Administrativo, porque los acuerdos con el FMI son violatorios de los Derechos Humanos esenciales. Este amparo se presenta con el objetivo de suspender el acuerdo para evitar violaciones de derechos», continúa el ex legislador. «La segunda presentación es una denuncia de carácter penal, donde se plantea que el gobierno incurrió en el delito de abuso de poder y violación de los deberes de funcionario publico, al no cumplir con la Constitución».
Lozano aclara que el gobierno se valió del argumento de que el acuerdo con el FMI fue hecho en nombre de la Ley de Administración Financiera, una ley aprobada durante el menemismo y que establece una variante en su artículo 60 que le permite al Ejecutivo eludir el Parlamento en caso de acuerdos con organismos multilaterales.
Los querellantes denuncian la inconstitucionalidad y caducidad del artículo y se basan en ello para presentar el amparo y la denuncia penal. Respecto a este planteo, el fiscal Di Lello consideró que «el análisis realizado es verosímil y lógico» y entendió atinada la acción penal, por lo que ordenó realizar las medidas de prueba. Queda ahora -a consideración del juez federal Julián Ercolini- la posibilidad de emitir una cautelar que suspenda el acuerdo y avanzar en la investigación de los imputados.
