Jujuy: feudal y antiderechos

El caso de la niña de 12 años violada en Jujuy vuelve a poner en agenda la desigualdad del acceso a recursos entre la Capital Federal y los pueblos del interior, la falta de Educación Sexual Integral y el embarazo adolescente.

El caso de la niña de 12 años violada, a quien se le realizó una cesárea en vez de la debida interrupción legal del embarazo en Jujuy, volvió a evidenciar la desigualdad en el acceso a los recursos entre las metrópolis y los cientos de pequeños pueblos que chispean la geografía Argentina.  Florencia Barbarich es jujeña, biologa y trabaja con etnobiología  en el CONICET en las zonas de Quebrada y Puna, áreas rurales de la provincia de Jujuy. Es militante feminista y referencia con grupos de Socorristas, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la campaña contra la violencia a las mujeres. En esta oportunidad habló con El Grito del Sur sobre las violencias que sufren las mujeres y niñas en dicha provincia.

Como la mayoría de las militantes feministas jujeñas, Barbarich pidió que no se haga énfasis en este único caso, ya que la exposición y la espectacularización dificultan el retorno de la niña a su pueblo. Sin embargo, resulta importante destacar que la bebé nacida por cesárea murió el martes 22 de enero pesando 700 gramos, como confirmaron desde el Hospital materno infantil Dr. Héctor Quintana. Antes de esto, el propio Gobernador Gerardo Morales había declarado que una “importante familia de la provincia” la quería adoptar, y ni siquiera Amalia Granata, actriz y abanderada de los anti derechos, se abstuvo de opinar sobre el caso.

Florencia Barbarich cuenta que en Jujuy se siguen reproduciendo lógicas feudales y caudillistas, con una clase alta de familias tradicionales que imponen una lógica conservadora y ultra católica. Después de Salta, Jujuy es la segunda provincia con mayor índice de femicidios según el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina 2017 realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Además, es la quinta provincia con mayor índice de violación de acuerdo a las cifras del Ministerio de Seguridad. Las violencias de género se ven acentuadas por las problemáticas sociales. “Las violaciones intrafamiliares se complementan con la desprotección por parte de los organismos de salud. Aparte es una provincia fronteriza, por eso también la trata está a la orden del día. La mayoría de los recursos llegan tarde, también aquellos que sirven para hacerse abortos seguros y que están garantizados por compañeras organizadas.” explica Florencia.

El vicario judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto trató de “asesinas” y “destructoras de vidas” a las colectivas de mujeres que se manifestaron por la interrupción legal del embarazo. La tensión entre los derechos reproductivos y la iglesia -pañuelos verdes y pañuelos celestes- resulta aún más compleja en zonas con menores recursos, donde muchas veces son las parroquias las que sostienen los comedores a los que concurren cientos de familias. “No se cuestiona la creencia religiosa en sí, se cuestiona que funcionarios públicos violen los derechos en función de ellas. Muchas veces el rol social que toma la iglesia por ausencia del Estado le traspasa este poder”. Florencia dice que “En el caso de la niña se cumplían dos de los tres causales contemplados en la Constitución (riesgo de vida y violación) estamos hablando de una ley que rige desde 1921. Sin embargo, los grupos anti derechos generaron el imaginario de la tortura para un feto y pretenden utilizar un parto abdominal como si fuera una interrupción del embarazo”.

Aunque el Ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, declaró sobre la cesárea que “el método elegido implicaba un menor riesgo para la niña” por tratarse de un embarazo en estado avanzado, Barbarich explica que la acción que se debía garantizar era otra. Según el periódo de gestación en que se realizó la denuncia podría accederse al AMEU (Aspiración Manual Endouterina) o inducir el aborto con pastillas, procedimientos ambulatorios e indoloros, que no dejan cicatriz ni consecuencias físicas en las pacientes.

“Las personas que estaban involucradas defendían que esto tenía que convertirse en un parto aun con la baja posibilidad de sobrevivir de un feto de 24 semanas. Dijeron que había una viabilidad del 50% pretendiendo argumentar con probabilidades médicas, que son ciertas, pero que no están hechas a base de un embarazo de una niña de 12 años”

Niñas, no Madres

En nuestro país, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas hay 700 mil nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años y más de 3000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo.

Más específicamente, si tomamos el caso de Jujuy  el “Protocolo para la atención de embarazo adolescente en Jujuy” indica que en 2016 hubo 42 egresos hospitalarios por partos de niñas entre 10 y 14 años y 1686 entre 15 y 19 años.

“La maternidad en la niñez se vuelve más difícil de controlar con la falta de educación sexual integral en los colegios. La escuela es casi la única institución donde los niños y niñas concurren de forma sistemática por ser obligatoria hasta la primaria. Sin embargo, hay una faltante de recursos para destinar a los programas de Educación Sexual Integral. Hablamos de escuelas rurales que tienen regímenes y muchas veces calendarios distintos. Muchos de los maestros están vinculados a la iglesia. Jujuy es una provincia sumamente católica donde la iglesia tiene una injerencia enorme en la toma de decisiones aún en la educación estatal” comenta Barbarich

Respecto a la maternidad infantil explica: “Muchas niñas se inician en su vida sexual en una edad más temprana y en general no es por deseo. Muchas veces estos embarazos devienen en maternidades prematuras y forzadas. Si bien en las zonas rurales se da una madurez temprana por una cuestión de necesidad, terminan siendo una niña criando a otre niñe. No solo estamos hablando de que no hay educación sexual sino que los métodos anticonceptivos y la salud reproductiva y sexual llegan menos. El gobierno pone como excusa que las mujeres no quieren acceder a los controles o consultas ginecológicos, pero siempre se han hecho de una manera muy violenta y faltándoles el respeto completamente. No es igual la relación con el cuerpo que tiene una mujer que vive en la Puna que una de Buenos Aires y eso debe tenerse en cuenta a la hora de realizar programas de educación sexual y planes de salud”.

La bióloga resalta la importancia de las colectivas feministas que actualmente trabajan en el cumplimiento de las leyes y el apoyo mutuo y destaca «la organización feminista ha trascendido las barreras impuestas

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