Retrocesos en torno al aborto legal

La venganza retrógada ante la avanzada feminista

Una niña de 13 años falleció en Chaco mientras cursaba un embarazo de siete meses que desconocía. Días después, en Tucumán, se discute un proyecto para prohibir los abortos no punibles en casos de violación.

A. tenía 13 años, llegó a la guardia del Hospital Julio Perrando, en la ciudad de Resistencia, el 2 de noviembre derivada desde la salita de El Sauzal por su grave estado de salud. La joven vivía en una comunidad wichi, era huérfana de madre y hace dos años convivía con su pareja de 19 años. Al llegar al Hospital Julio Perrando se comprobó que tenía neumonía y desnutrición crónica, además de una infección generalizada. Aunque no está confirmado, los médicos que la vieron presumen que por la contextura física podría haber tenido un cuadro de tuberculosis. Si bien la joven había tenido dos ingresos anteriores al servicio de salud pública, uno en el Hospital de Güemes y otro en el Hospital de Castelli, donde se le realizaron ecografías, los profesionales nunca le informaron que tenia un embarazo de 30 semanas, inhabilitando también su derecho a decidir. Ya en el hospital, internada en terapia intensiva A. debió ser sometida a una cesárea por el alto riesgo para su salud que resultaba continuar el embarazo. Finalmente el niño, que pesaba menos de un kilo debido al nacimiento prematuro, perdió la vida al igual que la joven, quien falleció el miércoles 7 de noviembre por la tarde.

Foto: Virginia Robles

Lourdes Polo Budzovsky es abogada y forma parte de «Católicas por el derecho a decidir» en Resistencia. En diálogo con El Grito de el Sur, Budzovsky plantea: «Nosotras hablamos de que el derecho a la autonomía juega a dúo con una perspectiva interseccional en la elaboración de políticas publicas. Todas las personas tenemos muchas identidades que están atravesadas por diferentes factores: la edad, la comunidad donde vivimos, la educación, etc. Ella era una niña wichi y no estaba escolarizada, el Estado es el responsable de discernir los factores de discriminación respecto a estas identidades para acercarles sus derechos fundamentales».

A este caso se suman otros síntomas que muestran un claro retroceso en el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos de las personas gestantes. Al día siguiente del fallecimiento de A. la diputada chaqueña Liliana Herrera Spojarich, del Partido Justicialista, presentó públicamente un proyecto de reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, apoyada por referentes políticos y sociales de iglesias evangélicas en Resistencia. En el acto, la propia Sporjarich recordó  que “oportunamente defendimos la vida, en contra de la implementación de la ley que pretendía legalizar el aborto. Hoy trabajamos con una visión integral que reconozca el derecho de todos los colectivos sociales, pero haciendo eje en un ejercicio de convivencia pro-vida y familia”.

Según la abogada este proyecto no solo no toma en cuenta el avance de los movimientos de género luego del debate parlamentario por la ley de IVE, sino que significa un retroceso respecto a derechos ya conquistados, como la identidad sexual, los derechos de protección integral de las mujeres, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. «Está demostrando que las mujeres son violentadas no solo por sus parejas, sino por todo un sistema que ahonda en la victimización» explicó.

En Chaco, según las «Estadísticas Vitales 2017» del Ministerio de Salud Pública, de 22.894 nacimientos registrados: 254 fueron de madres menores de 15 años, 389 fueron de madres de 15 años, 1.620 de 16 a 17 años, 2.474 de 18 y 19 años, y 6.399 entre los 20 y los 24. Lo que significa que aproximadamente la mitad de los nacimientos anuales fueron de jóvenes menores a 24 años. Además, en el 2017 solo en esta provincia se registraron 16 muertes por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio.

A este panorama regresivo se suman las ultimas medidas propuestas desde la provincia de Tucumán. Este territorio, que hace poco más de dos meses se declaró «pro-vida», está discutiendo un proyecto de modificación del artículo 86 del Código Penal y el «Fallo Fal» que contemplan el aborto no punible en casos de violación desde 1921.

La propuesta, impulsada por Marcelo Caponio (PJ), ya había sido presentada con la composición anterior de la Legislatura, pero había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento. Actualmente la medida fue firmada por 29 de los 49 legisladores siendo la legislación con más voluntades a favor en lo que va del año. El proyecto de modificación advierte en uno de sus artículos que «queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. Esta ley busca imitar la medida tomada en el 2009 por la comunidad autónoma de Valencia en España, la cual fue derogada en 2017 para priorizar el derecho de las mujeres gestantes. Como si fuese poco el diario tucumano «La Gaceta» calificó a a la provincia como»pionera» en prohibir el aborto por violación.

Foto: Virginia Robles

«Si en algún momento opto por la maternidad quiero que sea como deseo y no como destino, y si lo hago quiero que con mis hijos sí se metan. Por María, la nena de 10 años de la comunidad Qom que parió y no volvimos a saber más nada, por la niña que acaba de fallecer y por todes mis compañeres que todos los días luchan por el respeto y el enaltecimiento de la diversidad», concluyó Budzovsky.