Recorte de pensiones, problemas en la entrega de medicación y retraso de meses con el cumplimiento del programa Incluir Salud son algunos de los reclamos de una extensa lista que las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las personas con discapacidad entregaron ayer en Casa Rosada. Bajo el lema «No al ajuste en discapacidad», que portaron en banderas y carteles negros sobre sillas de ruedas vacías, el Foro permanente para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad realizó un «sillazo» alrededor de la Pirámide de Mayo para «pedirle al Gobierno que tenga en cuenta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad».
El primer punto del reclamo es que se recuperen buena parte de las 170 mil pensiones que el Gobierno dio de baja en 2017, apelando a un viejo decreto del menemismo, el 432/97, que sólo se aplica a las personas que tienen un 70 por ciento de discapacidad laboral. «Mas allá de los recortes, nuestra propuesta es que exista una asignación universal por discapacidad para que no tengamos que andar justificando únicamente una discapacidad laboral, que es la excusa que utilizó el Gobierno para detectar supuestas incompatibilidades y dar las bajas», explicó a El Grito del Sur Julieta Blayer, de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FenDim).
Con la brutal devaluación de julio, las prestaciones de salud para las personas con discapacidad quedaron muy por detrás de la inflación. «Es en las prestaciones donde más se nota el ajuste», dice Blayer. «Y es lo más peligroso, porque estamos hablando de personas que necesitan un tratamiento adecuado para su calidad de vida, y también hablamos de las instituciones y los médicos y médicas que hoy están muy mal, con salarios atrasados y en peligro de discontinuar el servicio», advirtió.
En Plaza de Mayo, ayer se vieron por tercera vez este año centenares de personas reunidas en el mismo reclamo. Mientras tanto, el Gobierno opta por citar a las organizaciones a las mesas de diálogo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Ex Conadis), pero sigue sin resolver el problema.
