Familiares y amigos de Alejandro «Mecha» Castro, el joven dirigente sindical que apareció muerto la semana pasada, descreen de la versión difundida por el gobierno de Chile, a través de la Policía de investigaciones (P.D.I) y el Servicio Médico Legal (S.M.L). Según el relato oficial, en la muerte de Castro, de 27 años de edad, no intervinieron terceros y se trató de un simple suicidio.
Familiares, amigos y compañeros, disconformes con esta postura, presentaron distintas pruebas de las numerosas amenazas de muerte que recibió Alejandro por parte de fuerzas especiales de carabineros y han destacado el compromiso con los derechos de su pueblo que tenía Alejandro. Los allegados descartan de manera rotunda el suicidio y responsabilizan directamente al Estado chileno por la persecución y muerte del joven.
El origen del caso se inició el pasado 21 de agosto, cuando salió a la luz pública la noticia de 45 estudiantes de la ciudad de Quinteros, ciudad costera perteneciente a la provincia de Valparaíso, que resultaron intoxicados por la emanación de un gas desconocido. Tiempo después, y con una comprensión más detallada de los responsables, se supo que la población afectada supera las 600 personas y los pueblos aledaños están amenazados por los niveles de toxicidad del aire. Los vecinos de la región realizaron numerosas protestas (en las que Alejandro «Mecha» Castro participó activamente) poniendo en cuestión los balances presentados por el gobierno. Las manifestaciones -poco habituales en esas zonas- fueron duramente reprimidas.
«Piñera quiere bajarle el perfil al conflicto social que se ha desatado acá, al decirnos violentistas, porque eso no somos. Somos gente que por más de 57 años vivió en silencio un drama y una silenciosa enfermedad, donde cada día sabemos de alguien que murió o esta muriendo por la contaminación», dijo Sebastián Santos, uno de los voceros de la comunidad.
Historia de un saqueo
Un 5 de octubre, pero de 1988, la Alianza de Partidos por la Democracia se impuso por un 56% en una consulta por la salida del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, la dictadura no salió del todo: la Constitución neoliberal de 1980 continuó vigente y aún sigue rigiendo las vidas de cada uno de los chilenos y chilenas.
Es aquí donde comienza la historia, o por lo menos, el principio para poder entender la persecución y muerte de tantos luchadores sociales que les toca correr con el mas crudo de los finales. Nicolasa Quintreman es apenas uno de esos casos: mujer pehuenche, en el 2013 resistió la construcción de la represa Alto Bío Bío, y tiempo después apareció ahogada en “extrañas circunstancias” . Ese mismo año fallece por una “bala loca” el dirigente sindical Juan Pablo Giménez.
Corría el año 2016 cuando la familia de Macarena Valdés ,“La Negra”, dirigente principal del movimiento en contra la construcción de una represa en la zona de Valdivia, encontró a la joven de 32 años colgada en su casa. en el último tiempo Valdés había enfrentado a la multinacional RP-Gobal y Saesa, responsable de la construcción.
El asesinato selectivo de dirigentes y lideres sociales, a manos de las grandes corporaciones extractivistas que se han adueñado de la tierra y los bienes comunes, ha sido y sigue siendo uno de los principales métodos para desmovilizar a la población, a través del terror y el miedo. La ausencia de respuestas contundentes y el maquillaje oficial, que ofrece conclusiones poco creíbles, garantizan que los casos comiencen a repetirse.
El modelo de regularización ambiental instaurado en la dictadura chilena consolidó la privatización de las tierras del Wallmapu (territorio ancestral mapuche) ubicadas en el sur del país , la privatización de las aguas subterráneas y la propiedad del mar, repartido entre siete familias.
Uno de los casos mas espeluznantes es del Salar de Atacama (región de Antofagasta): sus aguas subterráneas están en manos de la trasnacional australiana BHP Billinton y la canadiense Barrick Gold. El efecto del extractivismo ha sido el secado casi total del territorio, empobreciendo pueblos completos y obligándolos a abandonar sus tierras.
Esta crisis ambiental se esta comenzando a vivir en todo el territorio chileno que poco a poco va viendo como su vida y la de los suyos se ve afectada por el avance de esta desregulación en las normas ambientales.