Tensión por la ILE en Jujuy

La colectiva feminista de Jujuy denuncia que el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo no se cumple y denuncia el trato de los mal llamados grupos "pro vida" por el caso de la niña de 12 años internada en el Hospital Materno Infantil “Hector Quintana” de la capital provinciana.

El día de hoy se dio a conocer que finalmente el gobierno garantizará el procedimiento de interrupción legal del embarazo para la joven de 12 años internada en el Hospital Materno Infantil “Hector Quintana” en San Salvador de Jujuy. Sin embargo, el camino fue largo y la polémica aun pervive. La noche del 16 de enero fuera de la maternidad nadie durmió. En la misma vigilia se encontraron las militantes de la “Campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito” -agitando sus pañuelos verdes junto con otras colectivas feministas- con los mal llamado “grupos pro vida”, que, entre pañuelos celestes, llegaron inclusive a tirarles agua bendita en la cara. Este disputa simbólica que formó un escenario tragicómico, sucedió mientras se esperaba el parte médico que anunciaba si finalmente se iba a autorizar o no la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años.

La menor, que vive en la ciudad de San Pedro de Jujuy, fue violada por su vecino de 60 años de edad quien, según contó la madre, la había amenazado con lastimar a su familia en caso de que denunciara lo sucedido. Aunque la madre de la joven apoyó el pedido de interrupción legal del embarazo y el propio gobernador Gerardo Morales aceptó que este caso contempla uno de los tres causales previstos por el código penal, algunos médicos y autoridades del hospital se negaron a realizar la operación, alegando que el embarazo estaba demasiado avanzado.

Según contaron a El Grito del Sur desde la “Colectiva feminista de Jujuy”, algunos médicos le hicieron llegar ayer a los padres de la niña un comunicado en el que pedían una prórroga de 48 horas para decidir cómo proceder. “Esto vulnera todos los derechos de la niña. El protocolo para la Interrupción legal del Embarazo contempla el caso de violación y los casos que ponen en riesgo la vida de la persona gestante. Además, indica que el procedimiento debe ser secreto, no tendría por qué intervenir la justicia, y menos haber trascendido a los medios”.

La colectiva feminista de Jujuy también denunció que la diputada radical Gabriela Burgos entró del hospital a persuadir a la niña y cuando se informó a la policía, los efectivos no hicieron nada. Por este accionar, la colectiva junto con otros diputados procederán a pedir el desafuero de Burgos. Además, la organización resaltó la persecución mediática de los profesionales. “Ayer en las noticias se dio la lista de médicos, enfermeros, anestesistas que iban a participar en la intervención y salieron los grupos pro vida a escracharlos”, sostuvieron.

La niña en cuestión cursa el sexto mes de embarazo. El pedido de los grupos anti derechos fue prolongar la gestación entre 6 y 8 semanas más, cuando podrían realizarle una cesárea para que, el entonces bebé, pase directamente a la incubadora y posteriormente pueda ser dado en adopción. El propio Obispo de Jujuy, César Fernández, desde Roma publicó un comunicado pidiendo que el caso “se resuelva de la mejor manera, sin aumentar dolor al dolor, salvando las dos vidas”.

“Jujuy es una provincia ultra machista” cuentan desde la colectiva. «Estos grupos se dicen pro vida pero son pro parto. Realmente la posibilidad de que el feto tenga posibilidades de vivir en estas condiciones es muy baja y la probabilidad de que nazca con paralicis o discapacidad son altísimas. Nosotras nos preguntamos qué va a hacer una nena de 12 años con un bebé discapacitado y sin ninguna contención del gobierno” cuestionaron.

Desde la colectiva feminista de Tucumán convocaron a un Twitazo de 11 a 13 hs con el hashtag #niñasnomadres y #cesareanoesILE para visibilizar el caso y sacaron un video denunciando las irregularidades del gobierno bajo el lema “Jujuy no cumple la ILE”. Además desde su cuenta de Instagram las integrantes de la colectiva se expresaron descreyendo las palabras el gobernador Morales sobre que se vaya a realizar el procedimiento y pidieron sanciones parea los profesionales que contribuyeron con las demoras innecesarias en la atención y la negación de la interrupción del embarazo.

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