Arrancó el año electoral y el gobierno salió con los tapones de punta a endurecer las políticas represivas para fidelizar a su electorado más afín. La ministra Bullrich confirmó la intención del gobierno de tratar en las sesiones extraordinarias convocadas para Febrero el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 15 años e imponer un régimen de “tolerancia cero”. Paradójicamente, en el mismo discurso aceptó que sólo el 7 por ciento de los delitos cometidos fueron causados por menores. El anuncio despertó el rechazo de organizaciones sociales, de DDHH y de jueces y abogados. Además, volvió a cargar contra los migrantes y reflotó, tal como reveló El Grito del Sur, un proyecto de ley xenófobo que facilitaría las “expulsiones express”.
El gobierno en ya venía anunciando varias medidas en este sentido: el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego, el proyecto para crear un ejército de reserva formado por civiles, la compra de pistolas Taser y el una nueva ley de migraciones “más dura”, anunciada tras la razzia policial en los alrededores del Congreso durante la sesión en Diputados por el presupuesto. Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) explicaron que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente, a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 20195”.
Ya en 2017 cuando el gobierno buscó consensuar la aprobación de esta misma medida, sólo cosechó rechazos. De la propia página web del Ministerio surge que en la mesa de definición sobre imputabilidad de los jóvenes menores de edad se concluyó “con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad de imputabilidad en dieciséis años, por entender que una baja afecta el principio de mínima intervención y de última ratio, viola el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos”. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Unicef Argentina y hasta la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) fueron algunos de los objetores.
Ante los anuncios de la ministra la fundación integrada por especialistas del tema, organizaciones sociales y de derechos humanos, Red Argentina No Baja, explicaron que esta medida no sólo no soluciona sino que agravaría la situación: “Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas”. Y denunciaron la intencionalidad de confundir y entremezclar, por un lado está “la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales (..), que derogue el actual decreto ley n° 22.278 dictado por la Dictadura en 1980. Pero ello no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad”.
